Los desaparecidos de nuestro tiempo, por Luis Ernesto Aparicio M.
Durante décadas, América Latina ha intentado dejar atrás una de las etapas más oscuras de su historia: la de las dictaduras militares que sembraron el continente de presos políticos, torturados y desaparecidos. Chile, Argentina, Uruguay y otros países todavía cargan con el peso de aquella memoria, marcada por madres buscando hijos, cuerpos ocultos y silencios impuestos desde el poder.
Por eso resulta inevitable que ciertas historias del presente despierten ecos incómodos del pasado.
No porque estemos exactamente frente a las mismas dictaduras de los años setenta, ni porque la realidad venezolana pueda copiarse mecánicamente sobre experiencias como las de Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla.
Las formas del autoritarismo han cambiado. Sus métodos también. Pero algunas de sus consecuencias humanas comienzan a parecer inquietantemente familiares.
La muerte bajo custodia del dirigente de Primero Justicia Fernando Albán, ocurrida en 2018 en la sede del Sebin, marcó uno de esos momentos que dejaron profundas dudas en la conciencia venezolana.
Según la versión oficial, el concejal se lanzó desde una ventana mientras permanecía detenido.
Sin embargo, las contradicciones posteriores entre distintas versiones gubernamentales, junto con las denuncias realizadas por dirigentes opositores y organizaciones de derechos humanos, terminaron convirtiendo el caso en uno de los episodios más polémicos de la Venezuela contemporánea.
Pero el caso de Víctor Quero añade un elemento todavía más doloroso: el de una madre buscando durante meses el cuerpo de su hijo hasta recibir la advertencia de que estaba enterrado en un paraje, lejos de cualquier explicación clara o procedimiento transparente.
Aquí debo agregar que esa abnegada madre, a quien le debemos, por su empeño, el que hubiera salido a la luz pública lo que en realidad ocurre en muchos centros de detención, y allí es donde la memoria latinoamericana inevitablemente se activa.
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Porque más allá de las diferencias históricas o políticas entre unas dictaduras y otras, existe un elemento común que suele repetirse en los procesos de degradación autoritaria: la deshumanización del otro.
Ese momento en que el adversario político, el disidente o simplemente quien resulta incómodo deja de ser percibido plenamente como un ser humano con derechos, dignidad y protección.
Y cuando eso ocurre, la violencia comienza a encontrar justificaciones morales, políticas o ideológicas para expandirse.
Muchos autores han advertido que ninguna escalada represiva puede consolidarse sin antes producirse una erosión ética dentro de la sociedad.
Primero aparece el lenguaje que degrada, el insulto constante, el señalamiento del «enemigo», la construcción de estereotipos y prejuicios. Luego, poco a poco, determinadas vidas empiezan a parecer menos importantes que otras.
Es allí cuando se abren las puertas para que ocurran hechos que en otros tiempos parecían imposibles.
Como traídas por una máquina del tiempo, las historias que muchos conocimos a través de documentales sobre el Cono Sur, libros de memoria histórica o testimonios de sobrevivientes, comienzan a reaparecer bajo nuevas modalidades en distintos lugares del mundo.
Ya no necesariamente bajo juntas militares clásicas ni mediante golpes de Estado tradicionales, sino a través de sistemas donde la opacidad institucional, la concentración de poder y el debilitamiento de los controles democráticos permiten que determinadas muertes, desapariciones o abusos permanezcan rodeados de silencio. Y Venezuela no puede acostumbrarse a eso.
Durante los años del gobierno de Nicolás Maduro –e incluso en esta phase que algunos intentan presentar como una transición o una especie de interinato tutelado– distintas personas han fallecido bajo custodia del Estado o en centros de detención, dejando abiertas preguntas que todavía reclaman respuestas.
El caso de Víctor Quero merece no solo indignación, sino también una exigencia firme de investigación transparente, justicia y responsabilidades concretas, tanto materiales como intelectuales.
Porque ningún país podrá reconstruir la convivencia democrática mientras existan ciudadanos cuyos cuerpos, desapariciones o muertes permanezcan envueltos en oscuridad institucional.
Si realmente se pretende iniciar una etapa distinta para Venezuela, el primer paso no puede ser la normalización del silencio, sino la reestructuración y el fortalecimiento de la justicia y del respeto absoluto a la vida humana.Porque las sociedades comienzan a perderse moralmente cuando permiten que alguien desaparezca sin que nadie responda por ello.
Y porque ningún proyecto político puede hablar de paz mientras existan familias obligadas a buscar a sus muertos entre rumores, fosas improvisadas y versiones contradictorias del poder.
Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
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