La economía primero, la política después: una apuesta de riesgo, por Rafael Uzcátegui
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Desde el inicio del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez se ha instalado una narrativa insistente: la prioridad debe ser la recuperación económica. Según esta visión, los debates sobre democratización, elecciones, institucionalidad o legitimidad pueden esperar. Lo urgente es atraer inversiones, aumentar la producción petrolera, recuperar servicios públicos y generar crecimiento.
A primera vista, la propuesta parece pragmática. Después de años de crisis, millones de venezolanos desean mejoras concretas en sus condiciones de vida.
Sin embargo, detrás de esta narrativa se esconde una pregunta: ¿qué tan seguras son las inversiones realizadas en un contexto de incertidumbre constitucional?
La discusión suele centrarse en variables económicas. Se habla de incentivos fiscales, apertura a capitales extranjeros, flexibilización regulatoria y nuevas oportunidades de negocios. Mucho menos se habla de la estabilidad jurídica de las decisiones que se están tomando.
La Constitución venezolana establece límites claros para el ejercicio temporal de la Presidencia en caso de ausencia del titular. El gobierno de Delcy Rodríguez surgió de una situación extraordinaria y su continuidad está vinculada al cumplimiento de plazos y procedimientos constitucionales específicos.
Precisamente por ello resulta legítimo preguntarse qué ocurrirá con los actos adoptados durante este período si el interinato se extiende ilegalmente en el tiempo.
Varios artículos de la Carta Magna a tomar en cuenta: El 138 establece que «Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos»; el 137 «La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen»; El 139 «El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley» y el 25: «Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa».
La falsa separación
No se trata de una discusión académica. La historia latinoamericana ofrece numerosos ejemplos de contratos renegociados, concesiones revisadas y acuerdos anulados cuando cambian las circunstancias políticas o se cuestiona la legalidad de su origen. Ningún inversionista serio ignora este tipo de antecedentes.
El problema es particularmente relevante en sectores estratégicos. Las recientes modificaciones en materia petrolera y minera, las concesiones de explotación de recursos naturales y los contratos de interés público nacional comprometen al Estado venezolano durante años o incluso décadas. Son decisiones cuyos efectos trascenderán ampliamente el período actual.
Quienes sostienen que primero debe resolverse la economía y luego la política parecen asumir que ambos ámbitos pueden separarse. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario.
La confianza económica descansa sobre la confianza institucional. La inversión florece donde existen reglas claras, autoridades legítimas y mecanismos previsibles para resolver controversias.
La seguridad jurídica no consiste únicamente en que exista una autoridad capaz de firmar contratos. Consiste en que esos contratos mantengan su validez cuando cambien los gobiernos, cuando se producen alternancias políticas o cuando los tribunales revisen las decisiones adoptadas.
En otras palabras, la seguridad jurídica depende de la estabilidad del orden constitucional.
Por eso resulta paradójico que algunos actores promuevan agresivamente la llegada de inversiones mientras consideran secundarias las cuestiones relacionadas con elecciones, separación de poderes o legitimidad institucional.
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Lo que presentan como una agenda económica puede terminar generando exactamente el efecto contrario: aumentar la percepción de riesgo.
Sin una solución política que restablezca plenamente la legitimidad democrática y constitucional, toda recuperación económica corre el riesgo de construirse sobre bases frágiles. Y cuando los cimientos son inciertos, incluso las inversiones más prometedoras pueden convertirse en apuestas de alto riesgo.
Así que si usted está pensando en hacer inversiones en Venezuela, debe ser el primer interesado que se realicen elecciones a corto plazo que permitan colocar, en la cabeza de gobierno, a una persona legítimamente electa.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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