La ciudad, los políticos, los urbanistas, por Marco Negrón
Hace ya unos cuantos años que, empezando por Caracas, la capital y la más emblemática, las ciudades venezolanas registran un desempeño deplorable. La crítica más común se refiere, con razón, al desmesurado crecimiento de la llamada ciudad informal que aloja a más del 50% de la población urbana del país, una cifra que excede largamente el promedio de la región pese a los extraordinarios recursos que, gracias a la renta petrolera, el Estado ha recibido durante casi un siglo.
Pero tampoco el resto de la ciudad ha sido un dechado de virtudes urbanísticas. En el caso de Caracas, ella comienza a expandirse territorialmente a partir de la década de 1940, siguiendo, con el florecimiento de las urbanizaciones de viviendas unifamiliares, el patrón del suburbio norteamericano; pero el mayor impacto ocurrirá a partir de la década de 1960, cuando la creación de la banca hipotecaria impulsa el boom de la vivienda en propiedad horizontal que en numerosos casos irrumpe sobre la trama urbana ya desarrollada, sustituyendo por torres las viviendas unifamiliares sin desplegar el instrumental adecuado: apenas simples ordenanzas de zonificación pero no, como se requería, planes de renovación urbana.
El resultado fue sobrecargar las infraestructuras y equipamientos preexistentes, lo que condujo al deterioro del medio urbano y la degradación de la calidad de vida. Incluso, sustituyéndolo por oficinas y comercios, en casos prominentes se llegó a la total erradicación del uso residencial original, dando origen a barrios anónimos que mueren con la caída del sol.
La responsabilidad principal por esas situaciones es, desde luego, de los gobiernos locales: aunque ya en el último tercio del siglo pasado se hizo evidente la inadecuación de esos instrumentos, no se registraron señales de rectificación; que se insista en esa misma línea en un contexto socio-económico tan recesivo como el actual carece de toda explicación
Pero lo anterior no puede ocultar la existencia, también, de una responsabilidad profesional. En primer lugar porque esos gobiernos locales, al menos en las ciudades principales, cuentan con oficinas técnicas que han avalado dichas actuaciones; luego porque los desarrollos derivados de ellas han sido convalidados tácitamente con la firma de los profesionales responsables de los correspondientes proyectos; y por último porque el gremio en cuanto tal y aquí nos referimos específicamente al CIV-, aun cuando no ha dejado de interesarse en los temas urbanos, sí ha soslayado los dos aspectos que son cruciales en esta hora: los relativos a las formas de planificar y gestionar la ciudad.
Hoy, como la nación, la ciudad venezolana atraviesa quizá su coyuntura más crítica, alcanzando niveles de deterioro sin precedentes que le exigen superar tanto el modelo de desarrollo predominante durante el siglo pasado como el desbarajuste del actual, reconociendo que, ahora con más razón, la respuesta no está en fórmulas convencionales y de tan escasa eficacia como las ensayadas hasta el presente.
Para encararla debe abrirse un debate urgente que, teniéndola como centro, vaya más allá de la ciudad; en este corresponde a la academia asumir el liderazgo en cooperación con los gobernantes locales y los gremios profesionales, reconociendo que será imposible superar la devastación actual sin diseñar estrategias de austeridad y resiliencia que dejen atrás la retórica soberbia pero vacía de la “Venezuela saudita” del pasado y del “país potencia” del delirio chavista.
