Hambre ¿caridad o justicia?, por Gioconda Cunto de San Blas
«Por un tiempo considerada la “Arabia Saudita” de América del Sur, hoy Venezuela se parece más bien a Siria. Destruida económicamente e inestable socialmente, el país ahora lucha contra un espectro más alarmante: el hambre». Así comienza un extenso trabajo publicado por el reputado diario inglés The Guardian, artículo en el cual las imágenes reflejan con cruda elocuencia el drama que vivimos como sociedad.
Ya el programa ENCOVI (Encuesta de condiciones de vida), llevado adelante con el concurso de tres prestigiosas universidades venezolanas (UCV, USB y UCAB) desde 2014, nos había alertado sobre el incremento de la pobreza en Venezuela; como dato revelador en 2018, 80% de los hogares presentaba riesgo de inseguridad alimentaria, debido a que 90% de la población no tenía ingresos suficientes para comprar alimentos (en abril de 2020 se requirieron 184 salarios mínimos para cubrir la canasta básica alimentaria mensual de una familia de 5 miembros).
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Tales cifras han hecho que hoy Venezuela haya sido clasificada con el dudoso honor de ser el cuarto país con mayor crisis alimentaria en el mundo, con 9,3 millones de personas (un tercio de la población) en urgente necesidad de asistencia humanitaria, detrás de Yemen, la República Democrática del Congo y Afganistán, según el reciente Reporte Global de Crisis Alimentarias 2020. De ellos, 2,4 millones presentan serios problemas de inseguridad alimentaria, a los cuales se añaden 1,2 millones de migrantes venezolanos en Colombia y Ecuador en situación similar, que forman parte de ese contingente de más de 5 millones de venezolanos que hacen de nuestro país el segundo con mayor crisis de desplazamiento de población, detrás de Siria.
El reporte global ya mencionado, sin embargo, ha sido sujeto a críticas por parte de un destacado grupo de 8 organizaciones nacionales dedicadas a temas relativos a nutrición, que en un documento respaldado por 80 instituciones y 107 individualidades, reclaman insuficiencias en el reporte global que atenúan la dramática situación actual de Venezuela, con consecuencias negativas en la prosecución de ayuda para enfrentar esta emergencia humanitaria compleja.
En dicho documento se reconoce el esfuerzo realizado en los dos últimos años por algunos organismos y agencias internacionales para visibilizar la magnitud de la grave situación venezolana. Entre ellos, los pronunciamientos de Unicef en 2018, el de los relatores especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ese mismo año y la visita de la Alta Comisionada en 2019, así como la instalación formal en 2019 de la arquitectura humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) a través de la representación en el país del Clúster Mundial de Nutrición.
No obstante, el manejo desactualizado de las informaciones sobre la situación alimentaria y nutricional de Venezuela, en algunos puntos con 11 años de retraso, hace que el lector del reporte global pierda la dimensión del problema en el curso de años recientes.
Un ejemplo en este sentido es que, con base en información inadecuada, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) excluyó a Venezuela de los países apoyados en su plan de acción frente a la pandemia por Covid-19, una omisión que representa la pérdida de una oportunidad de protección para millones de venezolanos que viven con limitaciones profundas en su acceso a servicios básicos determinantes, entre otras cosas, de la propagación del virus.
Otro elemento a reclamar es que en el reporte global se incluye a Venezuela como ejemplo en distribución de alimentos a través de las llamadas Cajas CLAP, cuando está documentada la corrupción en la ejecución de ese programa, la ineficiente composición nutricional de los productos allí repartidos, la inoperancia del sistema de distribución, en medio del más alto contexto hiperinflacionario del mundo, con repercusiones sobre los ínfimos ingresos familiares y el escaso poder adquisitivo de las familias. Resultado: el mantenimiento de la población vulnerable en hambre crónica.
Y mientras esto ocurre, la cuarentena impuesta a los vecinos para protegernos del coronavirus y resguardar al régimen de protestas ciudadanas por la falta de gasolina, ha hecho que las pocas granjas y fincas dedicadas a la producción agropecuaria hayan ido perdiendo sus productos, al tener serias dificultades para hacerlos llegar a los consumidores.
Una Venezuela famélica que espera por los nutrientes que otra Venezuela debe desechar por no poder mantener la ca4dena de distribución, afectada por un proceso progresivo de desmantelamiento y destrucción institucional.
El hambre, un tema de inaplazable resolución en esta Venezuela devastada que clama por justicia social.
