Misión de Determinación prende sus alertas sobre proyecto de ley contra las ONG
Los expertos de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, aprobada por el Consejo de DDHH de la ONU en 2019, consideran que las oenegés “enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, tanto jurídicas como operativas, incluyendo en el aspecto clave de la financiación”
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos mostró su preocupación este lunes 30 sobre el proyecto de ley que pretende fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas, pues consideran que está orientada a limitar varios derechos, entre ellos el de asociación, así como el espacio cívico y democrático.
En un comunicado, los expertos de la Misión destacaron que la nueva regulación impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de oenegés y otras entidades sin fines de lucro, cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio.
El Proyecto de “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional 2020 el pasado 24 de enero, a petición del diputado oficialista Diosdado Cabello.
“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
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Mientras que el abogado chileno Francisco Cox, uno de los expertos de la Misión, afirmó que “la regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas”.
“La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar, el ejercicio del derecho de asociación”, afirmó.
Para los expertos de la Misión, aprobada por el Consejo de DDHH de la ONU en 2019, las oenegés “enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, tanto jurídicas como operativas, incluyendo en el aspecto clave de la financiación”.
En un análisis preliminar, señalaron que varias disposiciones del proyecto de ley afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión, recogidos en los artículos 52 y 57 de la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos que vinculan a Venezuela.
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Otro aspecto preocupante para la Misión de la ONU son las atribuciones que se le confieren al Ejecutivo Nacional, especialmente la facultad de implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las “desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional” (artículo 13).
“Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente incluso a través de un posible control policial o de inteligencia”, afirmó la Misión, que estima que, de esa forma, las organizaciones que recurren a instancias internacionales de derechos humanos o que reciben financiamiento extranjero podrían verse expuestas a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional.
También señalaron que, sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer.
El proyecto de ley, señalaron los expertos, se enmarca en un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico «a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas».
«Refleja una vieja estrategia que ha sido aplicada en otros países y es otro ataque a la sociedad civil defensora de los derechos humanos para silenciarla o eliminarla», destacó la argentina Patricia Tappatá, otra experta de la Misión de Determinación.
