La crisis institucional venezolana y la pérdida de liderazgo regional, por Jonatan Alzuru
En la Venezuela actual, el aumento del precio del petróleo ya no se traduce automáticamente en capacidad de acción estatal ni en influencia internacional. Más que un problema de precios, esta realidad revela un límite estructural: la renta petrolera no se convierte por sí misma en poder político. Antes, el alza del crudo garantizaba expansión fiscal, financiamiento externo y proyección regional. Pero hoy, incluso con precios elevados, el país no logra transformar ese recurso en influencia efectiva ni dentro ni fuera de sus fronteras.
La cuestión central no es cuánto petróleo produce Venezuela, sino las condiciones institucionales que determinan quién decide sobre ese recurso, cómo se comercializa y quién controla los ingresos. La producción y el financiamiento están mediados por intermediarios y actores externos, lo que evidencia una pérdida de autonomía económica derivada de un deterioro institucional previo: concentración del poder, expansión del ilegalismo y, finalmente, intervención estadounidense.
Esta situación no se explica solo por factores externos. Durante el gobierno de Hugo Chávez, el extraordinario incremento de los precios habilitó una política internacional activa, visible en iniciativas como Petrocaribe, un esquema de cooperación energética mediante el cual Venezuela suministraba petróleo en condiciones financieras preferenciales a países del Caribe. A través de este mecanismo, canalizó ingresos para financiar acuerdos energéticos, fomentar relaciones de dependencia y consolidar alianzas en el Caribe y Centroamérica.
Estos acuerdos resultaban racionales para los países receptores, pero descansaban en un excedente excepcional, no en una economía diversificada ni en una producción sostenible. Ese ingreso podía sostener la cooperación en el corto plazo, pero no constituía una base estable para una estrategia de integración de largo plazo.
En paralelo, las prácticas internas del poder debilitaron las instituciones, afectaron la industria petrolera, la red empresarial y erosionaron la capacidad productiva. El resultado fue una paradoja: el liderazgo regional se expandía mientras se deterioraban las condiciones económicas e institucionales que lo hacían posible.
Con Nicolás Maduro, estas tendencias se profundizaron: caída de precios, industria en declive, mayor militarización del Estado, economía desarticulada, expansión del ilegalismo y sanciones internacionales.
Esta incapacidad interna se reflejó también en las iniciativas de integración regional y en la estrategia de proyección política que Venezuela intentó sostener. Las organizaciones impulsadas durante el gobierno de Chávez no lograron consolidarse como instancias de apoyo ante la crisis –como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un mecanismo de cooperación política, económica y solidaridad mutua basado en acuerdos compensados y financiamiento estatal, o la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), concebida como un espacio de coordinación política regional que implicaba distintos campos: política, economía, infraestructura, defensa y salud–.
Estaban ancladas en acuerdos contingentes y dependían de recursos excepcionales. Al mismo tiempo, la evolución del régimen intensificó las decisiones arbitrarias y los ilegalismos, debilitando la confianza de los países socios y reduciendo su disposición a sostener la cooperación, incluso cuando existía afinidad ideológica.
Integración regional, excedente e intereses
El caso venezolano permite distinguir dos formas de integración regional, no tanto definidas por la ideología como por los mecanismos que las sostienen. Algunos modelos dependen de transferencias de recursos desde un país con excedente excepcional. La cooperación puede ser beneficiosa en el corto plazo, pero su continuidad queda atada al financiamiento. Petrocaribe y, en parte, ALBA –basada en financiamiento estatal y acuerdos compensados– siguieron esta lógica, apoyados en una diplomacia energética sustentada en recursos petroleros, como ha ocurrido en otros esquemas donde la sostenibilidad depende más del flujo de recursos que de estructuras productivas compartidas.
Otras dinámicas se sostienen en intereses económicos estables: comercio intrarregional, estructuras productivas, inversiones y mercados compartidos. En estos casos, la integración no depende de decisiones coyunturales ni de ingresos extraordinarios, sino de relaciones económicas que generan incentivos permanentes para su continuidad, como ocurre en esquemas sustentados en comercio y cadenas productivas regionales.
Un caso ilustrativo es Mercosur: el comercio intrarregional entre Brasil y Argentina, especialmente en la industria automotriz, se organiza en cadenas productivas integradas que distribuyen la producción y el intercambio de autopartes y vehículos, generando interdependencia; esta estructura crea incentivos permanentes para sostener el bloque –incluso en crisis o divergencias políticas– debido a los costos económicos de su interrupción.
La diferencia, por lo tanto, no es solo ideológica o institucional, sino que radica en las prácticas económicas que sostienen cada modelo: unos descansan en transferencias, otros en intereses estructurales.
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Contraste regional
La experiencia latinoamericana reciente ilustra las consecuencias de esta diferencia. ALBA, Unasur o Petrocaribe estuvieron vinculados a momentos políticos específicos y a la disponibilidad de recursos venezolanos: su dinamismo respondía al financiamiento y a alineamientos gubernamentales. Cuando estas condiciones desaparecieron, estos espacios se paralizaron o perdieron relevancia, dejando al descubierto su fragilidad.
En contraste, procesos como Mercosur han persistido a pesar de cambios ideológicos entre gobiernos porque están sostenidos por comercio intrarregional, intereses empresariales y estructuras productivas que generan costos de salida y beneficios de permanencia. Esa base material introduce una inercia que no depende de afinidades políticas.
La experiencia venezolana muestra que el liderazgo internacional no puede construirse sobre excedentes económicos, sino sobre una base productiva e institucional estable. Un excedente puede financiar poder de forma temporal, pero no sostenerlo. El problema de Venezuela no fue la caída del precio del petróleo, sino la confusión entre renta y poder estructural.
El poder de un Estado depende de su capacidad institucional y económica para producir y reproducir riqueza. Cuando esa capacidad se erosiona, el poder se vuelve transitorio, la integración se debilita y la autonomía se pierde.
