Muerte al ecosistema, por Gregorio Salazar
Twitter: @goyosalazar
Ojalá fuera sólo un remolino de noticias estridentes como el que puede sobrevenir eventualmente en un período breve en cualquier país. Lo que envuelve el día a día de los venezolanos, lo que mantiene acezante a la opinión pública cuando no con el alma en vilo es un torbellino de escándalos.
Es un discurrir de hechos trágicos, lacerantes, sagas delictivas, retrocesos institucionales, indignantes abusos, corrupción galopante, violencia fronteriza, impúdicas amenazas que se repiten una y otra vez sin visos de alguna voluntad política o institucional para atenuarlos o ponerles fin.
No da tiempo al ciudadano común para asimilarlos ni a los medios de comunicación, que trabajan bajo constante asecho, oportunidad o garantías para darle seguimiento o desentrañarlos cabalmente, aunque sigue siendo encomiable el esfuerzo de investigación que se llevan a cabo a todo riesgo de represalias, incluida la persecución judicial como ya es costumbre.
Un abuso de poder atroz que cercenó el derecho de los ciudadanos a la revocación de un mandatario, nunca tan necesaria y merecida, parece ya un episodio borroso, difuminado entre las brumas del tiempo y ocurrió apenas hace unos días. Se lo tragó la vorágine de sucesos que atosiga y aturde a los venezolanos y eso pese a que no sea visible en el espectro comunicacional de lo público o se filtre a duras penas entre medios cooptados, vendidos o atemorizados, que de todo eso se halla en el campo de lo privado, sea real o aparente.
*Lea también: Pdvsa corre el riesgo de ser sancionada por su alta emisión de gases contaminantes
Quedan las redes sociales, a las que ciertamente no tiene acceso la mayoría de la población, pero que hoy por hoy son una válvula de escape, punto de convergencia informativa de gran inmediatez que no puede refrenar el régimen, por más que ya ha colonizado, por ejemplo, el Twitter, plataforma de la que otrora se sirvió muy útilmente la disidencia y el descontento popular, o bloquee los portales de noticias.
En esta nueva semana horríbilis, de las muchas que nos ha deparado un régimen de 22 años, las redes han reventado. Tan pronto se destapa un nuevo caso de narcotráfico o tráfico de gasolina por alcaldes y parlamentarios del régimen, o bien se producen nuevos asesinatos entre guerrillas colombianas en nuestra frontera desguarnecida cuando debemos pasar a la conmoción por las tragedias que arrastra la diáspora de los venezolanos: hombres, mujeres y niños de este patria que mueren ahogados en los ríos de Centroamérica o a balazos por la desalmada guardia de la isla de Trinidad, como ocurrió con un bebé en brazos de su madre.
Infaltable, como parte de esta dinámica, la agresión contra algún medio de comunicación. La consumación del despojo de las instalaciones del diario El Nacional, mediante un juicio amañado y luego una burda componenda judicial que desnuda la urdimbre nepótica del régimen, ha sido un escándalo internacional sobre el cual se han pronunciado múltiples organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y gobiernos de la región. Pero sin ningún recato prosiguen sus amenazas.
El desastre en el campo de lo ecológico es una tragedia de grandes dimensiones que ya nos está pasando una factura cuyo monto subirá exponencialmente para las futuras generaciones. La descontrolada contaminación petrolera de ríos y mares y el ecocidio del Arco Minero están siendo perpetrados por una casta política cuyo caudillo proclamaba como una de sus grandes causas “salvar el planeta”.
Nunca se había pisoteado tanto los derechos ambientales como se ha hecho en este malhadado período revolucionario. Nunca se desconoció tanto el deber y el derecho de cada generación de “proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro”.
Ayer se jactaban de haber incluido por primera vez en la Constitución un capítulo de derechos ambientales. Hoy propician que hasta las sagradas cimas de los tepuyes de la Gran Sabana, tesoro que la humanidad ha declarado intocable, sea hollada por la pezuña insolente de un turismo depredador y de quienes han sido beneficiados para enriquecerse a costa de ese ecocidio y utilicen para sus francachelas personales, como acaba de ocurrir con el Tepuy Kusary.
Un escándalo que clama al cielo pero que, como se ha comprobado hasta la saciedad, no conmoverá ni hará rectificar a quienes en mala hora rigen los destinos de Venezuela.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
