La impostergable reinstitucionalización, por Gregorio Salazar
X: @goyosalazar
El urgente proceso de reinstitucionalización del país no puede quedar bajo el control unilateral de un régimen cuyos primeros impulsos, después del desalojo del poder de Nicolás Maduro, son los de administrarla, a regañadientes y trompicones, con dosis de gotero que están exasperando a la ciudadanía.
Salió la «ley de amnistía», incompleta, insuficiente, discriminatoria y aún así se ve metida en cámara lenta por los cartelitos tribunalicios de «no hay despacho», de las esperas interminables sin respuesta para quienes aspiran con todo derecho a que sean dejados atrás los procesos judiciales a los que fueron arrojados por una arbitrariedad sin frenos.
Se dio un primer paso para el saneamiento de la Fiscalía General de la República, pero aquel titular salido de una constituyente espuria y que convirtió al Ministerio Público en blanqueador de graves violaciones a los derechos humanos, es reciclado como Defensor del Pueblo, —¡válganos Dios!— cargo que ocupará por segunda vez para infortunio de esa institución, pero sobre todo para la población ayuna de promoción, defensa y vigilancia de sus garantías constitucionales.
La aspiración general es que la Fiscalía General de la República sea rescatada de manera vertical e integral y que, además de cumplir cabalmente sus funciones, se erradiquen de una vez por todas las prácticas delictivas de extorsión y negociados que en el pasado reciente obligaron a la destitución de varios de sus directores a nivel nacional. Difícil, por lo acontecido, que veamos al interinato emprender tan perentoria tarea.
La sociedad venezolana comienza a moverse en busca del rescate pleno de la institucionalidad, como premisa sine qua non para una verdadera transición hacia la democracia. Se han multiplicado foros y debates, se movilizan los estudiantes, medios de comunicación audiovisual ayer con gríngolas hoy miran un espectro más amplio de la sociedad.
Las organizaciones no gubernamentales ven con expectativas mejoradas que comienzan a fructificar los esfuerzos en los que perseveraron aún en medio de un entorno hostil. Pero si en algún campo se necesitan acciones de urgente ejecución es en el de la libertad de expresión, información y prensa, que vienen a ser la piedra de toque para calibrar la vigencia de la democracia en cualquier sociedad.
Destaca por ello la iniciativa presentada esta semana por la Alianza por la Libertad de expresión, coalición de organizaciones civiles, gremiales, académicas y de derechos humanos dedicadas a la defensa de la comunicación para la construcción de la democracia. Fruto de sus debates, la Alianza acaba de presentar un Decálogo de Acción Inmediata para Restituir el Ecosistema Mediático Nacional, consistente en medidas y políticas que pueden llevarse a cabo a mediano y largo plazo y de forma simultánea.
Figura allí, en primer orden, el cese inmediato de la persecución judicial por ejercer la libertad de expresión que ha afectado a lo largo de estos 27 años a activistas e infociudadanos, activistas y trabajadores de la prensa. Y ya que con la liberación de Pedro Uribarrí y Jonathan Carrillo no quedan comunicadores detenidos, procede declarar el sobreseimiento en los procesos judiciales de todos los profesionales que lo estuvieron, pero también de organizaciones y medios de comunicación social.
Se requiere, sostienen, detener los ataques discursivos contra la prensa, evitar las «listas» discriminatorias o las inveteradas prácticas de estigmatización por parte de autoridades y funcionarios. Y que se ordene ejecutar el desbloqueo de páginas web y medios de comunicación por parte de la CANTV, Digitel, Telefónica Movistar y demás servicios de internet del país.
Exigen la derogación prioritaria de tres leyes restrictivas: la funesta Ley contra el Odio, de origen espurio en la «constituyente» del 2017; la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con la cual se ha acosado a las ONG.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (Conatel), señalan, debe recobrar su carácter técnico y reformar su composición y directiva «bajo criterios de transparencia, legalidad, legitimidad e independencia, en especial del Poder Ejecutivo».
Se pide ejecutar la devolución de las sedes, equipos de transmisión, antenas y mobiliarios que fueron confiscados de manera arbitraria a medios de comunicación social. De igual manera deben renovarse y devolverse las decenas de concesiones de radio y televisión que fueron revocadas arbitrariamente.
En cuanto al ejercicio de la profesión periodística resulta imprescindible, se exige ofrecer y garantizar el acceso pleno, seguro e independiente a las fuentes de información oficiales, una de las grandes restricciones. Y eso implica abrir las sala de prensa de la AN, del palacio de Miraflores, Cancillería, ministerios organismos públicos.
Lo mismo que el acceso a documentos que contengan información pública, como lo prevé la Constitución. Por último, exige la Alianza que cesen las amenazas, intimidación y agresiones por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad y grupos civiles hacia periodistas y trabajadores de la prensa como consecuencia de su labor informativa.
*Lea también: El torturador y sus víctimas, por Ángel Lombardi Lombardi
La verdadera reinstitucionalización del país, el saneamiento de todos sus poderes, constituye la condición indispensable para un efectivo y transparente proceso de transición que concluya en unas elecciones libres sin exclusión de potenciales candidatos ni de los electores en el exterior, como vimos en las elecciones presidenciales del 2024.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
