Hacia la participación democrática, por Jesús María Casal

Uno de los temas sobre los cuales hay que trabajar en estos tiempos en que la sociedad insiste en sus reclamos de democratización es el de la participación ciudadana. La Constitución proclama el carácter participativo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a todos los niveles, y la participación es también expresión de un derecho humano y un elemento transversal a la Constitución.

Si algún compromiso constitucional está pendiente de cumplimiento es el referido a la participación comunitaria y ciudadana. Deben promoverse espacios de protagonismo de la comunidad organizada en relación con la formación, ejecución y control de la gestión pública. En estos años se han dictado leyes alusivas al poder popular que, bajo esta categoría, encubren en buena medida procesos centralizados, ideológicamente condicionados y clientelares, que amenazan además recursos y competencias de instancias electas de gobierno en el ámbito de los Estados y sobre todo de los Municipios.

Este es otro campo de la vida nacional en que son necesarias reformas profundas, no para limitar la participación popular ni para hacer tabula rasa, sino para reconducir a la Constitución las experiencias en desarrollo e impulsar la participación libre y plural, así como la iniciativa social y personal para el fomento de fórmulas de mejora de las condiciones de existencia en las comunidades. Esto debe hacerse sin atentar contra las atribuciones de las autoridades electas por el pueblo en ejercicio de la soberanía consagrada en el artículo 5 de la Constitución. Adicionalmente, han de observarse los mandatos constitucionales que vinculan la participación con la descentralización, en lugar de instrumentalizar instancias pretendidamente comunitarias y usarlas para poner en entredicho el federalismo.

La Constitución contempla el ejercicio directo de la soberanía por el pueblo, pero las formas en que esta se manifieste tienen que ser compatibles con los canales electivos y representativos constitucionalmente establecidos.

Debe eliminarse la referencia al socialismo contenida en las distintas leyes vigentes y debe dictarse una Ley Orgánica sobre los Medios de Participación Política y Comunitaria, que fije el marco dentro del cual otras leyes precisen mecanismos de participación en lo político y en lo social, de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución.

Es indispensable un debate nacional y comunitario sobre estas reformas, para que estas potencien con libertad e inclusión las iniciativas en curso y apuntalen otras que emerjan en ejercicio de la libertad de asociación y demás derechos fundamentales conexos y en conformidad con el marco constitucional democrático. Esto debe estar acompañado de los esfuerzos destinados a recuperar el espacio cívico y el disfrute de las libertades que lo hacen posible, así como a favorecer las condiciones para la participación electoral.

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