La mesa y sus ausentes, por Luis Ernesto Aparicio M.
Al momento de escribir estas líneas, en Venezuela se ha iniciado un proceso de negociación política que algunos describen como el comienzo de una transición. Si realmente terminará siéndolo, es imposible saberlo.
Por tanto, conviene hacer una precisión. Las transiciones políticas difícilmente pueden encasillarse en una norma jurídica. Son procesos largos y excepcionales, que responden a circunstancias igualmente excepcionales.
Ninguna Constitución o ley alguna, aunque ofrecen los caminos, suelen describir cómo desmontar un sistema político construido durante casi tres décadas ni cómo conducir a un país hacia una nueva etapa institucional.
Ese carácter excepcional también explica el elevado nivel de incertidumbre que acompaña el inicio de esas conversaciones. No porque quienes participan carezcan necesariamente de experiencia para negociar, sino porque el país desconoce cuáles son los objetivos concretos –aunque se han venido desgranando, como lo vimos, en escuetas notas de prensa emanadas desde la AN 2015–, los asuntos realmente incluidos en la agenda y el alcance de los posibles acuerdos.
Aunque algunos reconocieron espontáneamente formar parte del proceso, más allá de esos pocos nombres, el país seguía sin conocer quiénes integraban las delegaciones, cuál era su mandato o hasta dónde estaban autorizados para negociar.
Como suele ocurrir cuando la información escasea, las interpretaciones comenzaron a ocupar el espacio de las certezas. Para unos, la negociación debe desembocar en unas elecciones presidenciales; para otros, el punto central consiste en acordar reformas institucionales capaces de ofrecer garantías democráticas duraderas.
Lo cierto es que, hasta ese momento, casi todo pertenece al terreno de las conjeturas.
Paradójicamente, incluso antes de conocerse el contenido de las conversaciones, comenzaron las críticas. Algunos dirigentes cuestionaron no haber sido convocados; otros pusieron en duda la legitimidad de quienes se sentaban a la mesa.
Esa reacción reflejaba una vieja práctica de la política venezolana: medir la validez de un proceso por los nombres de sus participantes y no por la calidad de los acuerdos que de este puedan producirse.
A ello se suma una práctica igualmente nociva: el apresuramiento por decretar el fracaso antes incluso de conocer el contenido de las conversaciones. Parece imponerse la idea de que cualquier negociación que no satisfaga las expectativas individuales de determinados actores está destinada al descrédito.
Y, si finalmente no alcanzara los objetivos que cada uno espera, no faltarán las descalificaciones, muchas veces construidas sobre exageraciones o falsedades, contra quienes aceptaron asumir la responsabilidad de negociar.
Naturalmente, la reserva que rodea las conversaciones alimenta la desconfianza de una sociedad marcada por el fracaso de numerosos intentos anteriores. Pero tampoco habría sido razonable convertir una negociación compleja en un ejercicio de deliberación pública permanente.
Toda negociación necesita un margen de discreción. La transparencia será indispensable para evaluar sus resultados; la confidencialidad suele ser necesaria para construirlos.
Que los negociadores no fueran los mismos protagonistas de procesos anteriores tampoco constituye una garantía de éxito, pero mucho menos una razón suficiente para anticipar el fracaso, pese a quienes prefieren que esto ocurra.
La historia demuestra que las negociaciones no triunfan por la notoriedad de quienes participan, sino por la solidez de los acuerdos que logran construir.
Por eso, el mayor desafío de quienes asumieron esa responsabilidad no consiste únicamente en alcanzar un entendimiento entre las partes. El verdadero reto es recuperar la confianza de una ciudadanía que durante demasiados años ha visto cómo el diálogo terminaba produciendo más frustraciones que soluciones.
Solo cuando se conozcan los resultados podría comenzar una evaluación seria del proceso. Antes de eso, cualquier juicio definitivo corre el riesgo de apoyarse más en las expectativas, los temores o las preferencias políticas que en los hechos.
Porque una negociación no debería juzgarse por quiénes quedaron fuera de la mesa, sino por su capacidad para abrir un camino creíble y estable hacia la recuperación institucional que Venezuela necesita.
Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
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