La lista incompleta, por Omar Ávila
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Esta semana inicia el año escolar 2026-2027 y muy seguramente miles de hogares venezolanos llegaron a la fecha con la lista escolar a medias; no es descuido ni por desidia, es por aritmética.
La escena se repite con una uniformidad casi litúrgica en las ferias escolares, librerías y papelerías donde los representantes recorren diversos lugares haciendo cuentas que no le dan tregua: levantan un cuaderno, preguntan el precio, lo devuelven. Compran lo indispensable –los cuadernos, dos lápices, la goma– y se prometen volver por lo demás.
Volverán en octubre, si acaso, o en noviembre, cuando el maestro ya haya pedido el libro de literatura tres veces.
Las cifras explican esa coreografía mejor que cualquier discurso, ya que una lista escolar básica en Caracas se ubica este año entre 37 y 71 dólares según la zona, con un alza cercana al 20 % respecto al período anterior. Al sumar uniformes, calzado, morral y textos, los estimados sitúan el desembolso por estudiante entre 150 y 300 dólares.
Frente a eso, el salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022 –unos 27 centavos de dólar– y el llamado ingreso mínimo integral, elevado a 240 dólares en abril (que no es salario), tampoco ayuda a resolver el problema.
Evidentemente, la consecuencia nefasta para la educación no es el impago, sino el fraccionamiento, ya que las familias venezolanas deben convertir el gasto escolar en una obra por etapas: se compra por partes, se hereda el uniforme del hermano mayor, se borra el cuaderno del año pasado, se intercambian libros entre vecinos, se recurre al crédito informal; sin lugar a dudas, es una ingeniería de la escasez que ninguna estadística oficial registra.
Del otro lado del pupitre la ecuación es igual de tensa, cuando se escucha decir al Ministro de Educación Héctor Rodríguez que un docente promedio percibe 506 dólares mensuales, y la Federación Venezolana de Maestros desmiente esa cifra y afirma que el salario base real oscila entre 0,30 y 1,5 dólares, con una deuda acumulada por incrementos pendientes desde 2018.
Desde Unidad Visión Venezuela nos hemos preguntado: ¿qué recibe la familia a cambio de ese esfuerzo? La respuesta disponible no consuela: el Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea que aplica la Escuela de Educación de la UCAB encontró, en su medición 2023-2024 sobre unos diez mil exámenes en siete estados, que 74,93 % de los estudiantes de sexto grado a quinto año reprobó matemáticas y 70,10 % habilidad verbal, con promedios de 7,51 y 7,84 puntos sobre veinte.
Dos años antes, los aplazados en matemáticas eran 67,70 % y el promedio rondaba los 8,95. Estas cifras nos enseñan que el deterioro no es una impresión, es una pendiente que tiene clase social, porque los colegios privados promediaron 9,80 frente a 7,87 de los públicos y subvencionados.
Esta brecha entre la educación pública –cada vez más debilitada– y la privada –a la que pocos tienen acceso sostenible– profundiza la desigualdad social, comprometiendo no solo el presente de los estudiantes, sino el capital humano de las próximas décadas.
Comparar el desempeño con el del resto del continente es imposible. El 8 de septiembre –seis días antes de que sonara el primer timbre– la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó los resultados de PISA 2025: trece países latinoamericanos evaluados, ninguno por encima del promedio de la organización, retrocesos severos en Argentina, Chile, México, Guatemala y Paraguay, mejoras en Costa Rica y El Salvador.
Venezuela no figura en esa tabla; no figura desde que el estado Miranda aplicó la prueba por su cuenta en 2010, y el 60 % de los evaluados no alcanzó las competencias mínimas en matemáticas. Tampoco estuvo en las últimas rondas del estudio regional de la Unesco, al que apenas volvió a incorporarse en 2025.
Se puede discutir si Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) mide bien lo que importa, pero lo que no se puede discutir es que quien decide no medirse pierde también el derecho a proclamar que mejora.
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Además, existe una ausencia que pesa más que todas las cifras juntas: el Ministerio reportó 6.009.254 estudiantes en julio de este año; en enero de 2024, el Ejecutivo hablaba de 8.824.512. La diferencia supera los 2,8 millones de niños y adolescentes cuya ubicación nadie ha explicado del todo: emigraron, se incorporaron tempranamente al trabajo, o simplemente dejaron de volver.
A ello se suma el impacto de los sismos de junio, que dañaron cerca de 900 planteles y obligaron a improvisar dobles turnos donde apenas se daba abasto con uno.
Para finalizar, podemos asegurar que el inicio de clases en Venezuela dejó hace tiempo de ser una fecha del calendario para convertirse en una auditoría anual; cada septiembre el país mide, sin quererlo, la distancia entre lo que dice garantizar y lo que las familias efectivamente pueden pagar; en tal sentido, este año escolar seguramente iniciará con la lista de útiles incompleta.
Omar Ávila es secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela.
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