Amnistía Internacional advierte una «deuda» con damnificados a tres meses del terremoto
Amnistía Internacional urge a las autoridades ofrecer apoyo a las víctimas afectadas por los terremotos; así como evitar las violaciones a los derechos humanos en medio de la tragedia
La organización Amnistía Internacional (AI) advirtió por medio de un informe, que a tres meses del doble terremoto, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrido el 24 de junio, «queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad», dijo Ana Piquer, directora para las Américas.
AI recordó que de acuerdo con las cifras oficiales, los sismos dejaron unas 6.500 personas fallecidas, más de 60 mil viviendas impactadas evaluadas; de las cuales, 11.001 fueron calificadas de alto riesgo.
La organización recordó que los venezolanos, previo a los terremotos, atravesaban una emergencia humanitaria, por las dificultades para acceder a derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la salud, alimentación, vivienda y trabajo; así como la represión sistemática, que empujó a 25% de los venezolanos a huir del país desde el aó 2015 en búsqueda de mejoras económicas y de protección.
Amnistía Internacional entrevistó a 21 personas afectadas por los terremotos en Caracas y La Guaira. Estos ciudadanos afirmaron que «la respuesta de las autoridades venezolanas fue tardía y poco coordinada» y que los primeros en atender la crisis fueron los mismos familiares y vecinos. En ese sentido, los consultados recordaron que hubo un despliegue de cuerpos policiales, militares y de inteligencia, pero destacaron que su labor de enfocó en la «vigilancia y control territorial, en lugar de participar directamente en operaciones de rescate o localización de personas desaparecidas».
Falta de información
Amnistía Internacional también denunció que la información ofrecida por parte de las autoridades se han caracterizado «por la opacidad y falta de transparencia». Denunciaron que a la fecha, no se han publicado cifras oficiales sobre las personas desaparecidas, «bajo el argumento de querer evitar especulaciones».
AI afirmó que los números compartidos oficialmente contienen «errores y duplicidad de nombres en estos registros». Enfatizaron que «las cifras oficiales son esenciales».
La organización también resaltó que los datos no están desagrados por sexo, edad, ubicación y otras características esenciales «lo que impide identificar los impactos diferenciados de los terremotos y diseñar respuestas adecuadas para niñas y niños, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad y otras poblaciones que pueden requerir medidas específicas de protección y atención».
«Buscar por sus propios medios»
En las entrevistas realizadas por Amnistía Internacional se reportó escaso acompañamiento institucional y falta de información sobre los mecanismos a los cuales acudir para conocer el paradero de sus familiares o las acciones emprendidas por las autoridades.
También se encontró que las familias hicieron gestiones por su propia cuenta en instituciones públicas, morgues, hospitales y edificios colapsados, han colocado carteles con fotografías de sus seres queridos en lugares estratégicos, como hospitales y refugios temporales; difundieron información en redes sociales y, junto con organizaciones de la sociedad civil, crearon bases de datos y plataformas digitales para intentar localizar a quienes siguen desaparecidos.
«Mis niños (nietos de 13 y 14 años) siguen sin aparecer. Yo tengo mucha fe de que a los niños se los llevaron a otro refugio, a otro estado, que están vivos. En ningún momento han dicho que van a prestar ayuda para buscar, no, en ningún momento», dijo una persona entrevistada por AI.
Por otra parte, la organización internacional insistió en que aún «hay miles de víctimas fallecidas que no han sido identificadas y que siguen siendo procesadas en morgues improvisadas, sin protocolos claros y sin que sus familiares conozcan a qué autoridades deben dirigirse para buscar y recuperar sus cuerpos y/o restos».
Quienes han buscado los restos de sus allegados denunciaron que en Los Silos, un sector dentro de La Guaira que asignó como morgue provisional, describieron procedimientos «pocos claros» y ausencia de información centralizada sobre la búsqueda, recuperación e identificación, «como de las herramientas disponibles al resultar necesarias pruebas genéticas u otros métodos de identificación».
«Algunas señalaron que debían revisar en una tableta digital numerosas fotografías de cuerpos, varios de ellos irreconocibles, y que, en ciertos casos, intentaron identificar directamente cuerpos y restos en bolsas. Estos relatos plantean serias preocupaciones sobre la dignidad de los procedimientos y el acompañamiento ofrecido a las familias», alertó AI.
Una mujer consultada por Amnistía Internacional les dijo que estaba esperando los resultados de una prueba de ADN y que le dijeron que «tenía que seguir esperando porque son muchos fallecidos y que me acuerde de la tragedia de Vargas, que todavía hay familiares que buscan a los desaparecidos, imagínese cómo me siento».
Otras personas dijeron que acudían varias veces por semana a Los Silos y a distintas instituciones con la esperanza de obtener información.
Adicionalmente, se resaltó la falta de apoyo psicológico durante estos procesos. Algunas personas manifestaron haber recibido los cuerpos de sus familiares incinerados, generándoles desconfianza sobre su identificación.
Recomendaciones
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, recomendó a los funcionarios evitar las violaciones a los derechos humanos en medio de la tragedia a causa de los terremotos, así como «garantizar los derechos de todas las personas afectadas».
Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a garantizar la transparencia y asegurar que todas las personas impactadas por los terremotos, así como las organizaciones trabajando para brindar asistencia humanitaria tengan acceso a la información.
La organización insta a las autoridades a publicar «información actualizada sobre los plazos, criterios y tipos de apoyo que prestan a las víctimas, así como la forma de acceder a ellos». También se exige que exista un registro único de víctimas para que puedan acceder en la que se garantice el acceso a viviendas y apoyos gubernamentales sin discriminación.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
