La traición de los principios, por Samuel J. Pérez Hermida
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In Memoriam Víctor Hugo Quero Navas
La reciente confirmación de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político bajo custodia del Estado venezolano, constituye un hecho que trasciende al dolor y la rabia para convertirse en una nueva evidencia de la profunda degradación moral y ética del sistema político gobernante.
No se trata únicamente de una tragedia humana, sino de un símbolo que desnuda las contradicciones de un poder que, tras 27 años de ejercicio, ha terminado por reproducir y profundizar las mismas prácticas que prometió erradicar.
Cuando este movimiento llegó al poder, en 1999, lo hizo principalmente gracias al discurso incendiario de Hugo Chávez, que denunciaba las violaciones de derechos humanos y la corrupción administrativa del sistema político Puntofijista.
Ciertamente, entre 1959 y 1998 se registraron diversos hechos de violencia política y violaciones a los derechos humanos, especialmente en el contexto de la lucha armada organizada por la insurgencia de la izquierda revolucionaria en la década de 1960, y durante crisis sociales agudas, como el llamado «Caracazo» de 1989, cuyas cifras oficiales reportaron 276 fallecidos, la gran mayoría como consecuencia del uso desproporcionado de armas de guerra en contra de la población civil por parte de las FAN.
No puede olvidarse que el hallazgo posterior de fosas comunes, en el sector «La Peste» del Cementerio General del Sur de Caracas, demostró que el número de víctimas fue muy superior al reconocido por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Así, la narrativa fundacional del chavismo se basó en la promesa de justicia, dignidad y respeto a la vida. Hoy, sin embargo, la realidad es otra muy distinta. La represión sistemática, las detenciones arbitrarias y la muerte de opositores bajo custodia estatal revelan que el prolongado ejercicio del poder ha vaciado de contenido aquella ética revolucionaria que alguna vez se enarboló como bandera.
La contradicción es insalvable. Argumentar que las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado por el llamado Puntofijismo justifican o atenúan las del presente constituye una falacia lógica y ética, que apunta a invalidar la naturaleza misma de los derechos humanos como principios universales e inalienables.
Si se acepta que un abuso previo legitima uno actual, se abandona el propio concepto de justicia. Los actores políticos que en 1999 se autoproclamaron como vengadores de la opresión han terminado siendo los verdugos del disenso, creando una crisis de legitimidad que no puede ocultarse con propaganda ni con retórica.
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La ética política no se mide por las consignas, sino por la coherencia entre los principios y las prácticas, y en el caso de la Venezuela de hoy la distancia entre ambas dimensiones es abismal.
La memoria histórica de Venezuela recordará que quienes llegaron al poder prometiendo justicia terminaron incurriendo en violaciones tan o más graves que aquellas que alguna vez criticaron.
Esa traición ha erosionado de forma irreversible la confianza popular, dejando una huella profunda en la conciencia colectiva, porque ha demostrado que el poder sin límites puede corromper incluso a las causas que se suponían nacidas con vocación de justicia.
La muerte de un preso político bajo custodia estatal no es un hecho aislado, es la expresión de un modelo autoritario que ha convertido la represión en política de Estado y que ha renunciado a la ética como fundamento de su legitimidad.
La reflexión que se impone es clara: ningún proyecto político puede sostenerse en el tiempo si traiciona sus propios principios fundacionales. La justicia, la dignidad y el respeto a la vida no son negociables; son el núcleo esencial de cualquier proyecto político que aspire a transformar la sociedad.
Cuando esos principios son traicionados, lo que queda es solo un poder desnudo, que en el caso de Venezuela sigue tratando de sostenerse únicamente por la fuerza y el miedo, aun con la espada de Damocles de la tutela imperial pendiendo sobre su cabeza.
Samuel J. Pérez Hermida es sociólogo. Profesor UCV. Jefe (E) del Departamento de Análisis Histórico Social de la Escuela de Sociología.
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