Hacia una junta de gobierno, por Alexis Alzuru
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La democracia venezolana no se reconstruye con otra carrera presidencial. Ese es el error que algunos prefieren no discutir.
La Venezuela de 1998 no era un país vacío. Tenía capital humano, universidades activas, centros de investigación, una pujante clase media de cuatro millones de personas y una masa crítica creciente. Era una sociedad con problemas, sí, pero con recursos, instituciones y capacidades. Y, aun así, esa sociedad se movilizó con sus votos para sepultar su democracia.
Ese hecho debería generar una mínima reflexión. Porque si aquella sociedad, con más estructura y mejores condiciones, no preservó su democracia, ¿por qué exigirle a la Venezuela actual –desinstitucionalizada, empobrecida, saqueada y emigrada– que la restituya de inmediato y a través del mismo mecanismo?
La consigna «elecciones ya» simplifica un problema que ha tenido consecuencias nefastas para la democracia: Presenta el voto como solución única y automática.
Sin embargo, la historia de Venezuela demuestra exactamente lo contrario: el hecho electoral sustituyó la construcción del consenso político y abrió la puerta al personalismo, autoritarismo y al más puro resentimiento.
Votar no basta. La democracia exige condiciones previas. Necesita ciudadanos con autonomía material, pensamiento crítico, instituciones mínimas y un tejido social capaz de sostener los arreglos. Sin esas precondiciones, el acto electoral se convierte en una emboscada: cambia nombres, pero conserva la misma lógica del poder. Una lógica que es incompatible con cualquier democracia estable.
Ese punto debería ser el foco del debate sobre la transición.
La Venezuela de este tiempo no perdió capital intangible únicamente. También comenzó a perder la capacidad de reproducirlo. La fuga de talento, el colapso educativo, el deterioro institucional y la precarización del salario empobrecieron una buena parte del terreno sobre el que debería reconstruirse la democracia.
Por eso la secuencia de la agenda política importa. Primero un acuerdo sobre aquello que ningún gobierno debería desmantelar. Luego las presidenciales.
Primero un pacto sobre el ingreso, porque sin estabilidad económica no existe deliberación. Primero un trato sobre la educación, porque sin formación no habrá ciudadanía autónoma.
Primero un compromiso para recomponer del tejido social porque de lo contrario no habrá equilibrio político ni electoral. Invertir ese orden no es audacia. Es irresponsabilidad.
La pregunta no es si los venezolanos debemos volver a votar. Por supuesto que debemos hacerlo. Pero la pregunta es otra: ¿en qué condiciones podremos votar sin volver a destruirnos social y políticamente?
El regreso a la democracia no puede plantearse como un evento de meses. Debe pensarse como un proceso de reconstrucción nacional. Y ese proceso necesita un mecanismo transitorio, plural y con la suficiente autoridad para estabilizar el país, atender la emergencia social y pactar un piso mínimo de convivencia. Ese mecanismo tiene nombre: una junta de gobierno.
No una figura decorativa. No otro encuentro entre los cómplices de siempre. No un reparto de cuotas entre partidos sin pueblo.
Una junta de gobierno debe servir para impedir la personalización de la transición y obligar a construir acuerdos básicos sobre lo que el nuevo Estado deberá garantizar a todos los venezolanos. Ese tipo de acuerdos no se negocian en una campaña presidencial. Por eso, la junta de gobierno no debería durar meses. Debería permanecer durante el tiempo restante del actual período presidencial: cuatro años para resetear a Venezuela.
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Para reconstruirla y redefinir la canasta mínima de condiciones sobre la cual pueda re-enmarcarse la democracia.
Saltarse ese proceso no acelerará la llegada de la democracia. Solo acelerará otra frustración. Porque unas presidenciales pueden cambiar un gobierno. Pero, por sí solas, no construyen una sociedad capaz de reactivar sus libertades.
Alexis Alzuru Aponte es Doctor en Ciencias Políticas. Magíster y Licenciado en Filosofía. Profesor jubilado de UCV.
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