La CIDH y la protección de derechos en Venezuela, por Marino J. González R.
El 28 de agosto, en sesión del Consejo Permanente de la OEA, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberta Clarke, acudió para presentar un informe sobre la crisis de derechos humanos generada en Venezuela a partir de la elección presidencial del 28 de julio.
Señaló la presidenta Clarke la condena de la CIDH a las prácticas de violencia institucional tales como, represión, detenciones arbitrarias, y persecución política, en el contexto de la elección presidencial. Se destacan en el informe cinco expresiones de estas prácticas violatorias de derechos humanos.
La primera expresión es el uso arbitrario de la fuerza contra manifestantes lo cual resultó en 23 fallecidos entre el 28 y el 30 de julio. Señala el informe que según el Mecanismo de Monitoreo Especial de Venezuela (Meseve), diez de estas muertes se atribuyen a las fuerzas del Estado, ocho a las fuerzas militares y dos a la policía.
La segunda expresión de estas prácticas violatorias se manifiesta en los 1.674 arrestos arbitrarios y desapariciones reportadas hasta la presentación del informe (28 de agosto). Destaca el informe que estas personas afectadas pertenecen a grupos de voluntarios electorales, trabajadores de medios de comunicación, defensores de derechos humanos, estudiantes universitarios, para muchos de los cuales se desconoce su localización.
La persecución y acoso constituyen la tercera expresión de las prácticas violatorias reportadas en el informe de la CIDH. Estas se manifiestan en penas excesivas, restricciones a la libertad de expresión, y en violaciones del debido proceso, tales como, imposición de defensores públicos, incomunicación de adolescentes, impedimento del acceso de personas de etnias indígenas a intérpretes, y dificultades para las personas con discapacidad.
También incluye el informe de la CIDH como cuarta expresión de prácticas violatorias las 108 agresiones a la libertad de expresión, incluyendo las detenciones arbitrarias de trabajadores de medios de comunicación, el cierre de medios, confiscaciones de equipos, y la deportación de personal de medios internacionales.
Finalmente, la CIDH expresa preocupación por la represión ejercida sobre representantes de organizaciones de derechos humanos a través de detenciones arbitrarias, acoso, limitaciones a la libertad de tránsito y de asociación.
En el último informe de Foro Penal del 2 de septiembre se indica que el total de presos políticos desde el 29 de julio es 1.659. Conviene reiterar la solicitud de la CIDH para la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente, y el respecto a las garantías judiciales, incluyendo el debido proceso, especialmente, pero no exclusivamente, para niños, adolescentes, personas pertenecientes a etnias indígenas y personas con discapacidad. Esperemos que esta exigencia de la CIDH sea atendida en su integralidad con la mayor celeridad.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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