Familiares de las víctimas piden a ONU castigar a responsables de crímenes del gobierno
Alfavic2017 apuntó que sus familiares fueron asesinados por ejercer sus derechos ciudadanos a la protesta pacífica, “a disentir y exigir democracia en Venezuela”
La Alianza de Familiares de las Víctimas de 2017 (Alfavic2017) manifestó este jueves su agradecimiento a la Misión Internacional Independiente de la Organización de Naciones Unidas por todo el apoyo prestado, tras la elaboración del informe que responsabiliza a funcionarios del Estado como coautores de crímenes de lesa humanidad contra varios venezolanos, entre ellos algunos cometidos durante las protestas de 2017.
“Alfavic2017 tuvo la oportunidad de ser consultada y de enviar toda la información concerniente a cada uno de nuestros familiares, nos alegra y reconforta que hayan sido tomados en cuenta y exhortamos a que no quede ninguno por fuera”, expresó la organización en un comunicado.
En el documento solicitan a la Organización de Naciones Unidas (ONU) investigar cada uno de los crímenes cometidos por el gobierno y castigar a los responsables. “Cada una de las muertes por ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, crímenes contra la humanidad por la acción del Estado Venezolano deben ser investigadas y sus responsables juzgados, sancionados. Cada víctima y familiares debe obtener verdad, justicia y reparación”.
La Alianza destaca que en el informe existen indicios suficientes para determinar que “en Venezuela hay un patrón de ataques sistemático y deliberado contra las personas que disienten del Gobierno” y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos “constituirían crímenes contra la humanidad”.
En este sentido, Alfavic2017 apuntó que sus familiares fueron asesinados por ejercer sus derechos ciudadanos a la protesta pacífica, “a disentir y exigir democracia en Venezuela”.
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En la misiva expresan que la conclusión del informe de ONU “es contundente y clara. La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe, y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas”.
Asimismo, manifiestan todo su apoyo y solidaridad con cada uno de los venezolanos que forman parte de esta historia de indicios de crímenes de lesa humanidad. “Somos demasiados, exigimos y merecemos que no queden impune los crímenes de lesa humanidad contra nuestros familiares”
Igualmente, señalan la poca confianza de los venezolanos en las instituciones del Estado para actuar bajo los principios de imparcialidad y transparencia, “porque no son independientes de quienes son señalados como autores de la política estatal de violaciones graves a derechos humanos”.
Finalmente, Alfavic2017 llama a la comunidad internacional, Estados presentes en la Organización de Naciones Unidas y la sociedad civil venezolana, a que levanten su voz para qué terminen “estos actos y comience un proceso de Justicia” de verdad en Venezuela.
“Que no haya más víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ni de violaciones de los Derechos Humanos (…) Justicia para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ni una víctima más”.
#17Sep COMUNICADO de Alfavic 2017 ante el reciente informe presentado por @ONU_es 👇 pic.twitter.com/nGZVTlj9Ls
— Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic) (@Alfavic2017) September 17, 2020
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Caso Albán
La defensa del fallecido concejal del Municipio Libertador, Fernando Albán, publicó una misiva en la que exigió al Estado garantizar una investigación imparcial para esclarecer los hechos que envolvieron su muerte, con base en la investigación de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que señala las irregularidades y violaciones cometidas en su caso.
El informe indica que hay motivos para creer que la detención de Albán fue arbitraria, que la calificación de «suicidio» que dio el Gobierno tras su muerte es errada, que hay responsabilidad del Estado ya que estaba bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y que funcionarios de este cuerpo habrían estado involucrados en su muerte, además de que no se realizaron las investigaciones correspondientes tras su deceso.
Por otra parte, los familiares y la defensa Albán destacaron que el informe también hace énfasis sobre el «claro patrón de acoso e intimidación» contra representantes de los detenidos y sus allegados, y puntualizan que Ramón Alfredo Aguilar, abogado que ha llevado el caso, ha sido víctima de esta práctica.
Con este respaldo, solicitan a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la comunidad internacional, «que hagan justicia a las víctimas de los crímenes investigados por la Misión». De igual forma, instan al Estado a cumplir con las recomendaciones expuestas en el informe, que implican «conducir una investigación efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre las violaciones de derechos humanos en contra del concejal Albán, sus familiares y abogados».
