No matarás, por Teodoro Petkoff
Las evidencias comienzan a ser cada vez más concluyentes: la del exterminio (es decir, ajusticiamientos extrajudiciales de presuntos o reales hampones) tiene todos los visos de ser una política de Estado. No queremos decir que haya habido una orden proveniente de algún alto centro de poder, pero sí que los más altos centros de poder están cerrando los ojos o actuando con extrema tolerancia ante las acciones criminales de la policía. Porque el patrón de conducta se repite con macabra regularidad en estados geográfica y políticamentetan distantes entre sí como Bolívar y Zulia.
Las denuncias sobre la actuación de grupos de «exterminio» llegan no sólo de Portuguesa, sino también de Aragua y Carabobo. Es decir, el mal ha hecho metástasis.
Del Zulia existen dos dramáticos testimonios recientes. En uno de ellos un canal regional filmó el momento en que un presunto delincuente era liquidado por los policías que lo capturaron. En otro, una emisora transmite un «enfrentamiento» que terminó con la captura de los delincuentes y su posterior abatimiento, ya esposados y dentro de la patrulla. De Bolívar se cuentan historias espeluznantes, en las cuales se repite el modelo Portuguesa, de policías que extorsionan y asesinan, indiscriminadamente, a quien caiga, sea hampón o no. Carabobo y Aragua son estados donde desde hace mucho tiempo se han venido presentando denuncias acerca de comportamientos policiales particularmente criminales.
No es que ignoremos que realmente muchas veces hay balaceras entre policías y bandidos, pero ya resulta extremadamente sospechoso que en la mayor parte de los famosos «enfrentamientos» los muertos son de un solo lado. Tamaño desbalance entre las víctimas lo que revela es que los enfrentamientos son ficticios. Lo que hay es, lisa y llanamente, ajusticiamientos extrajudiciales.
Esto constituye una dramática muestra de la bancarrota del Estado venezolano. Incapaz de brindar seguridad, se deja arrastrar por una suerte de presión social, proveniente de ciudadanos aterrados, que creen en el exterminio como solución definitiva. La quiebra del Estado es doble. Por un lado es ineficaz e impotente para cumplir con sus tareas, y por el otro, quebranta la legalidad para fingir que está haciendo algo. La loable iniciativa de Peña en Caracas (que va en sentido opuesto a la práctica del exterminio) se estrella contra las razones políticas que apuestan a su fracaso y, peor aún, no pasa de ser un solo palo, que no hace montaña. Nadie más tiene el valor de creer en eso, nadie opta por una política de esa naturaleza y la única respuesta que se tiene a mano es la de la matanza.
Otras veces hemos dicho que aparte de las razones humanas y legales que nos impiden aprobar tal política, existe una muy poderosa: es ineficiente. Apenas si satisface las ansias de venganza. Más nada. No sirve para un carajo. Los partidarios de las políticas de exterminio deberían responder una pregunta: ¿Por qué los ajusticiamientos no se traducen en una disminución significativa de los delitos?
