Las elecciones de medio término en EEUU y el futuro de Venezuela, por Leopoldo Martínez
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Las elecciones legislativas de 2026 pueden convertirse en un punto de inflexión para la política de Estados Unidos hacia Venezuela. No porque Venezuela sea un tema central capaz de definir el resultado electoral, sino porque varios factores internos de la política estadounidense podrían converger sobre Caracas: la debilidad política de Donald Trump, el posible avance demócrata en la Cámara de Representantes, la posibilidad –más difícil, pero bien relevante– de un cambio de control en el Senado, el conflicto con Irán, el precio de la energía, la presión sobre Cuba, las licencias petroleras, las candidaturas para la sucesión republicana de 2028 y el papel cada vez más visible de Marco Rubio.
En ese cruce de intereses, Venezuela podría dejar de ser tratada principalmente como un caso de restauración democrática para convertirse en una pieza central de una narrativa de estabilización, seguridad energética y realineamiento hemisférico.
Si las encuestas actuales se mantienen, los demócratas tienen una posibilidad real de recuperar la Cámara de Representantes, y una más remota pero posible de recuperar también el control del Senado. Un margen demócrata de alrededor de cinco puntos en el voto genérico por partido –según el promedio de las encuestas– indica un ambiente nacional muy adverso para los republicanos. Además, Trump enfrenta una desaprobación mayoritaria contundente y números especialmente débiles en economía, inflación, costo de vida e Irán.
Una Cámara de Representantes demócrata –e incluso controlando también el Senado– no permite dirigir la política venezolana desde el Capitolio. La política exterior, las licencias de sanciones, las decisiones de reconocimiento y la diplomacia energética seguirían estando en manos del Ejecutivo. Pero sí podría elevar considerablemente el costo político de cada decisión y, al hacerlo, orientar las cosas hacia una ruta diferente.
Los comités de la Cámara bajo control demócrata podrían investigar las licencias de la OFAC, el acceso de empresas petroleras, el manejo de ingresos venezolanos, los acuerdos alrededor de Citgo, las conversaciones con Delcy Rodriguez y el grado real de condicionalidad democrática detrás de cualquier alivio de sanciones. La pregunta central sería inevitable: «¿está Washington impulsando una transición democrática o simplemente administrando una normalización económica bajo continuidad autoritaria?»
Ese dilema se vuelve más agudo por el conflicto con Irán. Si la situación en Medio Oriente sigue presionando los precios del petróleo, la gasolina o la percepción de incompetencia en política exterior, Venezuela adquiere un valor adicional para Trump. No porque pueda reemplazar en el corto plazo y por sí sola el petróleo iraní o resolver un shock global de energía, sino porque puede ser presentada como parte de una estrategia hemisférica: más crudo cercano a Estados Unidos, mayor participación de empresas estadounidenses, menor dependencia de productores hostiles y mayor capacidad de presión sobre migración y seguridad regional. En política, a veces la narrativa pesa tanto como el volumen de barriles.
Allí aparece el riesgo principal. Una política organizada alrededor de petróleo, migración, deuda, sanciones y estabilidad favorecerá naturalmente a quienes puedan garantizar continuidad administrativa. En la Venezuela de hoy, esa figura es Delcy Rodriguez.
La Casa Blanca podría no presentarla como una custodia transicional: alguien capaz de mantener funcionando el Estado, negociar licencias OFAC que preserven el tutelaje, ordenar la recuperación petrolera, contener la migración y preservar la cohesión del poder mientras se construyen condiciones para una elección posterior. Ese argumento puede ser pragmático. También puede ser peligroso si no se vincula con un horizonte electoral claro, verificable y constitucional para Venezuela.
Una ruta más constructiva para el Congreso de EEUU, sobre todo si los demócratas recuperan la Cámara o incluso el Senado, sería convertir la supervisión en una herramienta para lograr una política bipartidista de Estado. Eso no significa renunciar a la crítica ni al oversight de todo lo ocurrido, pero la alternativa no puede ser simplemente bloquear, denunciar o volver a una política de presión sin salida. El objetivo debería ser promover un gran acuerdo que conecte tres dimensiones inseparables: recuperación económica, apertura política y reconstrucción institucional.
Venezuela necesita estabilización, pero también necesita reglas, garantías y legitimidad. Por eso, el horizonte electoral no debe construirse sobre el atajo de criticar a Trump y exigir simplemente una fecha en el calendario para celebrar elecciones. La tarea de Washington no debería ser tutelar a Venezuela, sino facilitar –con la enorme influencia que hoy tiene– un acuerdo nacional, constitucional y democrático que haga posible una elección real que restablezca la soberanía democrática en Venezuela.
Después de la experiencia del 28 de julio de 2024, una elección precipitada sin garantías mínimas podría reproducir el mismo problema: un evento electoral sin condiciones suficientes para que el resultado sea respetado. En materia de condiciones electorales, una mayoría demócrata en el Congreso podría apoyarse en los reportes de observación de la Unión Europea sobre las elecciones regionales y municipales de 2021, así como las del Centro Carter sobre las presidenciales de 2024.
Esos informes ofrecen una base técnica para una agenda concreta: reforma del árbitro electoral, actualización del registro de votantes, participación efectiva de la diáspora, rehabilitación de partidos y candidatos, liberación de presos políticos, observación internacional robusta, justicia transicional y garantías para todos los actores. Pero el lenguaje de las condiciones tampoco puede convertirse en coartada. Debe haber hitos verificables y plazos exigibles, para que «condiciones primero» no termine significando «continuidad hasta 2030», fecha de vencimiento del controvertido mandato presidencial de Maduro, dentro del cual Delcy Rodriguez actúa como figura encargada de la continuidad del poder.
Es preciso destacar que la Constitución venezolana habilita esa posibilidad ante la falta absoluta del presidente a partir del cuarto año del período presidencial en curso, es decir, alrededor de julio de 2028. Por eso, ese año debe convertirse en un punto de inflexión: no como atajo, sino como horizonte razonable para construir condiciones y evitar que la estabilización se transforme en permanencia.
Hay dos caminos. Uno es la estabilización transaccional: petróleo, migración, alivio de sanciones, deuda y continuidad administrada. El otro es un gran acuerdo: normalización económica y levantamiento total pero condicionado de las sanciones a cambio de una hoja de ruta verificable hacia una elección libre, competitiva y respetada. El verdadero catalizador es, sin duda, el levantamiento de las sanciones, pero solo si está sujeto a la concreción de un horizonte electoral que, en un tiempo razonable, ofrezca las condiciones necesarias.
El reto consiste en no confundir ambas cosas. Venezuela necesita estabilización y recuperación económica, pero ello no puede ser al costo de sacrificar la democracia. Si Washington convierte a Delcy Rodriguez en garante de orden, petróleo y migración, habrá cambiado la presión democrática por administración de continuidad. Si, en cambio, usa esos mismos incentivos para construir condiciones electorales reales, la política venezolana posterior a las elecciones de medio término podría abrir una oportunidad histórica.
*Lea también: La valoración de la democracia en Venezuela, por Marino J. González R.
Todo dependerá de si el Congreso, el secretario de Estado Marco Rubio, Europa, los actores regionales, la oposición venezolana y la sociedad civil logran imponer una idea sencilla: ninguna normalización debe ser más importante que la legitimidad democrática que Venezuela necesita recuperar.
A partir de las elecciones de mitad de período de Estados Unidos en noviembre de este año, se abre un ciclo político crítico dentro de la administración Trump para lograrlo antes de 2028, año en que habrá nuevamente elecciones presidenciales y parlamentarias en Estados Unidos; y, si se hacen las cosas bien, también podríamos tenerlas en Venezuela.
Leopoldo Martínez Nucete es abogado internacional y exdiputado venezolano. Es fundador del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA) y se desempeñó como Consejero Senior del Departamento de Comercio de EEUU durante la administración de Joe Biden.
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