Mensaje al Relator del derecho a la alimentación para Venezuela, por Marianella Herrera
X: @mherreradef / @crisisgastronomianutricion (IG)
Cuando existen disonancias cognitivas en la vida, entendiéndose a este fenómeno como «un estado de tensión que ocurre cuando una persona tiene dos ideas, actitudes o creencias que son inconsistentes entre sí», (definición tomada del libro de la investigadora social Brené Brown Atlas del corazón) uno puede sentir que explorar los entornos, y las evidencias se convierte en una imperiosa necesidad para evaluar o entender lo que verdaderamente ocurre.
Es el caso de los fumadores cuando dicen «fumar es nocivo para la salud» pero me fumo dos cajas, de cigarrillos, al día porque me dan relax y me mantienen en el peso adecuado. Muy contradictorio ¿o no?
Venezuela vive desde hace más de una década momentos oscuros en cuanto a la alimentación de sus ciudadanos. Desde 2007, cuando sale el informe del Instituto Nacional de Nutrición sobre evaluación nutricional antropométrica del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional en población infantil venezolana y que daba cuenta de un aumento en el sobrepeso y la obesidad infantil, hasta 2013 con la encuesta nacional de obesidad, pasando por los obvios desaciertos en términos de políticas alimentarias y nutricionales al inicio del siglo XXI, como los operativos de Mercal y Pdval con sus largas e interminables colas para distribuir y vender alimentos ricos en calorías y pobres en nutrientes a un precio subsidiado que llevaron al falso entendimiento acerca de los venezolanos en aquel tiempo obesos, como una muestra de prosperidad y bienestar.
Fui testigo de esas interminables colas, cuando realizaba mi tesis doctoral e intentaba documentar esos «programas de subsidios de alimentos», y coloco entre comillas, porque nunca pude encontrar verdaderos objetivos alimentarios y nutricionales que definieran las acciones de dichos programas, nunca pude encontrar una verdadera evaluación en las plataformas disponibles, más allá de consignas ideológicas que solo lograron tergiversar conceptos básicos como soberanía alimentaria.
Una década más tarde el verdadero problema del país es la inseguridad alimentaria marcada por la gran vulnerabilidad de 3 de los 4 pilares fundamentales de la seguridad alimentaria: el acceso económico a los alimentos (muy difícil ya que se requieren más de 120 salarios mínimos para acceder a la canasta básica de alimentos), los servicios públicos: agua, gas y electricidad presentan fallas graves y la única red de distribución de alimentos por parte del gobierno, las bolsas o cajas CLAP llegan con una frecuencia indeterminada que puede variar entre 2 semanas a 6 meses.
Lo anterior se refiere a los pilares: acceso a los alimentos, bio-utilización de los mismos y estabilidad de los pilares anteriores.
El único pilar que estaría en relativo orden es la disponibilidad, pues alimentos hay en los supermercados, ya no encontramos la situación de hace una década cuando no había alimentos disponibles, ahora el problema es como comprarlos y cocinarlos todos los días.
Con las cifras recientes publicadas por la plataforma HumVenezuela (HumVenezuela.com) que muestran a 20,1 millones de personas con medios de vida agotados, 13 millones con inseguridad alimentaria y 2,7 millones de personas con inseguridad alimentaria severa, puede entenderse que Venezuela vive entre dos extremos, los que tienen mucho y los que no tienen nada, los que piensan que Venezuela se arregló, porque ciertamente hay excelentes restaurantes (que serán parte –ojala– de la reconstrucción de la Venezuela postpetrolera y enfocada a la producción agroalimentaria alineada con el sector turístico y gastronómico para lo cual hay un excelente potencial) y los que nos debatimos en terreno analizando y documentando las necesidades de la gente envuelta en un círculo vicioso de pobreza, malnutrición y enfermedades que no pareciera tener fin. Una brecha enorme que separa a ambos grupos.
Esta disonancia cognitiva, que además implica una parte de justificaciones de lo injustificable como decir que las sanciones han iniciado esta debacle alimentaria, que no se han permitido acciones que son básicas entre otras tiene que terminar, hay que analizar la evidencia, para que puedan construirse las acciones de política pública basadas en evidencia que requiere el mundo moderno.
En medio de la crisis de inseguridad alimentaria y sus dramáticas consecuencias nutricionales, en cuanto a un aumento vertiginoso de la desnutrición en el país en distintos grupos de edad, hay que analizar que el comienzo de la crisis poco tiene que ver con sanciones al país, pues cuando estas se implementan ya el país estaba inmerso en un escenario de importante policrisis y que aún, cuando estas mismas sanciones pueden entorpecer o empeorar particularmente la implementación de acciones específicas en pro del bienestar de la población, no son la verdadera causa de la crisis alimentaria y nutricional del país.
*Lea también: Relator especial de la ONU arriba a Venezuela para evaluar situación alimentaria
La invitación al señor Relator del Derecho a la Alimentación es a revisar la evidencia, con neutralidad, las organizaciones de la sociedad civil han realizado su trabajo, la academia también, y es hora de comprometernos todos: el país nacional con las alianzas necesarias para la búsqueda de soluciones para mitigar los daños intergeneracionales al bienestar y productividad futura de Venezuela.
Tenemos fe y esperanza de su rol fundamental en acompañar una evaluación dentro de los criterios adecuados para que esto redunde repito, en el bienestar de la población afectada y vulnerable del país. Estamos dispuestos a colaborar.
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