La libertad como estrategia de estabilidad, por Omar Ávila
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Iniciando la segunda semana de 2026, el país se encuentra en el momento de mayor fragilidad de su historia contemporánea. Las detonaciones que sacudieron la capital el pasado tres de enero y la captura del presidente Nicolás Maduro han dejado un vacío que solo puede llenarse con certidumbre jurídica o con un caos irreversible.
Quienes hoy ejercen el mando en las instituciones del Estado enfrentan una decisión histórica: persistir en una política de reclusión que ha demostrado ser ineficiente o iniciar un proceso de descompresión nacional mediante la liberación de los presos políticos.
La investigación histórica es clara. Desde la implementación de la Lista Tascón en 2003, pasando por las protestas de 2014 y 2017, hasta las detenciones masivas tras las elecciones de 2024, el Estado venezolano ha utilizado la privación de libertad como un mecanismo de control. Sin embargo, la realidad que se vive este 2026 demuestra que ese mecanismo está agotado.
Mantener a civiles procesados en tribunales militares o a ciudadanos detenidos por opinar en redes sociales ya no proyecta control, sino una incapacidad operativa que asfixia cualquier intento de recuperación económica.
Desde una perspectiva estrictamente objetiva, la liberación masiva de los detenidos —que hoy suman alrededor de 800 historias de retardo procesal— no debe entenderse como una derrota para quienes retienen el poder, sino como un activo estratégico:
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Legitimidad ante el mundo: En un momento donde el reconocimiento internacional es vital para evitar el colapso financiero, la libertad de los presos es la moneda de cambio con mayor poder adquisitivo diplomático.
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Seguridad penitenciaria: Tras los eventos del tres de enero, la cadena de custodia en centros de detención del país es precaria y vulnerable. Evitar una tragedia humanitaria dentro de las prisiones es evitar un juicio histórico por negligencia criminal.
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Paz civil: La liberación evitaría focos de protesta y permitiría que la narrativa nacional pase verdaderamente del conflicto a la reconstrucción.
Para que este proceso sea ordenado y proteja la institucionalidad, desde Unidad Visión Venezuela proponemos las siguientes acciones:
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Comisión de Verificación Inmediata: Integrada por el Ministerio Público y organismos como el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y la ONU (Organización de las Naciones Unidas), para auditar los casos de mayor urgencia en todo el país (salud crítica y menores de edad).
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Anulación de procesos viciados: Un gesto administrativo que anule los cargos de «terrorismo e instigación» derivados de los sucesos de 2024 y 2025, reconociendo que la estabilidad requiere transparencia y objetividad en materia de opinión política.
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Garantías de no repetición: El compromiso de no utilizar el sistema judicial como herramienta de persecución, permitiendo que la disidencia se exprese por vías electorales y no a través de la resistencia de calle.
Conclusión: El riesgo de la omisión
La libertad de estos ciudadanos es el primer paso para que Venezuela deje de ser un caso de estudio en los tribunales de La Haya y se convierta, finalmente, en un país en vías de recuperación. Quienes hoy tienen la llave de las celdas tienen también, por primera vez en décadas, la oportunidad de elegir el camino hacia una verdadera convivencia y paz social. Es una oportunidad que el reloj de la historia no mantendrá abierta por mucho tiempo.
Mantener presos políticos en 2026 es un anacronismo que Venezuela no puede pagar. El costo político de la liberación es bajo comparado con el beneficio de abrir las puertas al desbloqueo internacional y la verdadera convivencia y paz social en el país.
Quienes hoy tienen la potestad de decidir deben entender que la libertad de estos venezolanos es, en realidad, la liberación del propio Estado venezolano de su aislamiento y su crisis. La historia demuestra que los gobiernos que saben «ceder para ganar» son los que logran sobrevivir a las transiciones. La llave de la prosperidad de este 2026 está, irónicamente, en las cerraduras de las cárceles.
Omar Ávila es secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela.
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