AN aprueba cambios para dar mayor cabida a sociedad civil en Comité de Postulaciones
La propuesta de ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales de 21 a 23 puestos (12 para la sociedad civil y 11 que llenarán diputados) también resetea el proceso para la elección de nuevos magistrados iniciado en abril y que presidía Giuseppe Alessandrello (PSUV). El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, dijo ya se está avanzando en los primeros acuerdos alcanzados del diálogo, con la modificación en la constitución del comité –que debe pasar por una segunda discusión– como prueba de ello, mientras que el tema del oro «sigue su curso en silencio» aunque espera que «ojalá veamos pronto resultados en ese sentido»
La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó en primera discusión este jueves 27 una modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que permite ampliar la participación de la sociedad civil dentro del Comité de Postulaciones Judiciales, el encargado de revisar y seleccionar los perfiles de los próximos magistrados.
El cambio del artículo 65 de la Ley responde a uno de los acuerdos del diálogo –firmados el pasado 12 de agosto– enfocado en la «transformación del sistema de justicia» y que contempla la renovación total de los magistrados del TSJ. La iniciativa fue presentada por la junta directiva del parlamento.
Con esto, no solo se amplía el Comité de Postulaciones Judiciales de 21 a 23 puestos (12 para la sociedad civil y 11 que llenarán diputados) sino que se resetea el proceso para la elección de nuevos magistrados iniciado en abril y que presidía Giuseppe Alessandrello (PSUV). Esa instancia ya había recibido y aprobado un listado de más de 500 personas dispuestas a llenar los 20 cargos dejados producto de jubilación y renuncias en las distintas salas del TSJ.
Pedro Infante (PSUV), primer vicepresidente de la AN y quien presentó el proyecto, indicó que ese proceso «fue interrumpido fundamentalmente por los terremotos… Y a la par se activó, en agosto, el proceso de la mesa de diálogo» con una parte –dijo– de la oposición venezolana.
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El parlamentario defendió las actuaciones de la administración de Delcy Rodríguez como parte de la «profundización de la renovación del sistema de justicia». Asimismo, aseguró que son el único parlamento electo que puede llevar a cabo este tipo de reformas, al tiempo que prometió un «proceso transparente, pulcro y amplio para designar un nuevo Tribunal Supremo que esté a la altura del momento histórico, del momento político que está viviendo Venezuela».
Luis Florido (UNT-Nacional) dijo que «Venezuela no va a poder salir de sus crisis sin recuperar las instituciones del país», por lo que la señal de ampliar el comité de postulaciones «podría ser una señal positiva en el sentido de que permiten dos miembros más de la sociedad civil».
Sin embargo, dijo que este asunto no solo atañe a los políticos o diputados, sino a toda la sociedad pues el fin último es la escogencia «de magistrados decentes, probos, que no responden a partidismo político».
«Saludo este tipo de pasos, y saludo que hayamos resuelto una cantidad de casos en la Ley de Amnistía, que todavía faltan… pero ese avance debe tener claridad de objetivos y es que Venezuela recupere su justicia, que desde hace mucho tiempo no tiene», afirmó Florido.
Una vez se escojan a los representantes de la sociedad civil y se instale formalmente el Comité de Postulaciones Judiciales, se deben fijar los plazos, el baremo y la convocatoria a los interesados en cubrir las vacantes principales y suplentes en las cinco salas, la Dirección General de la Magistratura y la Inspectoría de Tribunales.
Pero además se tiene previsto la instalación de un «consejo de revisión de credenciales y requisitos» de los postulados al TSJ, independiente al Comité, como una garantía –han dicho los negociadores de oposición– para el cumplimiento «de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación».
La defensa de Jorge Rodríguez
Nuevamente Jorge Rodríguez resaltó que las decisiones que «por Constitución le corresponden a la Asamblea Nacional» solo serán discutidas y decididas por el parlamento «que fue debidamente electo en 2025 y esta reforma de proyecto de ley lo comprueba».
Aseguró que «han omitido muchas cosas» que hizo la Asamblea Nacional 2015 –como el nombramiento de magistrados en el exilio y de una junta ad hoc–, pero «ese proceso de diálogo que hemos emprendido, como decía el vicepresidente Pedro Infante, con un sector de la oposición, y debo dejar claro que los hemos convocado a todos… es verdad que estos sectores de oposición traían una propuesta en la que ya estábamos embarcados, que es la transformación del sistema de justicia».
Respecto al diálogo, el diputado dijo que esta «es una de las pocas veces» que un proceso de este tipo se hace sin la facilitación de personas, países u organizaciones del extranjero. Aprovechó para lanzar críticas al reino de Noruega y su comisión de negociación: «Eso es un desastre, no sirve para nada esa mediación noruega, son un desastre como mediadores. Gracias a Dios y a la Virgen nos liberamos de ellos y espero que sea para siempre».
El presidente de la AN dijo ya se está avanzando en los primeros acuerdos alcanzados, con la modificación en la constitución del Comité de Postulaciones Judiciales –que debe pasar por una segunda discusión– como prueba de ello, mientras que el tema del oro «sigue su curso en silencio» aunque espera que «ojalá veamos pronto resultados en ese sentido».
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Reiteró que el oficialismo no tiene «ningún temor o pudor e ir a fondo»en una transformación del sistema de justicia, «en que el proceso de selección de los aspirantes a magistrados y magistradas se lleve a cabo con estricto apego a la norma constitucional y legal, y llegada la hora de la constitución del nuevo Tribunal, ¿quién va escoger a los 32 magistrados? Aquellos, como lo reza la Constitución, los facultados que son los diputadas y diputados» escogidos el año pasado.
El parlamentario insistió en que debe haber «un verdadero control de la justicia» para, entre otras cosas, «castigar la mercantilización del sistema de justicia desde los jueces, fiscales, hasta las ONG que cobran para buscar su libertad».
Según Rodríguez, la distorsión entre las listas de presos políticos y la cantidad de personas excarceladas anunciadas por el Ejecutivo nacional es porque «solamente están los que pagan, esa es la verdad y contra eso también tenemos que ir porque es una forma de mercantilización de la justicia, de aprovechamiento del preso como un producto».
Reconoció a su vez que, entre las personas beneficiadas con amnistía o excarceladas este año, «hay también personas que no habían cometido delitos y estaban incursas en esa tara del sistema de justicia».
Otro punto mencionado por Jorge Rodríguez fueron los esfuerzos para atender a las víctimas del doblete sísmico. «Si conseguimos, como esperamos hacerlo, recuperar el oro ilegítimamente e indebidamente retenido en Inglaterra, ese dinero irá íntegro para atender a las víctimas del doblete sísmico y las necesidades de la población».
En la sesión extraordinaria de este jueves también se sancionó la Ley Aprobatoria del Acuerdo marco para el establecimiento de la Alianza Internacional de Grandes Felinos y aprobó la designación de Ramón Antonio Gordils Montes como embajador de Venezuela en Egipto.
#27Ago || Queda aprobada por Mayoría Calificada Evidente la designación del ciudadano Ramón Antonio Gordils Montes, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
Republica Bolivariana de Venezuela ante la Republica Árabe de Egipto… pic.twitter.com/reGZpt8Pha— Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) August 27, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
