La política del «todo sigue igual», por Luis Ernesto Aparicio M.
Aunque de forma aún tímida, la Venezuela que intenta proyectarse ha dejado asomar su disposición a restablecer relaciones con países con los que durante años mantuvo vínculos deteriorados, entre ellos EEUU. Sin duda, se trata de una señal que puede leerse en clave positiva, sobre todo para quienes creemos que los Estados deben procurar relaciones funcionales y estables en beneficio de sus ciudadanos.
Sin embargo, esa recomposición no debería limitarse al simple intercambio de saludos diplomáticos o apertura de negocios, inversiones y asuntos económicos. También tendría que expresar una voluntad real de abrir caminos de entendimiento más profundos, tanto en el plano externo como en el interno.
Si se habla de un nuevo comienzo en materia de relaciones internacionales, ese gesto debería tener un correlato claro en la política doméstica. Me refiero a la necesidad de que las puertas también se abran hacia el reconocimiento mutuo dentro del país: entre quienes ejercen el poder y quienes disienten, piensan distinto o actúan desde posiciones críticas.
Resulta difícil sostener el discurso de una nueva etapa cuando persisten escenarios que desmienten esa narrativa: cientos de personas detenidas por razones políticas, por exigir derechos básicos o por ejercer el periodismo sin alinearse con el poder.
Si realmente se quiere transmitir que «se está haciendo un gran trabajo», ello debería reflejarse en un número significativo de liberaciones de presos políticos, personas que solo se han atrevido a emitir alguna opinión y de periodistas detenidos por informar.
Del mismo modo, tendría que traducirse en la restitución de los partidos políticos que fueron intervenidos, despojados de sus direcciones legítimas y entregados a conducciones funcionales al gobierno, vaciándolos de representación real.
La apertura que se pretende mostrar al mundo tampoco puede agotarse en la reapertura de embajadas —que, insisto, es un paso positivo— mientras se mantienen activos centros de detención señalados reiteradamente por violaciones sistemáticas de derechos humanos. No se puede hablar de cambio mientras sigan operando estructuras de represión denunciadas por cientos, quizá miles, de víctimas de detenciones arbitrarias y abusos.
En paralelo, si quienes hoy conducen el país aseguran querer hacer las cosas de manera distinta, deberían comprender que entre los derechos fundamentales —la vida, la libertad, el libre tránsito, el acceso a la educación y a la alimentación— también se encuentra el derecho a la información y a informar.
En ese sentido, resulta impostergable la devolución de medios de comunicación confiscados y la reapertura de aquellos cerrados de manera discrecional, injustificada y política. Solo cuando estos pasos comiencen a materializarse, incluyendo una amnistía amplia, podría afirmarse que Venezuela ha iniciado el camino hacia una transición democrática.
Esta transición, en la que se excluyan expresamente los delitos de lesa humanidad y sea aplicable a todas las partes, no debe ser una reedición del pasado previo a Chávez, sino una con mejores garantías, mayores libertades y soluciones sostenibles para todos.
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Por ahora, conviene decirlo sin ambigüedades: no existe una apertura política real si lo único que se normaliza es la diplomacia externa mientras permanece intacto el aparato de control interno. Reabrir embajadas envía señales hacia afuera; una transición se mide por lo que ocurre puertas adentro.
Y lo que hasta ahora estamos presenciando parece responder con precisión a aquella frase atribuida a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, puesta en boca de Tancredi en El Gatopardo: «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie».
Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
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