Exterminio, por Teodoro Petkoff
A finales del año pasado se produjo una noticia cuya gravedad difícilmente podría ser magnificada y que, explicablemente, pasó inadvertida. El ex magistrado Jorge Rossell, al señalar las razones que lo llevaron a no postularse para un nuevo periodo en el tribunal que dirige Iván Rincón, entre otras apuntó que él, juez penal, no podía estar de acuerdo con la política de «exterminio» (fue el término que utilizó) que adelanta el Gobierno nacional en la lucha contra el hampa. Decir «exterminio», como política de Estado, así se trate de delincuentes, no significa otra cosa que ejecución de crímenes contra la humanidad, vale decir, de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. En otras palabras: de asesinatos cometidos bajo el amparo de la chapa policial. Rossell debe saber de lo que habla. Atemos cabos: al general Belisario Landis, viceministro de Seguridad Ciudadana, se le escapa el aterrador concepto de «predelincuentes»; cada fin de semana se nos anuncia un parte con más de cien homicidios en todo el país; al cierre de 2000 se contabilizaron 9.000 homicidios en el territorio nacional. El propio Belisario dijo que la mitad de esos asesinatos eran producto de ajustes de cuentas entre bandas y que muchos otros serían resultado de encuentros con la policía. Sin embargo, ¿quiénes son esos muertos? ¿quién investiga la forma en que murieron? Cada semana más de un centenar de compatriotas mueren a balazos y sólo en casos contados se conocen las circunstancias de esos fallecimientos. ¿Es verdad que se trata de ajustes de cuentas entre delincuentes? ¿Es cierto que se trata de balaceras con la policía? O, como sugeriría el juez Rossell, ¿se trata de una política sistemática de eliminación de «predelincuentes», es decir, de «exterminio», mediante ejecuciones sumarias?
Dijimos que fue explicable que la aseveración de Rossell pasara por debajo de la mesa. Explicable porque probablemente buena parte de la opinión pública aplaudiría una política de Estado criminal, tal es la mortificación que causa a la población la acción brutal de la delincuencia. Pero eso no significa que la opinión pública tenga razón. Una política de «exterminio» no sólo viola derechos humanos, sino que es inefectiva. Las pruebas de ello son elocuentes: el nivel de la delincuencia no baja sino que sube y se hace cada día más atroz. Peor aún: el «exterminio» como política hace aún más peligrosa la acción del hampa. No se fijen en lo que digo sino en lo que hago: en recordada ocasión Chávez preguntó a un grupo de asombrados interlocutores si ellos no robarían por hambre, pero sus policías, según el ex magistrado Rossell, andarían por ahí «exterminando» no sólo delincuentes sino a todo aquel que caiga dentro de los parámetros de lo que el general Belisario Landis definió como «predelincuencia».
En todo caso, Isaías Rodríguez tiene allí un buen asunto del cual ocuparse, así como el flamante defensor del pueblo. Por pura notitia criminis; para comenzar sus averiguaciones podrían preguntar a Jorge Rossell qué fue lo que quiso decir con eso del «exterminio».
