Martillando a las universidades, por Jesús Elorza
Twitter: @jesuselorza
El 17 de agosto, el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria César Trómpiz se presentó, muy sonriente, a la reunión del Consejo Nacional de Universidades CNU y luego de saludar a las autoridades universitarias presentes, pasó a indicar que la agenda del día solo tenía un punto para ser tratado y que como ya todos los presentes conocían el borrador del papel de trabajo que se les había entregado con antelación, daba por hecho que no habría mayor discusión para la aprobación de la Normativa de Educación Multimodal, propuesta por su despacho con la finalidad de agrupar los diferentes modelos educativos; en este caso, relacionados con los semipresenciales y los no presenciales, como son los modelos a distancia, abiertos y mixtos.
Al abrirse el derecho de palabra, la sonrisa del ministro se transformó en una mueca de disgusto, al ver y escuchar cómo los rectores de UCV, ULA, UDO, Unexpo, UPEL, Unimet, UNET, UCAB y UCLA, todas pertenecientes a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), intervenían para hacer las observaciones de rigor al documento presentado. Basando sus observaciones en criterios constitucionales y jurídicos y dejando claramente expuesto que a pesar de tener coincidencias con algunos de los elementos señalados en ese documento normativo, no menos cierto es que también allí se presentan artículos inconstitucionales que violan flagrantemente la autonomía universitaria.
Los rectores fueron enfáticos en señalar que en el Artículo 1 de la normativa se establece como objeto del instrumento «normar la organización, estructura y gestión de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria», lo cual es una significativa violación al Artículo 109 de la Constitución nacional, que «consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión».
Por otra parte, en el documento presentado por el ministro se evidencia claramente la intención de asignarle una serie de tareas y responsabilidades a las universidades sin que exista el compromiso o la obligación del Ministerio de Educación Universitaria para aportar los recursos presupuestarios para el cumplimiento de dichos objetivos. Esto afectaría particularmente a las universidades de gestión pública, las cuales dependen económicamente del Estado venezolano para la consolidación de una plataforma tecnológica acorde con las necesidades del caso.
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Pero donde quedó manifiestamente expresado el intervencionismo del régimen fue en los artículos 33 y 35 de la referida normativa. En el primero de los nombrados, se establece que el costo de los cursos en esta modalidad (diplomados, maestrías, doctorados o postdoctorados deberá ser aprobado por el CNU, mientras que el 35 señala que las universidades deberán pagar un 10% de sus ingresos por este concepto a la Secretaría Permanente del Ministerio. En ese articulado quedó plasmada una vez más la agresión intervencionista del régimen, en este caso, contra la autonomía administrativa del sector universitaria al pretender normativamente «martillar» o «cobrar peaje» para apropiarse arbitrariamente de los ingresos propios de puedan generar las universidades en la aplicación de un sistema de educación multimodal, violando de manera descarada las disposiciones contempladas de la Ley de Universidades, que dan marco jurídico a la autonomía administrativa para lo relacionado con los ingresos propios del sector.
Lejos de preocuparse por la crisis que atraviesa la universidad venezolana, con el cerco presupuestario, la violación permanente de su autonomía, el progresivo deterioro de la planta física, los salarios de hambre de los obreros, empleados y docentes, la inexistencia de un programa de atención social integral a los estudiantes y la inexistencia de un plan de vacunación, el ministro Trompiz está solamente interesado en raspar la olla de los ingresos propios del sector con su proyecto de «Normativa para el Martilleo».
Al final de la reunión, los rectores de las universidades nombradas al inicio de este escrito salvaron su voto y los «rectores» revolucionarios agrupados en la Asociación de Rectores Bolivarianos (Arbol), con su puño izquierdo en alto, rodearon al ministro y aprobaron la normativa gritando la consigna «En revolución no hay autonomía».
Envalentonado por el apoyo brindado por los «rectores» revolucionarios, el ministro antes de retirarse del salón de reunión les dijo en voz alta a los que salvaron sus votos «que entre las atribuciones del CNU se encuentra destituir rectores, nombrar autoridades interinas y decidir sobre la destitución de miembros de los Consejos Universitarios” y se fue pensando en cuánto iba a recibir su despacho a fin de mes cuando «baje de la mula», con el 10%, a las universidades.
Jesús Elorza es Licenciado en Educación, profesor en la UPEL
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