La ilegalidad sustantiva del rodrigato, por Gonzalo González
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El rodrigato, no es más ilegal e ilegítimo en tanto que detentador del poder por no respetar la normativa constitucional referente a las ausencias de quien ocupa la Presidencia de la República.
Tema con alto perfil en el debate político nacional; y que de alguna manera tapa el asunto de fondo sobre su status legal.
Lo real desde la constitucionalidad es que la condición de vicepresidenta de Delcy Rodríguez es, de entrada, ilegal e ilegítima porque su designación fue hecha por alguien que usurpaba el cargo de presidente producto de un fraude contra la soberanía popular expresada el 28 de julio de 2024.
Por lo cual, todas las decisiones y medidas adoptadas por ese gobierno están viciadas de nulidad. Además, los integrantes de esa administración de facto son corresponsables por acción u omisión de todos los delitos y acciones arbitrarias y abusivas ejecutadas.
Especial relevancia por su gravedad tienen los delitos cometidos contra los derechos humanos, civiles y políticos durante el gobierno de Nicolás Maduro – por lo menos desde el 28 de julio del 2024, cuando se instauró en toda su magnitud el terrorismo de Estado –.
Esa ilegalidad de origen se ha visto reforzada desde los sucesos del 3 enero, cuando por decisión del Gobierno de Estados Unidos aceptó asumir la presidencia de la República para supuestamente evitar un inconveniente vacío de poder en el país.Imposición que fue avalada por el Tribunal Supremo de Justicia mediante una sentencia estrafalaria y partisana – destinada a guardar las formas y a sentar las bases del continuismo –.
De todo esto ha resultado: que Venezuela se haya convertido con la complicidad de sus autoridades civiles y militares – a quienes la Constitución mandata como una de sus primeras obligaciones la defensa y preservación de la soberanía nacional del Estado – en un Protectorado de los EEUU.
Da pena ajena observar el servilismo y la diligencia de quienes dirigen al «Estado» con los mandatos y requerimientos del gobierno estadounidense.
Toda la postración y servilismo que presenciamos se hace con el interés exclusivo de los devenidos procónsules por mantenerse en el poder, aun a costa de sacrificar la soberanía nacional.
Uno hubiera esperado de los hasta hace poco rabiosos antimperialistas una actitud más digna y cónsona con su pregonado discurso nacionalista de la víspera del 3 de enero.
En resumidas cuentas, el Rodrigato carece de legalidad y legitimidad para dirigir el Estado porque su acceso al gobierno no es consecuencia de la soberanía popular tal y como reza el artículo 5 de la Constitución – formalmente vigente – y porque su instauración es producto de la violación de la soberanía nacional.
El reto histórico de la sociedad venezolana y de la dirigencia democrática es hacer todo lo necesario para que esta hora aciaga que experimentamos – responsabilidad exclusiva de quienes han violado sistemáticamente la Constitución y sacrificado los intereses nacionales en aras de mantenerse en el poder – sea superada lo más pronto posible.
Gonzalo González es politólogo. Fue diputado al Congreso Nacional.
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