Los Zelaya en honduras, por Gregorio Salazar
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Cuando Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras en enero de 2022, las relaciones con Estados Unidos se perfilaban tan auspiciosas que, como gesto que lo resumía, en representación de la Casa Blanca acudió a la ceremonia de toma de posesión la mismísima vicepresidenta Kámala Harris.
Punto clave de un acuerdo común en ese recomenzar era, sin duda, el combate al narcotráfico y sobre todo a la penetración de las bandas en las organizaciones políticas, a las que financiaban en tiempos de campañas electorales y hasta convertían en socios a altos representantes del Estado hondureño.
El caso más escandaloso al inicio del nuevo gobierno era el del propio presidente saliente, Juan Orlando Hernández (55), quien apenas dos meses después de concluir su doble mandato (2014-2022), el segundo bajo fuertes acusaciones de fraude y tras un represivo baño de sangre, fue apresado y extraditado a los Estados Unidos, donde hoy paga condena de 47 años de cárcel por narcotráfico y distribución de armas de fuego.
El narcotráfico aparece colándose por todos los intersticios de la política y el Estado hondureño. Antes de Hernández fue señalado como sospechoso de recibir financiación ilícita su predecesor en la presidencia, Porfirio Lobo (2010-2014), cuyo hijo Fabio Lobo, arrestado en Haití, paga prisión en EEUU. Vinculó a esas operaciones a su padre y a Hernández. Un hermano de Juan Orlando Hernández, Tony, cumple prisión perpetua en territorio gringo.
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Con Xiomara Castro se abría otra etapa. Su esposo, el expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009), fue acusado durante su mandato de varios cargos por abuso de poder y cuando, bajo la tutela de su gran financiador petrolero, Hugo Chávez, quiso cambiar las “cláusulas pétreas” de la Constitución para imponer la reelección inmediata, fue derrocado. Pero todo eso quedaba atrás para la pareja identificada con el Socialismo del Siglo XXI, para nada vinculada al narcotráfico.
Esa imagen acaba de venirse abajo con la divulgación por la web especializada Inside Crime de un video en el cual aparece Carlos Zelaya, hermano del expresidente, por lo tanto cuñado de la presidenta Castro, negociando con miembros de la banda “Los Cachiros” un aporte de $ 650.000 para la campaña electoral de 2013, donde fue candidata perdedora la propia Xiomara, y para complemento se habla de anteriores financiamientos a El Comandante, como apodan a su esposo.
Relevante que, de manera previa, el 28 de agosto, había aparecido otra dama norteamericana, esta vez la embajadora Laura Dogu, para cuestionar la reciente visita del ministro de la defensa hondureño, José Manuel Zelaya, y de Roosevelt Hernández, jefe de las fuerzas armadas, a Venezuela para reunirse con el alto mando militar de este país.
La divulgación del video donde Carlos Zelaya, alias “Carlón”, se da el lujo de señalar cómo habría de repartirse el dinero, reservando la mitad para El Comandante, ha tenido efectos devastadores para el gobierno de Castro, revelando de paso el fuerte componente nepótico de la estructura partidista y gubernamental.
Renunciaron Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional, y su sobrino político, José Manuel Zelaya, ministro de Defensa y Jefe del Estado Mayor Conjunto. También Rafael Sarmiento, el jefe de la bancada parlamentaria del oficialismo. Ahora la oposición hondureña pide la renuncia de la propia Xiomara.
La primera reacción de la presidenta fue derogar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Quiere decir que el mismo acuerdo que sirvió para entregar a Juan Orlando Hernández a la justicia norteamericana no podrá ser utilizado en caso de que surgieran más profundas implicaciones de la familia Castro-Zelaya con la mafia del narcotráfico. Un filón de oro para la oposición.
La respuesta de Castro no ha sido ni original ni distinta a la que hemos visto por estos predios revolucionarios en tiempos de grandes apremios: quieren darle un golpe, destruir su gobierno y complicar las elecciones de 2025. La bendita injerencia del imperio en lo que no le incumbe.
Ahora Castro deberá capotear una tormenta política que arreciará en la medida que se acerque la campaña electoral del próximo año. Por cierto, no es la primera vez que gobiernos revolucionarios de Centroamérica y el Caribe se ven involucrados en negocios del narcotráfico. Sobran los testimonios a ese respecto, ampliamente documentados sobre Cuba y Nicaragua en tiempos de Pablo Escobar. Y pare de contar.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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