Mito del consenso y autoritarismo en Venezuela y II, por Samuel J. Pérez Hermida
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Como recordarán, en mi artículo anterior comenté algunas ideas que surgieron de mi asistencia, el pasado 12 de septiembre, a un interesante acto en la UCV y, entre otras cosas, señalé que el Pacto de Punto Fijo representa, en mi análisis, el resultado de un minucioso diseño de ingeniería política elaborado por las élites venezolanas de la época, con el respaldo de los intereses de Occidente en el marco de la Guerra Fría, y no de una supuesta vocación democrática innata en nuestro cuerpo social.
Continuando con el desarrollo de esas reflexiones, permítanme comenzar hoy por señalar cuáles fueron las condiciones que permitieron que se concretara el llamado Puntofijismo como una real excepción histórica.
Para comprender las bases de aquel consenso es preciso remontarse a los años previos a la década militar 1948-58. El sectarismo ejercido por Acción Democrática en el ejercicio del poder durante el llamado Trienio Adeco (1945-48) y su pretensión de erigir una hegemonía política terminaron sentando las bases para el golpe de Estado contra el presidente Gallegos, lo cual dejó una lección traumática pero indispensable para los actores democráticos venezolanos.
Así, la negociación y la coexistencia política se entendieron como normas de supervivencia. Los firmantes de Punto Fijo no solo pactaron entre sí, sino también con los verdaderos factores de poder en la Venezuela de aquel momento. Se dieron garantías de no persecución a los militares, financiamiento a la Iglesia católica y protección económica a las élites empresariales representadas en Fedecámaras.
Sin duda alguna, el rentismo petrolero actuó como el catalizador de ese consenso. La expansión de los ingresos petroleros permitió financiar un modelo de paz social negociada. El Estado podía satisfacer las demandas sindicales y populares sin afectar a los factores del capital, amortiguando así el conflicto de clases mediante el gasto público.
Sin embargo, y a pesar de esa experiencia, cuando el consenso de Punto Fijo se rompió, por múltiples causas, la sociedad no intentó perfeccionar la institucionalidad civil, sino que reaccionó replegándose hacia los atavismos de nuestra cultura política, escuchando con fruición los cantos de sirena de un caudillo militar que culpó de la crisis nacional a las desacreditadas élites del Puntofijismo, prometiendo castigarlas por ello.
Superar la inercia autoritaria exige desarmar los mitos colectivos que hacen recurrente la fascinación por el hombre fuerte. El primer paso ineludible es la desmilitarización de nuestro imaginario histórico y el desmantelamiento de la idea del «Ejército como forjador de la Patria». La pedagogía nacional debe rescatar del olvido la tradición cívica, destacando los aportes de educadores, juristas y científicos por encima del culto a la bota militar.
Paralelamente, es indispensable desmitificar la figura del caudillo a través de una revisión crítica del siglo XIX. Este período debe presentarse no como una gesta romántica de heroicidades, sino como una etapa trágica de fragmentación institucional, costo humano devastador y retroceso económico derivado de la ambición de los señores de la guerra y sus montoneras.
La República se pensó en las aulas y en la prensa antes de disputarse en los campos de batalla. Por ello, la formación ciudadana debe orientarse al estudio de los procesos constitucionales, la evolución del derecho y el parlamentarismo. Debemos dar un viraje desde la épica de las batallas hacia la historia de las ideas y los procesos sociales, otorgando protagonismo a las mujeres, artesanos, trabajadores e intelectuales que construyeron el país.
Para este fin pedagógico, se hace necesario pensar en un nuevo panteón civilista que eleve a figuras como José María Vargas, Andrés Bello, Cecilio Acosta, Teresa de la Parra, Luis Beltrán Prieto Figueroa o Arnoldo Gabaldón, enseñando que la verdadera modernización de la nación ocurrió en la educación, la ciencia y la literatura.
En el ámbito educativo, este enfoque exige deconstruir el culto a la personalidad mediante la investigación de fuentes primarias y el análisis del discurso. Es necesario examinar cómo se estructuró el culto bolivariano y cómo ha sido instrumentalizado por distintos actores políticos para legitimarse en el poder.
Debemos cambiar la mera memorización de fechas de batallas y biografías de próceres por preguntas problematizadoras que pongan en evidencia cómo el militarismo ha contribuido en Venezuela a frenar el desarrollo de una ciudadanía plena.
El personalismo político prospera cuando los ciudadanos perciben el poder como una esfera distante e inalcanzable, habitada por figuras omnipotentes a quienes se debe suplicar y agradecer las soluciones a los problemas nacionales. Para contrarrestar tal percepción, es vital rescatar la experiencia de la descentralización y construir una democracia a escala humana.
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El fortalecimiento de las autonomías municipales y estadales puede incentivar a las comunidades para que se involucren activamente en la resolución de sus problemas locales y a ejercer contraloría social y presupuestaria directa, asumiendo la democracia como una responsabilidad colectiva y no como la espera de dádivas provenientes del poder central.
Paralelamente, se debe trabajar para reconstruir los contrapesos sociales autónomos. La sociedad civil, las universidades, gremios, sindicatos y asociaciones vecinales deben recuperar su capacidad de organización sin cooptación por parte del Estado. Sin instituciones intermedias fuertes y autónomas, el espacio cívico siempre será vulnerable ante eventuales avances de nuevas pulsiones autoritarias.
Por último, habiendo sido un partido político el organizador del acto que propició estas reflexiones, no puedo dejar de mencionar que la posibilidad de avanzar hacia un rescate de la democracia en Venezuela pasa también por la democratización auténtica de las organizaciones partidistas.
Los partidos no pueden promover la democracia si en su interior funcionan bajo lógicas feudales. La transformación de la cultura política venezolana exige erradicar la figura del «cacique» y las prácticas estalinistas de imposición de líneas desde los cogollos, abriendo paso al debate transparente desde las bases como mecanismo para elaborar propuestas programáticas para el país.
Las direcciones partidistas deben ser elegidas mediante consultas primarias internas, con mandatos de duración limitada. La competencia política debe girar en torno a ideas y no en función de lealtades grupales. Solo así podrán ofrecer un ejemplo verdaderamente democrático a la sociedad venezolana.
Samuel José Pérez Hermida es sociólogo. Profesor UCV. Jefe (E) del Departamento de Análisis Histórico Social de la Escuela de Sociología.
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