Falta temporal y falta absoluta, por Rafael Uzcátegui
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Luego de los dramáticos acontecimientos del 3 de enero y del inicio de un acuerdo de trabajo conjunto entre los gobiernos de Delcy Rodríguez y Donald Trump, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha divulgado sus etapas: estabilización, recuperación y transición.
Que estas fases sean secuenciales o paralelas dependerá, también, de la presión de la sociedad venezolana. La gran pregunta es si las elecciones estarán al inicio o al final de esta ruta.
Durante los próximos días, la conversación pública debería debatir sobre el fundamento de la presidencia de Delcy Rodríguez. Luego de la detención de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció la aplicación del artículo 234 de la Constitución para otorgarle las funciones de primer mandatario.
De esta manera, se declara la «falta absoluta» del presidente y se dispone que la Vicepresidencia asuma las funciones por 90 días, los cuales podrían ser prorrogables por 90 días adicionales.
Si se trató de una entrega negociada o no, se sabrá en algún momento. Por ahora, la detención de «Súper Bigotes» será utilizada para mantener la ilusión de que una campaña, similar a «Free Alex Saab», podría traerlo pronto de regreso.
Se invertirán grandes sumas de dinero en su defensa y se apelará a todas las técnicas jurídicas disponibles para alargar el proceso. Esto permitirá sostener los argumentos para mantener la figura de la «falta temporal» y la prórroga, inconstitucional, cada 90 días, como ya sucedió con el decreto de estado de emergencia económica.
Lo que debería ocurrir es la aplicación del artículo 233, el cual señala que, al producirse la «falta absoluta» del presidente antes de cumplirse los primeros cuatro años de mandato, la Vicepresidencia debe asumir funciones y convocar elecciones en un plazo de 90 días.
La exigencia del cumplimiento cabal de la Constitución, en el marco del acuerdo de trabajo y colaboración entre el gobierno revolucionario y Estados Unidos (EEUU), puede convertirse en un hito movilizador y aglutinador en este momento de reflujo de la sociedad civil.
Si queremos que se prioricen la democracia y los derechos humanos, debemos hacer peso en esa dirección. Habrá quien piense que exigir el cumplimiento de esta norma sería darle la espalda a los resultados del 28J. El bombardeo sobre Venezuela por parte de otro país no es un hecho menor.
Cualquiera hubiese sido el escenario resultante de la acción militar habría obligado a las autoridades a relegitimarse mediante el voto popular, si no querían cargar con el estigma de «cachorros» del imperialismo.
Reivindicando esa épica popular, corresponde solicitar elecciones en el plazo más breve posible, garantizando la participación plena de María Corina Machado, Edmundo González y Enrique Márquez, así como de sus organizaciones políticas.
En abril, la Asamblea Nacional deberá renovar la «falta temporal» o declarar la «falta absoluta». Desde ya, debemos crear masa crítica. El dilema entre falta temporal y falta absoluta no es un tecnicismo jurídico: es el corazón del conflicto político que se abre tras el 3 de enero.
Convertir la excepcionalidad en norma —como ya ocurrió con los estados de emergencia prorrogados indefinidamente— solo prolongaría la agonía institucional y profundizaría la desconfianza ciudadana.
En un país exhausto, donde la política ha sido sistemáticamente sustituida por el miedo y la fuerza, el cumplimiento estricto de la Constitución puede ser, paradójicamente, el gesto más subversivo.
Exigir elecciones en los plazos previstos no significa borrar el 28J ni legitimar una intervención extranjera; significa afirmar que la soberanía popular no se delega, no se congela y no se negocia.
*Lea también: ¿Por qué Trump aparta a MCM de la transición política?, por Víctor Álvarez R.
Significa recordar que ningún acuerdo geopolítico, por eficaz que parezca, puede reemplazar el mandato del voto. Entre la provisionalidad infinita y la restitución de la voluntad ciudadana, Venezuela vuelve a enfrentarse a una decisión histórica.
No se trata solo de interpretar la Constitución, sino de defenderla como herramienta de reconstrucción democrática. Reabrir el camino electoral es hoy la forma más clara de recuperar la iniciativa política y devolverle sentido a la palabra transición.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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