Cambio de gobierno en Arco Minero de Venezuela: ¿quién manda y quién cobra en las minas?
Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca revelan cómo la caída de Maduro y la incursión armada del 9 de junio en el estado Bolívar no erradicó las estructuras mafiosas en el Arco Minero: instauró un «cambio de gobierno» bajo el sello de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
Las promesas de desarticulación criminal tras las intervenciones de Estados Unidos en Venezuela resultaron ser un espejismo en el sur del país. Ni el desplazamiento de los grupos armados ni la recuperación del territorio se hicieron realidad. Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 y las operaciones que apuntaron a la cúpula del Tren de Aragua —como la presunta ejecución de alias ‘Niño Guerrero’—, las dinámicas delictivas que alimentan la minería ilegal siguen intactas. Solo cambiaron de manos.
Con un reportaje sólido del actual mapa criminal en el Arco Minero de Venezuela, que ejemplifica las dinámicas delictivas del negocio del oro en América del Sur y sus conexiones con el poder político, iniciamos la publicación de la nueva serie investigativa Dorada Opacidad: Poder y crimen en la tierra del oro, continuación del proyecto transfronterizo ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2025, coordinado por Convoca en alianza con periodistas y medios de cinco países de la región.
En esta primera entrega, Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca revelan cómo la caída de Maduro y la incursión armada del 9 de junio en el estado Bolívar no erradicó las estructuras mafiosas: instauró un «cambio de gobierno» bajo el sello de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Nuestro equipo periodístico ingresó al corazón del Arco Minero del Orinoco, en el eje Las Claritas-Kilómetro 88, donde se ubica uno de los depósitos auríferos más grandes del mundo. Ahí, la ley ya no la dicta el “Sistema” —la alianza criminal entre alias ‘Juancho’ y el ‘Tren de Aragua’— sino el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO).
Bajo el pretexto de combatir el crimen, cientos de efectivos militares, secundados por hombres armados sin identificación y helicópteros a baja altura, tomaron la zona para asumir el monopolio de la extorsión. Desde cobrar cuotas de hasta 20 gramos de oro (unos 2.000 dólares) a los dueños de molinos a cambio de registros informales, hasta despojar de fragmentos del metal a recolectores de basura en las calles.
La orden dada a los mineros tras la incursión fue explícita y directa: seguir operando sin descanso. Debían “producir como lo mandaba la comandante Delcy Rodríguez (presidenta encargada de Venezuela)”, dijo un capitán de la FANB a los trabajadores mineros entrevistados para esta investigación periodística. Mientras el tutelaje de Estados Unidos sobre Venezuela tras la caída de Maduro busca reconfigurar el negocio energético y minero para asegurar beneficios, en el terreno las economías ilícitas se bancarizan a través de criptomonedas y continúan sometiendo a la población.
Para este reportaje, el equipo de ARI entrevistó a más de una veintena de fuentes, entre comerciantes, molineros, policías, habitantes de los diversos pueblos mineros, religiosos y funcionarios de gobiernos locales, un trabajo sólido de campo que permitió identificar la nueva gobernanza criminal del Arco Minero.
Esta nueva edición de Dorada Opacidad sobre los nexos entre el poder político, las redes criminales y el negocio del oro en Venezuela y Perú, cuenta con el apoyo del Pulitzer Center.
En su primera serie investigativa, Dorada Opacidad demostró cómo el tráfico masivo de oro opera en cinco países de América del Sur (Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela), donde más de 3.000 toneladas del mineral exportadas entre 2013 y 2023 tenían un origen desconocido y fueron maquilladas como legales.
Un equipo de cerca de 20 periodistas de Convoca.pe (Perú), Repórter Brasil, Plan V (Ecuador), Consejo de Redacción y Rutas del Conflicto (Colombia). Armando.Info y la Alianza Rebelde Investiga –integrada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual– (Venezuela) expuso las redes de blanqueamiento que alimentan a los mercados internacionales: desde el uso de la planta de Minera Laytaruma en Perú para camuflar oro ilegal como pequeña minería, hasta redes de empresas fantasmas en Ecuador, pasando por la nueva arquitectura criminal que maneja el metal venezolano y el uso de registros falsificados en Colombia y Brasil.
Ahora ingresamos a los pasillos del poder político y la trama criminal en los territorios del oro.
Puedes leer aquí el reportaje completo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
