Hace falta una legislación especial sobre tráfico y trata de personas, por Beltrán Vallejo
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En este país hay silencios llamativos. Hay temas de dramática y terrorífica cotidianidad, y sin embargo los mismos sólo son noticia cuando suceden desgracias escandalosas como los naufragios de embarcaciones entre Venezuela y Trinidad y Tobago con su secuela de ahogados y desaparecidos, evidenciando así el daño que genera el tráfico ilegal de personas y su otro delito que va de la mano, el de la trata de personas.
Según algunos organismos internacionales y algunos gobiernos extranjeros, hay un registro oficial de venezolanos con algún estatus migratorio, medianamente exacto, que abarca unos 6.133.473 individuos en condición de refugiados, migrantes o solicitantes de asilo. Repito, eso de manera “oficial”; sin embargo, hay certeza de que la cifra migratoria supera los 7 millones si incorporamos a esa masa de venezolanos que han llegado a una variedad de países de manera ilegal o en operaciones de tráfico desarrollados por mafias y coyotes venezolanos y extranjeros.
Es decir, lamentablemente, debido a la crisis humanitaria, hay muchos compatriotas que han caído en las manos de organizaciones que practican el delictivo del tráfico ilegal y de la trata de personas, un oscuro negocio que es el cuarto en el mundo en rendimiento económico.
Ante esta tragedia, es patético el hecho de que en esta Venezuela chatarrera haya una palpable ausencia de una legislación adecuada, completa e integral sobre la materia del tráfico ilegal de personas y sobre la trata de personas, entendiendo que hay el convencimiento, por el sinnúmero de denuncias e investigaciones, de que puede haber miles de venezolanos traficados ilegalmente a otros países y explotados sexualmente o forzados a ser mano de obra esclava o semiesclava o haciendo trabajos delictivos, ya sea robando para alguna mafia en alguna calle de Lima o traficando droga en alguna acera bogotana.
Considerando esta perspectiva, es pertinente entonces profundizar la legislación sobre esta materia del tráfico ilegal y trata de personas, ya que está contemplado ese tema en nuestra Constitución, pero apenas es un capítulo más en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia y en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, donde no se criminalizan todas las formas de trata de personas.
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Debo reconocer que Tarek William Saab abrió investigaciones el año pasado sobre el aumento de la explotación sexual y mendicidad forzada de niños y adolescentes en Caracas, y también informó de la desarticulación de una red de trata de personas en esos días, y previo a eso creo en el año 2019 la fiscalía 96 Nacional para atender la trata de niños, niñas y adolescentes, y la Fiscalía 95 Nacional para atender la trata de mujeres. Pero como dije antes, esas acciones son insuficientes debido a la ausencia de una legislación completa que atienda el fenómeno del tráfico y trata de personas en todas sus dimensiones y fases, y de ahí la necesidad de desarrollar un marco legal donde se contemple la creación de una figura como el Consejo Nacional contra el tráfico ilegal y trata de personas, que trabajaría como instancia de coordinación de la legislación, la persecución y la prevención de esos delitos, y para el desarrollo de mecanismos de protección, atención y reintegración de las víctimas, y se atendería lo relacionado con la cooperación internacional porque se trata de delitos con expresión trasnacional.
Que se abra la reflexión y la búsqueda de soluciones al calvario de los venezolanos que son víctimas de las distintas formas de esclavitud moderna y del coyotismo.
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