ONG exigen al Estado venezolano cesar la criminalización contra defensores de DDHH
Las ONG consideran necesario que en Venezuela los defensores de DDHH puedan ejercer su labor de manera pacífica, sin restricciones, sin hostigamientos, amenazas o represalias
Un total de 160 organizaciones no gubernamentales (ONG), entre nacionales e internacionales, condenan los ataques y agresiones cometidas contra quienes defienden los derechos humanos y realizan labores humanitarias en Venezuela; por lo que exigen el «cese inmediato a la política de criminalización ejercida por parte de representantes del Estado venezolano».
Estos representantes además recuerdan que en Venezuela «es necesario que el derecho a defender los DDHH sea garantizado, protegido y promovido».
Las ONG afirman que desde el 2002 el Estado venezolano ha desarrollado una política que criminalizan la defensa y exigencia de los derechos humanos, partiendo de un discurso de odio y desprestigio a través de los medios públicos y oficiales para desacreditar el trabajo de estas organizaciones y personas defensoras de DDHH, que acompañan a víctimas y ejercen labores de carácter humanitario.
Además, sostienen que esos actos han derivado en la materialización de acciones violentas que afectan la labor de defensa, comprometen la vida e integridad personal de los afectados y obstaculizan el trabajo realizado.
Entre las limitantes del Estado venezolano, las ONG resaltan la deslegitimación de su trabajo mediante un discurso de odio y desprestigio ejecutado por autoridades estatales, sino por la aplicación de legislación restrictiva, acciones judiciales en su contra, acciones de vigilancia y seguimiento,a gresiones, ataques digitales, persecución, allanamientos y detenciones arbitrarias, criminalización de la cooperación, decomiso de materiales, entre otros ataques que han perjudicado y obstaculizado la defensa de los derechos humanos.
Esa política represiva y de control ha facilitado el abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos, muchos de alto nivel, generando un entorno adverso y hostil en el marco de la emergencia humanitaria compleja que dificulta aún más el desempeño legítimo a la denuncia y a la búsqueda de asistencia, además de exponerlos a la violencia e inseguridad existente en el país debido a los altos índices de criminalidad, inseguridad e impunidad.
Estas organizaciones también denuncian que existe recrudecimiento de la represión contra trabajadores y sindicalistas que también han sido perseguidos, encarcelados, amenazados y agredidos. Igualmente, defensores ambientales han sido víctimas de hostigamiento y represalias por denunciar abusos y afectaciones producto de la explotación de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco y en otras zonas del país. Organizaciones y activistas comunitarios, estudiantes y comités de víctimas y familiares también han sido amenazados por exigir reivindicación de derechos o por denunciar la violencia y las vulneraciones en sus comunidades y espacios de desarrollo.
En este contexto, las ONG consideran necesario que en Venezuela los defensores de DDHH puedan ejercer su labor en entornos propicios y seguros, que les garanticen que pueden realizar sus actividades de manera pacífica, sin restricciones, sin hostigamientos, amenazas o represalias.
Exigen al Estado venezolano:
- 1. Cese de forma inmediata todos los actos de criminalización, intimidación, hostigamiento,descalificación, agresión. Así como también se abstenga de imponer restricciones y limitaciones arbitrarias a la posibilidad de asociarse y reunirse libremente.
2. Implemente los mecanismos necesarios para proveer y garantizar ambientes propicios y seguros para quienes defienden derechos humanos en Venezuela. Así como la creación de mecanismos efectivos para la protección de quienes defienden derechos humanos.
3. Tomar todas las medidas necesarias para asegurar que funcionarios y funcionarias del Estado, otras figuras públicas, se abstengan de hacer declaraciones que estigmatizan el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos.
4. Se investiguen y sancionen a los responsables de cometer agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, sean actores estatales o para estatales.
5. Aplique de forma efectiva la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; conocida como la Declaración de Defensores, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998.
Algunas de las ONG firmantes de esta petición son: Provea, Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac), Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Paz Activa, Plataforma contra el Arco Minero, entre muchas otras.
