La deuda pendiente con la libertad, por Stalin González
Venezuela atraviesa un momento de transformaciones económicas profundas que marcan un punto de inflexión en nuestra historia. La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos es una muestra clara de ese giro: una apuesta por esquemas más cercanos al capitalismo, con mayor protagonismo de la empresa privada y la búsqueda de inversión extranjera directa.
Y, aunque durante años hemos exigido al régimen el cambio del modelo económico, para poder reactivar los sectores productivos nacionales clave, es fundamental entender que estos cambios —resultado de los eventos recientes— muestran solo una transición económica, no una transición política.
La diferencia no es menor. Para hablar de una verdadera apertura política se requieren condiciones que hoy no existen. La pluralidad de pensamiento sigue limitada, la represión y la censura no han cesado, persisten personas privadas de libertad por razones políticas y el Estado de derecho continúa seriamente debilitado.
Los derechos humanos y la institucionalidad no se reconstruyen con decretos económicos ni con reformas sectoriales. Es cierto que ningún proceso de transformación ocurre de manera instantánea, pero también lo es que toda transición real debe comenzar con señales claras, coherentes y progresivas de voluntad política. En este momento, esas señales no existen.
No podemos perder el norte. El objetivo estratégico del país no puede reducirse a una apertura económica aislada, desconectada de la democratización del poder. El desafío es que estos cambios económicos abran camino a la transición política, y no que la sustituyan o la posterguen indefinidamente.
La transición política es, sin duda, más lenta y compleja, porque implica ceder control, aceptar reglas del juego compartidas y reconocer al otro como actor legítimo. Pero precisamente por eso es indispensable comenzar a dar los primeros pasos y demostrar una voluntad real de avanzar en esa dirección.
El mayor riesgo que enfrenta Venezuela hoy es que la transición económica termine «pateando» a la transición política, dejándola fuera del juego. Sin acuerdos políticos amplios, sin respeto a los resultados electorales y sin reconocimiento de la existencia de otras fuerzas políticas, no habrá estabilidad duradera.
La historia reciente demuestra que los cambios impuestos desde arriba, sin consenso y sin instituciones sólidas, son frágiles y reversibles. Una transición política solo es posible a través de acuerdos que garanticen convivencia democrática, alternancia y reglas claras para todos.
El cambio económico es importante y necesario. Puede ayudar a atender problemas urgentes como el empleo, el salario, la producción y ciertos niveles de bienestar material, y a un sin fin de problemas que atravesamos todos los venezolanos desde hace muchos años. Pero también necesitamos más.
Sin libertades, sin derechos garantizados y sin instituciones confiables, los venezolanos no podrán gozar de una verdadera calidad de vida. Además, mientras persista el autoritarismo, siempre existirá el riesgo de que esos mismos cambios económicos sean revertidos, anulados o utilizados como herramientas de control político, devolviendo al país al punto de partida.
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La economía no puede convertirse en una coartada para aplazar la democracia. No existe desarrollo sostenible sin libertad, sin instituciones sólidas y sin respeto efectivo a la voluntad popular. El verdadero reto histórico es lograr que la transformación económica y la transformación política avancen de manera simultánea y coherente.
A los sectores democráticos del país nos corresponde asumir la responsabilidad de impulsar también el inicio del cambio político, abrir el camino de la transición y trabajar, con firmeza y realismo, por una Venezuela con democracia, libertad e institucionalidad plena.
Stalin González es político, abogado y dirigente nacional del partido Un Nuevo Tiempo
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