La opresión de cada día, por Gregorio Salazar
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Economistas, periodistas y trabajadores de la prensa, defensores de derechos humanos, docentes, sindicalistas, activistas políticos y ahora hasta los hinchas de los equipos de fútbol sienten que se estrecha para ellos el espacio bajo el sol en esta atribulada patria venezolana.
En cada uno de esos grupos humanos se encuentran hombres y mujeres que han perdido la libertad, no ya la conculcación de garantías constitucionales que de manera general padece la ciudadanía, sino la libertad en el más estricto sentido del ser individual, la condición más consustancial al ser humano.
Elementalmente, la libertad. Esa que se ejerce en la calle, a campo abierto con plenitud de accionar, compartiendo el calor hogareño al lado de la familia y los amigos, disfrutando del esparcimiento que prefieran, de dedicarse a formarse o ejercer la actividad profesional para la cual se capacitaron. Eso y todo lo demás que da el privilegio de estar vivo.
Hablamos de la agobiantes circunstancias en las que se encuentran esos casi mil venezolanos, presos políticos arrojados a las cárceles del régimen, a merced de un sistema judicial que ya no cumple otra función que ser parte fundamental del engranaje opresivo, represivo y de dominación que se empecina en instaurar la cúpula en el poder, absurda y equivocadamente convencidos, como lo aparentan estar, de que Venezuela les pertenece en exclusiva y a perpetuidad.
Son más de 900 los encarcelados, pero afuera hay una sociedad que palpa la amenaza, que siente que el riesgo gravita sobre ella. Que ha visto cómo el cerco opresivo se ha venido estrechando con el pasar de los años en «revolución socialista». Primero con atisbos discursivos, vulgares alardes caudillistas, luego con extralimitaciones espasmódicas, después acentuando los abusos de poder, pero desde hace unos años de manera abierta y declarada trabajando sin pausa –política y administrativamente– para desechar la Constitución y corromper hasta podrir las instituciones en cada intersticio.
Su impudicia parece decirnos: «Sí, es lo que buscamos». Y el temor, dolorosamente, va deja mella en la sociedad venezolana, que sin embargo se revela y se resiste a prosternarse, como lo demostró en la histórica jornada del 28 de julio. La mayor catástrofe política del chavismo. Una sentencia que espera por su cumplimiento.
Tres hitos han venido a sumarse en días recientes como pruebas fehacientes del declive de libertades que vivimos. Las presiones contra economistas, que ameritó un comunicado del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) y de la Facultad de Economía de la UCV, el pase a tribunales de la joven periodista Nakary Mena Ramos y su esposo, Gianni González, y la persecución y encarcelamiento de varios hinchas de un equipo de fútbol que asistía a una final de campeonato en Caracas.
El título del comunicado de la OVF es más que elocuente: «Medir precios no es un delito, es una necesidad». Un cuidadoso esfuerzo por explicar que cuando ofrecen a los actores económicos y a toda la ciudadanía el resultado de sus cálculos sobre el movimiento de los costos de bienes y servicios – basadas en las propias cifras públicas– no pretenden otra cosa que arrojar luces sobre la realidad de la economía venezolana. Y que todos puedan introducir los correctivos en su accionar. Cuando el OVF llega al extremo de incluir en su declaración hasta la fórmula de Laspeyres, mundialmente utilizada, dice a las claras de los temores que abrigan sobre represalias u otras presiones.
Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), de donde otrora salieron funcionarios para el gabinete de Chávez, tras las detenciones y desapariciones de varios profesionales de la economía –como los profesores Gerardo Cacique y Daniel Cadenas– reafirmó su “compromiso inquebrantable con el libre ejercicio profesional de todos sus egresados” y rechazó «cualquier intento de coacción o restricción a los miembros de nuestra comunidad académica, sean estudiantes, profesores, estudiantes, empleados o egresados».
A comienzos de semana, se conoció que el Tribunal Primero de Control dictó privativa de libertad y pase a juicio de la joven reportera Nakary Mena Ramos (Impacto Venezuela), tras dos meses de detención por la publicación de un reportaje sobre el tema de la seguridad pública, en el cual su esposo fungió como camarógrafo.
Otros dieciséis periodistas y trabajadores de la prensa, según registra el CNP-Distrito Capital, permanecen detenidos en razón de su labor o por alzar su voz contra las injusticias.
Y casi toda la semana fue motivo de escándalo la persecución y detención de varios miembros de la hinchada del Deportivo Táchira que tuvieron la nada extravagante decisión de viajar a Caracas para apoyar a su equipo en una final de campeonato. Veintinueve fueron retenidos y cuatro quedaron detenidos. Los intríngulis del caso, desde las maniobras para impedir su llegada a Caracas hasta la represión y detenciones, así como la penetración del régimen en la instrumentación del deporte profesional, son francamente pavorosos. Y lo peor: nada se supiera si no fuera porque las redes explotan de indignación, protestas y condenas a tan insólitas conductas de los cuerpos de seguridad.
Informar sobre la marcha de la economía no es delito. Tampoco sobre la situación de la seguridad o cualquier aspecto de la vida nacional. Y mucho menos pretender apoyar con la presencia entusiasta el equipo de su preferencia en una final de fútbol.
Queremos que esas actividades y otras encuentren cauce, respeto, tolerancia, aceptación en Venezuela. Queremos ser un país normal, libre, democrático y plural, no una comarca sometida a los caprichos, negociados secretos, sumisión internacional e intereses de unos pocos.
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Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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