ONG califican citación de director de Provea ante Cicpc como intimidación del Estado
En un comunicado, más de 60 ONG rechazaron la citación de Óscar Murillo, director de Provea, ante el Cicp. Señalaron que la citación no indicó la cualidad procesal en que se requiere la presencia de Murillo, ni su vinculación con un presunto delito de odio. «Esto muestra posibles vicios al debido proceso, que esperamos no se mantengan durante la investigación que se adelanta», señalaron.
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) suscribieron un comunicado manifestaron su preocupación «persiga» a quienes se dedican a la promoción y la defensa de los derechos fundamentales. Esto luego que el director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, fue citado a declarar ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por una supuesta investigación que adelanta el organismo en San Cristóbal, en Táchira.
En el comunicado, publicado en la página web de Acceso a la Justicia, las ONG destacaron que la citación no indicó la cualidad procesal en que se requiere la presencia de Murillo, ni su vinculación con un presunto «delito de odio» previsto en la legislación venezolana. «Esto muestra posibles vicios al debido proceso, que esperamos no se mantengan durante la investigación que se adelanta», señaló.
Las organizaciones advirtieron que se trata de un acto de criminalización de la defensa de derechos humanos, así como de los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión. Asimismo, afirmaron que el llamado podría tratarse de un intento de intimidar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos en Venezuela.
Subrayaron que las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Provea han sido objeto de ataques, intimidaciones y, en algunos casos, privación de su libertad y hostigamiento por su valiente labor durante más de 30 años. Recordaron que las amenazas contra Provea han sido reiteradas, públicas y mediáticas.
Consideraron que el llamado a Murillo ocurre en medio de una agudización de los actos de hostigamiento y persecución del Estado venezolano hacia los actores que representan la defensa de las libertades civiles y políticas del país.
«Condenamos que un Estado en cuya Constitución se denomina democrático, de Derecho y justicia intimide y persiga a quienes luchan por la justicia y la dignidad humana. La defensa de los derechos humanos y la protección a quienes los defienden no solo es una cuestión de justicia, sino un deber moral», añadieron.
Rememoraron que en Venezuela existen defensores de derechos humanos y activistas detenidos por realizar su labor. Mencionaron el caso de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, detenida desde el 9 de febrero. También mencionaron el caso de Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, privado de su libertad desde el 2 de julio de 2021 y sometido a cuatro reinicios del juicio en su contra, entre otros.
Señalaron que en los últimos años se han aprobado una serie de instrumentos legales orientados a cerrar el espacio cívico y a aumentar el cerco hacia la labor de las organizaciones de la sociedad civil en todas sus expresiones, entre ellas la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales y la Ley contra el Odio.
Murillo, asistió este miércoles 20 a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para atender una citación del organismo por la presunta comisión de un delito contemplado en la Ley contra el Odio.
Tras cinco horas, el profesor universitario salió de la sede del Cicpc. Fue recibido por el cofundador de la ONG Raúl Cubas, activistas de derechos humanos y ciudadanos que se acercaron a acompañarlo bajo el grito «Provea no está sola, Provea se defiende».
«Creo que esto tiene definitivamente un efecto intimidatorio en el resto de las organizaciones, pero también en las víctimas, en los sacerdotes y comunidades religiosas que son los que acompañan en sus pueblos, en sus comunidades más remotas del centro político del país, a las víctimas en sus denuncias», aseveró Murillo.
