Ley Amnistía: tres enseñanzas, por Rafael Uzcátegui
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La aprobación de la reciente Ley de Amnistía no puede analizarse únicamente por su texto final. Más importante que el articulado es el proceso político que la produjo.
En contextos autoritarios, las normas no surgen en el vacío: son resultado de correlaciones de fuerza, presiones sociales y cálculos de poder. Lo ocurrido en estas semanas deja al menos tres enseñanzas relevantes sobre cómo se construyó esta ley y qué revela sobre el momento político venezolano.
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Primero fue la presión. Después vino la ley: fue la movilización y presión de los familiares, en un contexto tan adverso como el del año 2025, el que logró que la liberación de los presos políticos se convirtiera en un tema de amplio consenso nacional.
La alerta sobre sus condiciones de reclusión elevó el costo político de las detenciones arbitrarias, colocando su liberación en la lista de temas importantes en cualquier conversación o negociación con el Palacio de Miraflores.
Fue la denuncia, no el silencio, la que lo convirtió en un asunto de alta prioridad para cualquier proceso de estabilización para el país. La excarcelación y liberación de presos políticos es una victoria de los familiares y de todos los que los acompañaron, siendo la ley una respuesta a la demanda ciudadana, no al revés.
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A mal proceso, peor resultado: la primera discusión de la ley se hace un jueves, siendo divulgada la propuesta el día después, con el anuncio que sería aprobada definitivamente el martes siguiente.
De manera apresurada, una comisión designada por la Asamblea Nacional para tal efecto convoca a diferentes sectores para que den su opinión durante el sábado y el domingo, quienes atropelladamente hacen sus aportes y recomendaciones. Llega el martes y no se discute.
En eso otra comisión paralela, primero llamada de Paz y Convivencia y luego «Programa de Convivencia y Paz», convoca a los familiares a un censo de presos políticos en el Celarg de Caracas.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional visita un centro de reclusión y anuncia que en una semana la ley estaría aprobada y los presos liberados. Ambas cosas no suceden, pero exacerban las expectativas de los familiares, quienes inician una huelga de hambre.
El jueves 12 se aprueban los primeros 6 artículos, quedando postergada una semana la discusión de los restantes por el asueto de Carnaval. Con modificaciones mínimas, se impone la «unanimidad», sin mayor deliberación, en el resto del articulado. Todo el proceso, en un tema tan sensible y complejo, dura 15 días.
Lo inusitado de los tiempos no responde a un accidente administrativo sino a una estrategia deliberada: que la propuesta no pudiera ser contestada a partir de una deliberación de calidad y la articulación y participación de los actores con mensajes consensuados, que ameritan tiempo.
El resultado está a la vista: una ley con fallas de origen que empeoró en su segunda discusión, con la incorporación de un artículo final de contrabando, que extorsiona a los beneficiarios con una curiosa interpretación del principio de «no repetición» en materia de derechos humanos.
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Los límites de la Asamblea Nacional: la Ley de Amnistía se suma a otro precedente, la reforma express de la Ley de Hidrocarburos, que abordaba un debate histórico e inacabado en la intelectualidad venezolana: la participación del Estado en la industria petrolera.
Luego de ese primer strike, se pensaba que un tema tan sensible como la liberación de presos políticos iba a obligar a los diputados no oficialistas a realizar oposición a la propuesta oficialista.
Salvo el escarceo por el artículo 7 (“ponerse a derecho”), que luego tuvo una modificación menor (puedes ponerte a derecho mediante un abogado que te represente), no hubo un real antagonismo en la discusión final de la propuesta, imponiéndose por una forzada “unanimidad”.
Las reformas express, la nula deliberación y la simulación de consulta y participación, tras lo visto, serán las constantes en futuras reformas legislativas, en un parlamento con capacidades limitadas y acotadas para ser un espacio de contención al autoritarismo y de transición a la democratización del país.
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Estas tres lecciones no son solo una evaluación del pasado inmediato, sino una advertencia hacia el futuro. En un parlamento con márgenes estrechos de deliberación y con prácticas cada vez más aceleradas y controladas, la calidad del proceso legislativo se convierte en un termómetro del estado de la transición.
La experiencia de la Ley de Amnistía demuestra que, incluso en escenarios adversos, la presión social puede producir resultados; pero también que sin deliberación real y garantías institucionales, las normas nacen frágiles y con riesgos incorporados.
El hecho de fuerza y la ciudadanía logró abrir puertas. Ahora el desafío es evitar que la forma en que se legisla termine cerrando otras.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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