ONG reiteran petición al Consejo de DDHH para renovar la Misión de Determinación
Durante el 51 periodo de sesiones del Consejo de DDHH, que inicia el 12 de septiembre y se extiende por cuatro semanas, se espera que la Misión de Determinación brinde su último informe sobre la responsabilidad de altos mandos y el Arco Minero; además de sus recomendaciones sobre si su mandato debe seguir sobre Venezuela. ONG y víctimas presionan para que se renueve este mecanismo por al menos dos años
Un grupo de ONG reiteraron este miércoles 7, desde Ginebra, su solicitud al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para renovar el mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que culmina sus funciones el próximo 26 de septiembre.
“Pedimos que se extienda dos años el mandato de los expertos para que profundicen sus investigaciones. Las violaciones de derechos humanos en Venezuela continúan, es un esfuerzo que hay que hacer para salvar vidas”, dijo la directora para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
La situación podría ser todavía peor sin ellos, aseguró la activista, quien recordó además que habrá elecciones presidenciales en 2024 y que en los periodos previos a comicios “la represión aumenta, con más detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza”.
Durante el 51 periodo de sesiones del Consejo de DDHH, que inicia el 12 de septiembre y se extiende por cuatro semanas, se espera que la Misión de Determinación brinde su último informe sobre la responsabilidad de altos mandos y el Arco Minero; además de sus recomendaciones sobre si su mandato debe seguir sobre Venezuela.
Para renovar este mecanismo de la ONU debe haber una clara mayoría de votos afirmativos de los 46 estados que conforman el Consejo. En la resolución se establecerá su periodo de funcionamiento así como los temas que deben investigar.
La subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, considera que mantener activa esta Misión podría ser un incentivo para que el régimen de Maduro acuda a las negociaciones con la oposición en México.
“De otro modo, el gobierno no tendría ningún interés en sentarse en la mesa de negociaciones o en hacer concesiones, pues las únicas que se han conseguido en los últimos años han sido a base de presión internacional”, señaló.
Resaltó además que la Misión de Determinación, creada en 2019 con tres expertos independientes, es el único “mecanismo de alerta temprana” que existe en caso de que las violaciones a los derechos humanos en el país se intensifiquen.
Su continuidad, a juicio de Taraciuk, también puede conducir a la administración de Nicolás Maduro a continuar colaborando con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que hasta septiembre estuvo en manos de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, con quien se logró la firma de un memorando de cooperación y la presencia activa de sus oficiales en territorio venezolano.
A mediados de agosto, al menos 123 ONG –entre ellas HRW y Amnistía– hicieron un llamado particular a las misiones diplomáticas, integren o no el Consejo de DDHH de la ONU, para que impulsen una resolución y se logre una votación favorable para renovar el mandato. La solicitus también fue respaldada por víctimas y sus familiares.
¿Qué ha hecho la Misión de Determinación?
El Consejo de Derechos Humanos creó la misión de determinación de los hechos en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género.
Esto con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la Misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.
*Lea también: ¿Qué es una misión de determinación de hechos? Nuevo mecanismo de la ONU sobre Venezuela
En su primer informe, la Misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y […] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.
También aseguraron que se ha ampliado la persecución y el concepto de enemigos internos en el país, lo que ha derivado en el aumento de violaciones a los derechos humanos.
En su segundo informe, publicado un año más tarde, la Misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos.
Con información de EFE
