Torrealba: Quienes liquidaron a sus empleados se meten en un problema
Francisco Torrealba manifestó que con el aumento de salario «se alcanzó una inmunidad» y advirtió que aquellos que hayan querido liquidar a sus empleados «se meten en un problema»
El constituyente Francisco Torrealba aseguró que las nuevas medidas económicas propiciadas desde el Ejecutivo han logrado «renacer» el trabajo y devuelto el poder adqusitivo a los trabajadores, aunque espera que en los 90 días -que actualmente corren para que el plan de Maduro sea pleno- puedan elevarse los niveles de producción para que las sostengan.
Entrevistado en VTV, Torrealba aseguró que cúpulas empresariales como Fedecámaras, Consecomercio y Conindustria han preferido «aplicar recetas del Fondo Monetario Internacional». Sin embargo, dijo que no todos los empresarios son malos, solo aquellos que «denigran» las políticas de Nicolás Maduro. En ese sentido, recalcó los acuerdos que se han alcanzado con representantes de la empresa privada y acotó que la meta es que el ingreso mínimo «no esté por debajo del costo de la canasta básica».
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Aseveró que no hay razones para que los trabajadores de empresas sean echados a la calle por las nuevas medidas, ya que el Gobierno se comprometió a subsidiar por tres meses a aquellas que no puedan cumplir con los compromisos salariales mientras se ajustan a los ritmos de pago. «Ya nosotros sabemos que hay salarios y que eso tendrá inmunidad», debido a que el bolívar soberano «está anclado al petro».
Dijo que los trabajadores «tienen la orden» de salir a la calle «contra el que intente salirse de las normas establecidas». Señaló que ya en la administración pública existen escalas salariales y que el salario se ha ido ajustando a lo ya anunciado.
Recalcó que hay empresarios que han asumido los costos del salario mínimo sin recurrir a la ayuda ofrecida por el Gobierno y agregó que «nadie se va a quedar sin recibir el salario mínimo».
Descartó que este subsidio anunciado por el Ejecutivo sea un préstamo para que las empresas paguen posteriormente lo que les fue prestado. Recordó que el mismo es transitorio y por un lapso de 90 días.
Manifestó que aquellos que cierren la empresa o liquiden a sus trabajadores por no poder asumir costos «se está buscando un problema» porque la Ley del Trabajo está vigente y el articulado garantiza la estabilidad. En ese sentido, subrayó que los empleados no pueden ser despedidos a menos que haya una causa justa.
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«El que haya sido despedido, tiene todo el derecho a ir a la Inspectoría del Trabajo porque van a tener que pagar los salarios caídos».
Se refirió al informe presentado por el experto independiente de la ONU, Alfred de Zayas, sobre los Derechos Humanos en Venezuela. Aunque dijo que no estaba de acuerdo «en varios puntos», afirmó que se establece con claridad que el Gobierno de Estados Unidos junto a otras naciones que se ha generado un «bloqueo financiero» que impide la compra de medicinas y alimentos, lo que a su juicio puede ser calificado un crimen de lesa humanidad.
