¿Lograremos romper el cerco?, por Marta de la Vega
Twitter: @martadelavegav
Nicolás Maduro anuncia un llamado al “poder popular” a organizarse en todo el territorio para defender “la paz del pueblo”, contra el intento de “convertir el odio en violencia y no lo vamos a permitir, no lo podemos permitir”, mediante Unidades Populares para la Paz coordinadas por Diosdado Cabello. No es casualidad que estemos a menos de quince días de la realización de un acto electoral crucial para seguir avanzando en este duro camino a favor de la democracia.
Los objetivos de Maduro son debilitar la resistencia ciudadana, silenciar las fuerzas democráticas enfrentadas a un gobierno transgresor, arbitrario, cruel, depredador y criminal en contra de toda disidencia, para infundir miedo y paralizar el entusiasmo ciudadano por la elección primaria para escoger a quien enfrente en los comicios presidenciales de 2024 al candidato oficialista del régimen. Su instrumento, utilizar un clásico recurso de terrorismo de Estado: grupos paramilitares de choque, que actúan impunemente contra una población inerme con la complacencia y complicidad de los poderes públicos subordinados al ejecutivo.
“Los beneficiados de la camarilla militar civil que domina las instituciones públicas en Venezuela mueven todos sus recursos para cercarnos y bloquear iniciativas ciudadanas democráticas”
Parecen una réplica de las Brigadas de Respuesta Rápida del Partido Comunista de Cuba, o imitadores de los “camisas negras” de la Squadra d’Azione del Partido Fascista italiano, como recuerda el precandidato Andrés Caleca. Estas “Unidades Populares para la Paz” buscan intimidar con el pretexto de defender las calles ante el odio. Como señala el disidente democrático del chavismo, Nicmer Evans, se trata de una versión madurista de los “camisas pardas” que fueron impulsados por el totalitarismo sectario y perverso de Hitler; representan una etapa superior de los Círculos Bolivarianos convertidos en colectivos chavistas que instigan el odio y, sin ser parte formal de las instituciones de orden público, actúan como represores, bandas de delincuentes que ya en el pasado persiguieron y asesinaron a manifestantes que se atrevieron a protestar públicamente.
Los beneficiados de la camarilla militar civil que domina las instituciones públicas en Venezuela mueven todos sus recursos para cercarnos y bloquear iniciativas ciudadanas democráticas como las que ha dirigido con acierto, ecuanimidad y riguroso sentido de la legalidad constitucional la Comisión Nacional de Primaria bajo el liderazgo incuestionable de Jesús María Casal.
Torpedean el funcionamiento de un Consejo Nacional Electoral no suficientemente plegado a los intereses partidistas del PSUV y destituyen a los integrantes que no renunciaron, para nombrar, junto con nuevos acompañantes, casi todos de evidente y militante parcialidad política, a un sumiso representante de la cúpula como presidente del poder electoral, quien fuera principal instigador de inhabilitaciones administrativas que no tienen ningún peso legal ni constitucional, para impedir el paso a los dirigentes políticos con la mayor probabilidad de ganar y hacer contrapeso a los candidatos oficialistas en las futuras elecciones. Se busca desalentar a los seguidores de estos líderes que, como María Corina Machado, han logrado una fuerza decisiva con arraigo popular para propiciar un cambio de régimen, de gobierno y de modelo de Estado en el plano económico, político y social que supere la catastrófica crisis actual.
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La persecución política arrecia y cada vez amplifica sus tentáculos más allá de las fronteras nacionales. Fueron anunciadas por el grotesco fiscal general de la república, Tarek William Saab, las medidas de arresto con supuesta alerta roja de Interpol contra Antonio Ledezma y Juan Guaidó; calumnias y acusaciones mentirosas contra quienes han sido dignos defensores del restante y exiguo patrimonio nacional en el exterior, derrochado, malvendido y abandonado por las irresponsables gestiones de Chávez y de Maduro, y entre los activos más valiosos, el trabajo exitoso para preservar Citgo que han hecho, entre otros, el ingeniero Horacio Medina o el jurista experto José Ignacio Hernández.
Se impone el lenguaje de la postverdad y del mundo al revés al estilo de la distopía de Orwell. El legítimo presidente interino Guaidó resulta ser hoy el usurpador. Los usurpadores Maduro y cómplices, ahora son los legítimos representantes de una democracia vilmente destruida por su avidez de poder por el poder. La criminalización de la justicia como mecanismo de control político y los crímenes de lesa humanidad que significan estas amenazas e imputaciones infames contra líderes de las fuerzas democráticas venezolanas hace indispensable la actuación urgente de la Corte Penal Internacional contra quienes ha sido demostrado que son criminales de lesa humanidad.
Marta de la Vega es investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.
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