¿La cuenta regresiva del obradorismo?, por Ernesto Hernández Norzagaray
El Informe sobre la Democracia 2026 del V-Dem Institute, un análisis académico global coordinado por la Universidad de Gotemburgo que mide y clasifica la calidad de la democracia en el mundo, señala que el sistema político mexicano ha transitado de una democracia liberal a una «autocracia electoral».
Esta calificación regresiva llega en un mal momento para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se enfrenta a las presiones estadounidenses y a las múltiples elecciones que se celebrarán el 6 de junio de 2027 en México.
No hay dudas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomará nota de este informe y lo agregará a su discurso de que en México existe un «narcoestado» y de que la presidenta Sheinbaum no lo reconoce porque tiene miedo de combatir a los cárteles del crimen organizado.
El informe llega en mal momento también porque, aunque ahora según el oficialismo el nivel de aprobación de la presidenta es de más del 70%, en el poder legislativo la unidad entre Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), tiene grietas.
Una comisión presidencial integrada únicamente por militantes y funcionarios morenistas elaboró una iniciativa de reforma constitucional y reglamentaria que buscaba, con poco tacto, empoderar más a Morena pasando por encima de los intereses de sus aliados políticos.
El llamado Plan A de la reforma electoral constitucional contemplaba una serie de cambios que iban contra el financiamiento público a partidos políticos y promovían un nuevo modelo de representación política que no fue avalado ni por la oposición tradicional ni por los partidos aliados de Morena en el Congreso de la Unión.
Este rechazo provocó una embestida innecesaria contra quienes rompían la unidad o, mejor, rechazaban el papel sumiso que le asignaba el oficialismo. La quiebra logró repararse parcialmente con modificaciones al proyecto original, el llamado Plan B, que logró alinear al Partido Verde pero no al Partido del Trabajo, que ideológicamente está más a la izquierda del oficialismo.
Sin el voto de seis senadores del Partido del Trabajo no era posible alcanzar la mayoría calificada que implicaba un cambio en el pacto constitucional en este tipo de reformas, que exigen las dos terceras partes de ambas cámaras.
Ante esta realidad, la consulta de revocación de mandato prevista en la Constitución –un instrumento impulsado durante el mandato del presidente López Obrador por el que el presidente se somete a la opinión de los ciudadanos para determinar si debe continuar en el cargo o ser relevado– no se celebrará en forma concurrente a las elecciones constitucionales de 2027 sino, como está previsto, en 2028, sin campañas, ni injerencia legal, de los partidos políticos.
Esa consulta pondrá a prueba el alto nivel de aprobación que tiene Sheinbaum en las encuestas de percepción. Si la presidenta traduce esa aprobación en una victoria, la consulta le servirá para distanciarse de López Obrador y decidir sin interferencias en los comicios presidenciales de 2030.
Pero si es rechazada por más del 40% de los participantes, tendrá que abandonar el cargo y ser sustituida por alguien a quien nombre el Congreso de la Unión. Sería un golpe definitivo para la presidenta Sheinbaum y el llamado segundo piso de la 4T.
En ese caso, y aun cuando en el relevo ponga a un morenista, se mostraría que no tiene el apoyo del que presume, y tampoco un partido, un movimiento político, lo suficientemente arraigado en el «pueblo» de México.
Por el contrario, se haría visible una estratagema mediática insostenible que busca instalar la idea de que este partido es el único capaz de gobernar.
Así, haber presentado una iniciativa excluyente, sin el consenso de la oposición o, peor, sin considerar los intereses de sus aliados, fue un error de cálculo que estaba destinado a ser rechazado en la votación senatorial; o quizás, por qué no, una jugada del expresidente López Obrador para mantener alineada a Sheinbaum a sus intereses.
Ahora la presidenta tiene un triple desafío: restablecer la confianza entre los partidos que conforman la coalición Sigamos Haciendo Historia, conservar la coalición para los comicios de 2027 y ganar ampliamente la consulta de revocación de mandato.
Sin embargo, en estos días amargos para la presidenta Sheinbaum, la política sigue su curso dentro de los partidos aliados, que han demostrado que Morena, sin sus votos, no es lo que se vende en el mundo.
Ahora saben, dada la arrogancia mostrada en el texto constitucional, que tienen un peso específico más allá de chantajes y arreglos políticos e ideológicos.
La muestra de ese poder se observa en las disputas políticas anticipadas en algunos estados del país, donde liderazgos locales están marcando el rumbo. Esto obliga a realizar una operación política importante de cara a las candidaturas para la Cámara de Diputados y para los 17 de los 32 estados que renovarán sus gobiernos en junio de 2027.
El pronóstico es que no necesariamente Morena y sus aliados tendrán coaliciones en todos lados. Si bien podría ser que sigan siendo coalición en la mayoría de los distritos electorales, en otros podrían ir solos, con sus candidatos o en coalición con el Partido Verde y el Partido de los Trabajadores, y no hay que descartar, en otros distritos, coaliciones con la oposición tradicional del PAN, el PRI o Movimiento Ciudadano, cosa que debe de preocupar a los estrategas de Palacio Nacional y de Morena por haber abierto esta caja de Pandora.
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Independientemente del desenlace que pueda darse en 2027, lo evidente es que no serán elecciones como las de 2024, y previsiblemente, al final, si se mantiene la tendencia de rupturas y reacomodos, habrá una nueva distribución del poder en la Cámara de Diputados y los estados de la federación.
Sin embargo, los resultados que pudiera haber en 2027 no serán suficientes para contradecir el informe sueco sobre la calidad de la democracia, que la define como una «autocracia electoral».
Esta realidad no se puede revertir porque sería necesaria no solo una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, sino también en la de Senadores, y esto no estará en juego en 2027, sino en 2030. Cualquier reversa exige tener en ambas cámaras la mayoría calificada y mayoría en 18 Congresos locales.
Finalmente, algo que destacar en todo esto es que la gran coalición que se formó en 2018 y se ratificó en 2024 a favor del obradorismo ya no tiene el fuelle que tuvo durante la presidencia de López Obrador. Sostenerla exige mucho clientelismo y una renovación política y pactos.
No solo con los aliados, sino también con la oposición tradicional, que es necesaria ante la embestida del presidente estadounidense, Donald Trump, que pega una y otra vez en el ángulo político donde están actores morenistas presumiblemente vinculados a los cárteles del crimen organizado. Y más en estos días, cuando están en curso las negociaciones sobre la continuidad del T-MEC.
Ernesto Hernández Norzagaray es profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
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