La caída del líder no es el fin del sistema, por Luis Ernesto Aparicio M.
Lo ocurrido la madrugada del pasado sábado ha abierto una serie de dudas que, lejos de disiparse con el paso de las horas, parecen profundizarse. Porque lo que muchos, en medio de sus angustias cotidianas, esperaban no era únicamente un grito de libertad ni un desenlace abrupto, sino el inicio de un proceso transitorio real que condujera, conforme a lo que la Constitución establece con claridad, a la restitución de la democracia.
En cambio, lo que se percibe hoy es un escenario cargado de incertidumbre, donde abundan las preguntas y escasean las certezas.
Lejos de generar un respiro institucional o de abrir una rendija que indicara que la estructura gobernante comenzaba a ceder, los acontecimientos recientes parecen apuntar a otra cosa: a una transformación del poder que conserva sus complicidades, recicla sus lealtades y se adapta para sobrevivir.
Más que un quiebre, lo que asoma es una continuidad bajo nuevas formas, una reorganización del mismo entramado que ha sostenido al régimen durante más de dos décadas.
Tras la salida de Nicolás Maduro, lejos de aclararse el panorama político venezolano, se refuerza una visión borrosa de lo que algunos intentan presentar como el inicio de una transición. Incluso aparece, de manera preocupante, la amenaza de una imposición de algo que ya el pueblo venezolano ha probado y ya es de mal gusto.
Resulta llamativo —y revelador— que en ese discurso la palabra democracia quede relegada, sustituida por promesas vagas de estabilidad o por la urgencia de un cambio sin método ni reglas claras.
Como muchos colegas y observadores, no puedo dejar de señalar que lo ocurrido desde ese sábado no constituye en sí mismo un cambio político. Tampoco es una transición, por más que se intente presentarla de forma apresurada y simplificada.
Es, en el mejor de los casos, la salida de un líder visible de una estructura de poder, pero no el desmantelamiento de esa estructura ni de la lógica que la sostiene. Con Maduro o sin él, el estilo de gobierno instalado desde 2002 sigue allí.
No se fue con quien durante años figuró como su principal rostro. Podrán existir tensiones internas, reproches o fricciones producto del estrés que generaron los hechos recientes, pero esas diferencias rara vez rompen un sistema que funciona como una máquina de codicia y ambición, capaz de recomponerse cuando sus intereses fundamentales están en juego.
A estas alturas, resulta difícil creer que alguno de los actores centrales de ese entramado estuviera dispuesto a entregarse o a dar paso a una transición real sin formar parte de ella. Y aunque cueste admitirlo, eso es precisamente lo que exige una transición genuina: un proceso acordado entre las partes, con reglas, tiempos y garantías, no un acto de fuerza, ni la simple pretensión de «»tomar el poder»» o anunciar que se está listo para ello.
Más aun cuando existe un antecedente ineludible: la decisión mayoritaria expresada por los venezolanos en julio de 2024. Ignorar ese mandato, o pretender sustituirlo por una imposición o por la desaparición forzada del adversario político, no acerca a la democracia; la debita. Porque la democracia no se construye sobre el vacío, sino sobre la canalización institucional del conflicto.
La política —nos guste o no— se rige por acuerdos, por equilibrios y por transiciones imperfectas. Como ya lo hemos manejado en anteriores artículos, insistir en que el cambio solo puede producirse mediante la aniquilación no solo contradice la práctica democrática, sino que abre la puerta a la instalación de un nuevo autoritarismo.
*Lea también: La realidad post Maduro, por José Ángel Ocanto
Este fenómeno hoy se expande en distintas regiones del mundo con discursos distintos, pero con una misma lógica de fondo: la concentración del poder en nombre de una promesa redentora.
Lo que está en juego no es solo el destino inmediato de Venezuela, sino la forma en que entendemos el cambio político en tiempos de crisis: si como un proceso complejo que exige negociación, responsabilidad y respeto al marco constitucional, o como un atajo peligroso que, en nombre de la libertad, termina reproduciendo las mismas prácticas autoritarias que dice combatir.
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Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
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