«Necesitamos ver cambios», reclaman expertos de la Misión de la ONU sobre Venezuela
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela identificó a 12 personas señaladas de violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad que siguen desempeñando cargos públicos o están en posiciones clave de poder
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela reclamó este jueves 17 «cambios» en la situación de derechos humanos del país, en un momento donde, dijeron los expertos, existe la «oportunidad de avanzar hacia un cambio real» en esta materia.
«Libertad total viene con liberaciones totales, ya hemos visto que estas medidas pueden ocurrir… Pero necesitamos ver cambios para que las detenciones arbitrarias por razones políticas no sigan siendo un fenómeno en Venezuela», expresó Alex Neve, uno de los expertos de la Misión, durante una rueda de prensa en Ginebra.
La Misión de Determinación de Hechos hizo público el miércoles dos documentos: un primer informe centrado en los abusos cometidos desde el año 2024 –marcado por las elecciones presidenciales– y un reporte especial sobre las violaciones cometidas por grupos civiles armados progubernamentales, mejor conocidos como «colectivos», así como los vínculos de estas estructuras con el Estado. Ambos serán presentados públicamente ante el Consejo de Derechos Humanos este viernes 18 de septiembre.
Sofía Macher, presidenta de este mecanismo especial de la ONU sobre Venezuela, señaló que el país «tiene hoy la oportunidad de avanzar hacia un cambio real», pero aprovecharla requiere de «una hoja de ruta pública elaborada con la participación de las víctimas y la sociedad civil, con plazos e indicadores que permitan verificar las excarcelaciones, las reformas institucionales, la protección de las libertades y los avances en justicia».
Dijo que la comunidad internacional, que ha ido recuperando paulatinamente lazos diplomáticos y financieros con Venezuela luego del 3 de enero, «debe situar estos objetivos» en su relación con las nuevas autoridades.
Macher reiteró que «no hay indicios de una ruptura genuina y sostenible» del aparato represivo, pues las estructuras de organismos no han sido desmanteladas, tampoco se han resuelto «las preocupaciones de larga data sobre la independencia judicial» o se han tomado medidas que puedan dirigirse en este sentido.
Un ejemplo de ese status quo, indicó la experta, es que 12 personas señaladas de violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad siguen desempeñando cargos públicos o están en posiciones clave de poder:
En la lista están los ministros Carlos Leal Tellería, Diosdado Cabello, Gustavo González López y Vladimir Padrino López, las alcaldesas Carmen Meléndez y Cruz Torrealba; Alexander Granko Arteaga, integrante de la Dirección contra Terrorismo de la Dgcim; José Miguel Domínguez, director del DAET PNB; Ronny González Montesinos, comisario general del Sebin; Fabio Zavarse Pabón, director de la UNES; Iván Hernández Dala, director de la Cantv; y Tareck William Saab, jefe de la Gran Misión Viva Venezuela.
Además, señaló Alex Neve, hay otros seis individuos que han sido vinculados a violaciones o crímenes y permanecen en cargos públicos, incluyendo a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, el ministro Julio García Zerpa; el director del Sebin, Alexis Rodríguez Cabello; José Ornelas Ferreira, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación; y Jorge Eliécer Márquez, exdirector de Conatel.
«No puede haber una reforma duradera mientras las instituciones sigan sin reforma y los hechos documentos sigan sin justicia», afirmó Macher, quien reconoció la disminución de algunos abusos, especialmente luego del 3 de enero.
Los expertos de la Misión de Determinación comentaron que este año han hecho dos peticiones formales para poder visitar el país, que no han sido respondidas por las nuevas autoridades venezolanas.
Sofía Macher también se refirió a la reciente decisión de levantar los bloqueos web a portales informativos y medios de comunicación, y señaló que «no se ha completado el total para la transmisión libre de información». Indicó que este es un paso, pero existen otros temas «sustantivos» como las diferentes leyes, «casi 14 o más, que están atacando la libertad de expresión y personas opositoras».
La experta declaró que es necesaria la eliminación de estas leyes que restringen la libertad de expresión, así como la posibilidad de que la prensa y medios puedan tener acceso a data importante, por ejemplo, los nombres de las más de ocho mil personas liberadas bajo la Ley de Amnistía.
También envió un mensaje a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a quienes pidió insistir en la denuncia: «El mensaje es que el trabajo de esta misión internacional es justamente creada para poder documentar y hacer ver a la comunidad internacional lo que está pasando con cada una de ellas, y esperamos que tengan la tranquilidad de que la información que entregan a nosotros guardan la confidencialidad».
Represión intacta, reitera la Misión
El experto Alex Neve indicó que el período investigado por la Misión de Determinación de los Hechos (septiembre de 2025-julio de 2026) estuvo marcado por el ataque de fuerzas militares estadounidenses en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, al igual que los terremotos del pasado 24 de junio que devastaron algunas zonas del país.
Sobre el primer evento, Neve destacó que la actuación de EEUU creó «severos cambios políticos», pero que no han sido sustanciales en la situación de derechos humanos. Antes del 3 de enero, las violaciones a los DDHH continuaron con la misma fuerza y patrones que se habían documento en años pasados; sin embargo, tras la captura de Maduro «han declinado», especialmente las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Pero los presos políticos, que la Misión sitúa entre 330 y poco más de 500 personas, continúan enfrentando «torturas y duras condiciones de reclusión», sentenció el experto. El mecanismo de la ONU pudo constatar incomunicaciones, la muerte de detenidos por razones políticas bajo custodia, falta de alimentación y atención médica adecuada.
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Asimismo, Neve dijo que están «particularmente preocupados» por la continuidad de torturas en centros de reclusión como El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro, ambos ubicados en el estado Miranda y bajo control del Ministerio de Servicio Penitenciario y con permanencia de efectivos de la Dgcim.
Entre esas torturas, recibieron reportes de intubaciones forzadas, aislamiento en sitios subterráneos llamados como «la máquina del tiempo», castigos en celdas con constante iluminación e infestadas de alimaña o desnudos y sometidos a bajas temperaturas, colgamientos de manos y pies, golpizas.
Sofía Macher también comentó que la Misión de Determinación investiga de forma particular las torturas que se están ejerciendo contra las mujeres. Ya el abuso, violencia o situaciones de esclavitud sexual contra adolescentes y mujeres han sido documentadas y reseñadas en informes de 2025.
La experta dijo que «la situación que permanece todavía es particularmente delicada con desnudos, tocamientos, amenazas de violaciones, todas esas situaciones se mantienen en los momentos de detención y no solo a las mujeres detenidas, sino también tenemos información de que a las mujeres familiares al momento de ingresar a cárceles también sufre este tipo de agresiones sexuales… Es una práctica que todavía se mantiene».
Colectivos, otro brazo represor
La experta María Eloísa Quintero ahondó en la investigación hecha por la Misión de Determinación de los Hechos sobre las vinculaciones de los grupos civiles armados progubernamentales con la represión política, el control social y de economías ilícitas.
Si bien no todos los colectivos «responden a los mismos intereses ni son iguales», la experta destacó que el papel de estos grupos «va mucho más allá» de intervenir como grupos de choque en manifestaciones.
La Misión pudo constatar que han apoyado la estructura represiva mediante tareas de vigilancia y control de personas consideradas opositores, ya sea en manifestaciones o en sus propias comunidades, en acciones de «represión política selectiva» en coordinación con fuerzas estatales, particularmente detenciones arbitrarias, así como el control de ciertos territorios y economías ilícitas.
La presencia continuada de los colectivos dentro de las comunidades, señaló la Misión, les ha permitido ejercer otras formas de control como el acceso a combustible, alimentos o servicios sociales. También se han impuesto como «mediadores» en sus territorios. Todo esto ha fomentado un «clima de terror y autocensura que restringe libertades en el ámbito comunitario», afirmó la experta.
Asimismo, estos grupos han contando no solo con el respaldo público de las autoridades, sino que existe una «delegación de funciones expresa o implícita» sobre el orden público y el control territorial, han tenido acceso a recursos públicos y equipamiento por parte de cuerpos de seguridad, se les ha incorporado a puestos públicos, y también se ha documentado la presencia de funcionarios o exfuncionarios como parte activa de los colectivos.
El grupo de expertos concluyó que tienen motivos razonables para creer que determinadas actuaciones de los colectivos son responsabilidad directa del Estado, ya sea por orden expresa o por conocimiento de ellas. Señalaron además que es el Estado venezolano el que tiene la tarea de prevenir, investigar y sancionar estos hechos.
La Misión solicitó que se detenga el apoyo estatal a estos grupos, que el Estado recupere el control legítimo de las armas en posesión de los colectivos y, por tanto, bajo estándares internacionales, se proceda a su desarme, desmovilización y desmantelamiento. También pidió que se deje de delegar funciones coercitivas a estos actores y se investigue su participación en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
