Los riesgos de una nueva engañifa, por Gregorio Salazar
En diciembre se cumplirán cuatro años desde la última vez que se le permitió a la ciudadanía el ejercicio del voto para decidir la ruta que condujera a la salvación de Venezuela.
Los venezolanos no desaprovecharon esa histórica oportunidad y tomaron la decisión que consideraban imprescindible para sacar a su país del desastre: votaron masivamente por la oposición y le entregaron todo el poder que puede ejercer una fuerza política en el parlamento. Esto es, la mayoría calificada.
Lo hicieron con fe democrática y con total apego a la Constitución nacional. La reinstitucionalización del país se hizo una posibilidad cierta, alcanzable mediante la aprobación desde la Asamblea Nacional de leyes que retornaran a su cauce la acción del Poder Ejecutivo. La devolución de la autonomía al BCV, una de ellas.
Las elecciones legislativas del 2015 fueron un auténtico referéndum. Los venezolanos tomaron la decisión pacífica, democrática, electoral y constitucional para comenzar a revertir la tragedia que vivían desde hacía 15 años. De hecho quedaba conformado el escenario para que la propia oposición impulsara un referéndum revocatorio y acortara el mandato de Nicolás Maduro. El gran anhelo nacional.
Lo ocurrido fue totalmente opuesto a lo imaginado. La voluntad política expresada por el soberano el 6D no fue reconocida por los jefes revolucionarios como un ejercicio libérrimo y democrático, sino como “una emboscada de la ultraderecha y el imperialismo”
Esos resultados no fueron reconocidos. El régimen entendió que la etapa del apoyo popular suficiente para retener el poder había finalizado tras tres décadas de errores y abusos de poder que destruyeron las instituciones, la economía y las condiciones de vida de los venezolanos, lanzados a la diáspora. Hoy están seguros que si salen del poder difícilmente volverán.
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Lo que se presenció luego fue una sucesión de triquiñuelas inimaginables y ejecutadas con cínico descaro que permitieron el despojo de la mayoría calificada, la declaración en desacato de la AN, la anulación de las leyes aprobadas, la elección de una constituyente espuria y la obstrucción del referéndum revocatorio.
Si el país ha vivido desde entonces una etapa de sufrimiento e incertidumbre, llena de protestas de distintos tenores con alto costo en vidas, represión desbordada, abuso de poder y un mayor hundimiento y destrucción de la economía nacional y de las condiciones de vida del pueblo ha sido precisamente porque un régimen con pretensiones de perpetuación desconoció el mandato del soberano.
El régimen que ahora anuncia se ha sentado a dialogar con un grupo de seis pequeños partidos ofrece ahora el regreso de su fracción a la AN, como paso previo a la recomposición parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), hoy asiento de toda desvergüenza. Cabe preguntarse si esto supone una marcha atrás en la seguidilla de acciones ilegales e inconstitucionales que desde 2015 condenaron al país a cuatro años más de vía crucis.
Cabe preguntarse si, por ejemplo, Maduro y su entorno desean la reinstitucionalización del país, recomponiendo las relaciones de independencia entre el Legislativo y el Ejecutivo para iniciar en conjunto la búsqueda de soluciones o sólo se trata de una nueva intentona para hacerse con lo que no pudo el 6D del 2015: el control, ahora en forma anticipada, de la Asamblea Nacional para dejar a Juan Guaidó la plataforma sobre la cual ejerce el contrapeso al régimen.
Se dirá, ¿pero cómo puede suceder eso si la oposición es abiertamente mayoría?
Cierto, pero eso ocurriría sólo si los venezolanos le conceden credibilidad a los resultados de los acuerdos y se volcaran masivamente sobre las urnas de votación. El mismo debate que se ha abierto por las redes, con una fuerte carga de odio, no da señales de eso. Y los partidos que respaldan a Guaidó menos
El régimen sabe que sus condiciones electorales son más precarias que en el 2015. Hasta ahora no da señales de haber resignado su vocación totalitaria. Ese corset de instituciones envilecidas que hace cautivos a los procesos electorales (TSJ sumiso, constituyente espuria, CNE parcializado) tendría que ser desactivado. Ellos son el seguro y el reaseguro de los amos del poder.
Será difícil verlos empedrando el camino por donde transitaría el carretón que los conduciría a una segura guillotina electoral
