Las líneas rojas de la sociedad civil venezolana, por Rafael Uzcátegui

Rafael Uzcátegui | @fanzinero | abril 9, 2026

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Como consecuencia de la duración del conflicto, el desgaste y la represión post 28J, la sociedad civil venezolana experimenta su peor momento de fragmentación. Sin embargo, la dispersión de esfuerzos y abordajes sobre la posibilidad de una transición a la democracia en el país pudiera remar hacia el mismo lado si se establecen líneas rojas comunes que no deberían cruzarse.

¿Cuáles pudieran ser estos límites? El problema no es la parcelación. El problema es no saber qué no estamos dispuestos a aceptar.

Durante muchos años se repitió que sin «unidad» no había posibilidad de cambio entre nosotros. Pero esa premisa, útil en ciertos momentos, también puede convertirse en una trampa cuando la realidad no lo permite. Insistir en una cohesión forzada que no existe, y que puede durar mucho tiempo para construirla, puede paralizar más que movilizar.

Lo que sí está sucediendo luego del 3E, de manera incipiente, es otra cosa: la acción descentralizada. Iniciativas que emergen desde distintos lugares, con diversos planteamientos (desde la libertad de los presos políticos hasta la mejora de los salarios), desde actores que prueban, ajustan, tantean la reacción de las autoridades.

No es un escenario ordenado ni articulado, pero tampoco ocurre en el vacío. Es una fase. Una forma de recomposición luego del terrorismo de Estado, en medio de la incertidumbre de una transición, en el mejor de los casos, en proceso.

El detalle es que la dispersión, sin valores y principios compartidos, también tiene riesgos. Puede abrir la puerta a contradicciones, a procesos de cooptación, a la normalización de lo inaceptable. Sin ciertos límites, cada quien puede terminar empujando en direcciones incompatibles, lo que sería absolutamente funcional al autoritarismo.

Nos gustaría que el movimiento democrático estuviera en otro momento, con una agenda clara de reivindicaciones sobre la mesa, presionando para disputar el sentido de la transición. Pero no es así. Y reconocerlo no es una debilidad. Es una condición para pensar estratégicamente.

En contextos como el venezolano, podemos transformar lo que pareciera una debilidad en una ventaja: la descentralización estratégica. Una forma de acción en la que múltiples actores intervienen simultáneamente desde distintos frentes, sin necesidad de una coordinación central, pero sin perder coherencia. Por ello hoy, la sociedad civil no necesita unanimidad: necesita límites compartidos. «Líneas rojas» que no deberían cruzarse.

Definir cuáles son nuestras líneas rojas ni es un programa político, ni es una agenda común detallada. No buscan sustituir la diversidad de estrategias ni las diferencias entre actores. Son, más bien, un conjunto de mínimos éticos y democráticos que permiten actuar como enjambre sin perder coherencia.

Las potenciales marcas limítrofes

Proponemos, para el debate, un conjunto de 10 líneas rojas:

1. Consulta y soberanía ciudadana: no puede haber resolución del conflicto sin mecanismos verificables de consulta a la población. No se trata solo de «escuchar» a la gente, sino de restituir su capacidad real de decidir. Sin participación efectiva, cualquier salida será frágil, incluso si parece estable en el corto plazo. Cuando se sustituye la voluntad ciudadana por acuerdos entre élites, se debilita la legitimidad de cualquier proceso y se siembra la base de futuros conflictos. La democracia es tanto método como resultado.

2. No a la impunidad negociada: no puede construirse estabilidad sobre cuotas de impunidad frente a violaciones de derechos humanos. Sacrificar justicia en nombre de la gobernabilidad no resuelve el conflicto: lo posterga y lo condena a la repetición. La impunidad envía un mensaje: violar derechos no tiene consecuencias. Y en contextos autoritarios, eso no es un error del sistema, sino una forma de garantizar su continuidad. Sin justicia, no hay garantías de no repetición.

3. Respeto a la representación social: no se pueden reconstruir derechos de participación desconociendo o sustituyendo por decreto los liderazgos que han sido reconocidos por la ciudadanía. Intentar rediseñar el mapa político desde arriba puede parecer una solución, pero suele erosionar la legitimidad social de cualquier proceso de transición. La representación no se decreta: se construye en la relación entre actores y sociedad. Ignorarla no reorganiza la política, la vacía.

4. No se puede normalizar lo inaceptable: no podemos llamar «avance» a medidas que mantienen intactas las estructuras de control autoritario. Cambiar el lenguaje no cambia la realidad. Uno de los riesgos más profundos en contextos como el venezolano no es solo la represión abierta, sino la adaptación progresiva a ella.

La capacidad del poder de redefinir lo que se percibe como «normal» o «aceptable», desplazando lentamente los límites de lo tolerable. El problema no es solo semántico: es político. Cuando se acepta como progreso aquello que no altera las condiciones de fondo, se debilita la capacidad de la sociedad para exigir cambios reales. Se reduce el horizonte de lo posible. Se instala una lógica de adaptación en lugar de transformación.

*Lea también: “Para que el mundo lo sepa”, por Ezequiel Querales V.

La normalización también opera a través del cansancio. Después de años de crisis, cualquier mejora parcial puede percibirse como suficiente. Pero en ausencia de derechos, esas mejoras son frágiles, reversibles y, muchas veces, funcionales al sostenimiento del mismo modelo de control.

5. Ninguna medida que debilite, aún más el espacio cívico: no puede hablarse de transición sin garantías efectivas para la libertad de asociación, expresión y manifestación. El espacio cívico no es un resultado que se alcanza al final del proceso: es una condición para que el proceso exista. Cuando se restringe, se reduce la capacidad de la sociedad para organizarse, deliberar y presionar por cambios. Sin espacio cívico, la transición deja de ser un proceso social y se convierte en un pacto de cúpulas.

6. No se puede mantener, justificar o alargar la persecución por razones políticas. No puede haber participación política mientras existan detenciones arbitrarias, criminalización o amenazas contra quienes disienten. Mientras no existan condiciones para que las personas puedan participar sin miedo y sin temores de represalias, los espacios de diálogo y encuentro estarán mediados por la cautela.

7. La transparencia debe ser parte del proceso: no pueden establecerse acuerdos políticos opacos que comprometan el futuro del país sin escrutinio público. Tampoco se pueden promover medidas sin acceso a información verificable sobre la situación económica y social. La opacidad no solo limita el control ciudadano: facilita la reproducción de prácticas discrecionales. Sin transparencia, la transición puede convertirse en un proceso que reproduce, con otros actores, las mismas lógicas que se pretende superar.

8. La presión internacional no sustituye la agencia ciudadana: el acompañamiento internacional es importante, pero no puede reemplazar la voz ni las decisiones de la sociedad venezolana. Cuando los procesos se diseñan o se perciben como externos, pierden arraigo y sostenibilidad. La presión internacional puede abrir oportunidades, pero no puede sustituir la construcción interna de legitimidad. Sin protagonismo ciudadano, cualquier cambio será débil y reversible.

9. No a la instrumentalización de las necesidades sociales: no pueden utilizarse políticas sociales, ayuda humanitaria o mejoras económicas como mecanismos de control político y desmovilización ciudadana. En contextos de crisis, la urgencia puede ser utilizada para condicionar derechos o lealtades. Pero la satisfacción de necesidades básicas no puede depender de la subordinación política. Cuando la sobrevivencia se convierte en herramienta de control, se profundiza la desigualdad y se limita la autonomía de la sociedad.

10. La gradualidad no puede ser excusa para congelar derechos: los procesos progresivos no pueden justificar la postergación indefinida de derechos fundamentales. La idea de «ir poco a poco» puede ser razonable en ciertos contextos, pero también puede ser utilizada para dilatar cambios estructurales. Las reformas económicas, políticas y sociales no deben plantearse como sustitutos entre sí. Sin avances simultáneos en derechos, cualquier mejora será parcial, frágil y fácilmente reversible.

Cuando no hay acuerdo sobre el camino, al menos debe haber acuerdo sobre lo que no estamos dispuestos a aceptar. Después de años de esfuerzo, de calle, de represión, de esperanza rota la pregunta ya no es solo cómo cambiar, sino también qué tipo de situaciones y formas de hacer política deben quedar atrás.

Ese suelo común, aunque mínimo, puede convertirse en la base desde la cual una sociedad vuelve a imaginarse distinta y construir un proyecto de país inclusivo.

Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»

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