Los riesgos de no lograr un acuerdo de gobernabilidad, por Marino J. González R.
El mejor escenario para la democracia plena en Venezuela exige una transición inclusiva. Un proceso en el cual todos los actores más relevantes, pero especialmente, el gobierno interino, el gobierno de Estados Unidos, y la oposición, logren establecer una ruta compartida. Es bastante claro que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Las evidencias internacionales, y la propia experiencia de Venezuela, indican que una transición de este tipo conduce a una mayor estabilidad política y abre paso a mejores oportunidades para el bienestar de los ciudadanos.
Para que esta transición sea posible se requieren acuerdos sostenibles. Acuerdos centrados en la máxima gobernabilidad posible. En la particular situación de Venezuela, más bien se requiere una secuencia de acuerdos. El primero de ellos compete a los actores políticos de la oposición. Porque es de su máximo interés que la ruta de redemocratización se acuerde a la mayor brevedad. Para los otros dos actores relevantes, el gobierno interino y el gobierno de EEUU, no hay urgencia. Se han encargado de dejar explícito que la redemocratización no está entre sus prioridades del momento. Ganar tiempo es su consigna.
Todo lo cual deja a los actores políticos que aspiran ser el gobierno alternativo con una inmensa responsabilidad. Esto es, tejer con dedicación un acuerdo político que sea el instrumento para generar la redemocratización del país. La premisa es sencilla: no es posible, ni tampoco deseable, que esta tarea se pueda enfrentar de manera aislada.
No es posible porque en una sociedad abierta, como ha demostrado ser la venezolana, existen múltiples actores y visiones. Cada uno de ellos representa una parte de la realidad social que, independientemente de su apoyo en las preferencias, tiene aportes que realizar.
Y no es deseable porque la democracia plena es un bien de toda la sociedad. Estamos en esta situación porque no cuidamos ese bien que nos pertenece a todos. Ergo, la solución no pasa por excluir sino por incluir a la mayor cantidad de actores.
Lamentablemente, no se aprecia que existan espacios de diálogo para que un acuerdo de esta naturaleza se pueda construir. Pasadas ya varias semanas de la nueva coyuntura política, más bien se aprecian divergencias en los enfoques de los actores políticos alternativos. Estas divergencias son muchas veces tenues, pero otras no tanto. Son productos de válidas diferencias de visión y de proyecto, pero otras veces pueden responder a la creencia de que la perspectiva que se tiene es la que debe predominar, sin someterla a la comparación de ideas o alternativas. Otras veces las divergencias están basadas en diferencias personales, en rupturas consideradas como irreversibles. Todo esto conduce a que el bien general, el que pertenece a todos, pase a un segundo plano.
En este contexto, es conveniente analizar los riesgos que confronta la sociedad venezolana si no es posible generar un acuerdo entre estos sectores políticos alternativos. El primer riesgo ya está operando. Es un riesgo de corto plazo. Si no existe una agenda compartida en la cual se acuerden objetivos, contenidos y plazos de la redemocratización, entra a dominar la escena, aún más, lo que puedan acordar el gobierno interino y el gobierno de EEUU.
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La fragmentación de visiones y propuestas entre los sectores políticos alternativos conduce a una reducción de su capacidad de incidencia. En las palabras del secretario de Estado en su comparecencia del 28 de enero ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quedó muy explícito: EEUU ha dado un tiempo (hasta mediados de este año) para identificar las posturas de la diversidad de opciones que tiene la oposición. En el fondo está la premisa de que la estrategia de EEUU estará basada en cuán cercanas o divergentes sean esas visiones. Es por ello de especial relevancia que se pueda presentar la visión común y plenamente compartida.
Si este riesgo no es enfrentado de manera efectiva, es bastante probable que la dinámica política pase a depender en gran medida de los acuerdos que alcancen el gobierno interino y el gobierno de EEUU. Y el hito que pudiera predominar en esa dinámica es la celebración de elecciones. Ambos actores (el gobierno interino y el gobierno de EEUU) han expresado que las elecciones no están en el escenario de corto plazo. Pero es evidente que las elecciones vendrán. Es uno de los pocos consensos que se puede apreciar (incluyendo dentro de los sectores políticos alternativos).
De manera que las elecciones más importantes de la sociedad venezolana en al menos una generación se realizarán con pautas y arreglos en los cuales los sectores políticos alternativos no participarán en igualdad de condiciones. Serán a la medida de lo que acuerden el gobierno interino y el gobierno de EEUU. La ausencia de un acuerdo de gobernabilidad entre los sectores políticos alternativos tendrá esas consecuencias.
Y es acá que aparece el segundo gran riesgo. Los sectores políticos alternativos podrían acudir divididos a esos comicios. Con al menos dos coaliciones diferentes, en el mejor de los casos (porque podría haber más de dos coaliciones). Ya sabemos por palabras del propio secretario de Estado que se da por descontado que el gobierno interino acudirá con el mejor nivel posible de recuperación que pueda alcanzar. También sabemos por Félix Seijas, conocedor como pocos de la dinámica de la opinión pública de los venezolanos, que en esos comicios “podemos estar ante una confrontación electoral ajustada”. Esto significa que la falta de acuerdo puede afectar las posibilidades del triunfo electoral.
Lo cual nos lleva entonces al tercer gran riesgo. Se podrían perder las elecciones, en primer lugar, pero en el caso de ganarlas no habría un acuerdo de políticas públicas modernas, efectivas, ubicadas en la centralidad. Tanto nadar para llegar a la misma orilla. Ese eventual gobierno partiría con políticas públicas que no contarían con el requerido consenso político y social. Visto los grandes deterioros de las condiciones de vida y de la perspectiva de bienestar de los venezolanos, esta ausencia de acuerdos sería absolutamente inaceptable y vergonzosa.
Los riesgos deben formularse, y luego comprender sus implicaciones. Pero lo más importante es que se puedan enfrentar con estrategia y convicción. Los riesgos señalados constituyen una secuencia de graves consecuencias.
Los liderazgos de los sectores políticos alternativos tienen una gran responsabilidad en encarar estos riesgos. Deben ponerse de acuerdo. Y luego ponerse de acuerdo con el gobierno interino y con el gobierno de EEUU. Es fundamental que las múltiples organizaciones de la sociedad también demanden acuerdos responsables y sostenidos. La exigencia no puede ser más perentoria.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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