«Prefieren abrir una fosa que abrir los candados de las cárceles de los presos políticos»
La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos denunció las condiciones actuales de reclusión en cárceles como El Rodeo I, Yare o el fuerte Guaicaipuro que incluyen poca y deficiente alimentación, falta de atención médica especializada, torturas y tratos crueles. Reclamaron la atención del ministro Julio García Zerpa
Familiares y activistas de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos se movilizaron este martes 1 de septiembre para exigir responsabilidades al ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, por las condiciones «inhumanas» de reclusión que enfrentan los detenidos por razones políticas, además de claridad en las excarcelaciones anunciadas por el Ejecutivo nacional el pasado 14 de agosto.
«No aceptamos que nuestros familiares estén muriendo lentamente. Ellos prefieren abrir una fosa que abrir los candados de todas las cárceles con nuestros presos políticos», expresó Mayra Morales, cuyo familiar cumple condena por la operación Gedeón en el fuerte Guaicaipuro.
También criticó que Estados Unidos permanezca en negociaciones con funcionarios del gobierno venezolano como Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello, de quienes afirmaron han tomado medidas de retaliación por denunciar la situación de los presos políticos.
«No vamos a permitir que este gobierno se siga burlando de los familiares. Ni siquiera han podido sacar una lista de los 130 liberados el 14 de agosto porque la mitad no son presos políticos, con esto no quiero decir que no tienen derecho a salir en libertad presos comunes pero estamos hablando en este momento de presos políticos», dijo por su parte Jessica Castro, otra de las voceras de la actividad.
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Con barriles de petróleo de cartón, grandes y pequeños, unos grilletes y fotos de sus presos políticos, la Alianza reclamó que las negociaciones prioricen el tema económico y la firma de grandes acuerdos –como el anunciado entre Pdvsa y Nabep– y no se incluya formalmente a los detenidos por razones políticas o se haga seguimiento a las excarcelaciones prometidas.
«Los casos más fuertes, los más emblemáticos o con más tiempo son los que siguen tras las rejas y están muriendo, y el ministro de Servicio Penitenciario es el responsable de absolutamente todo lo que está pasando con nuestros familiares», afirmó Castro, quien indicó que solo aceptarían ser recibidos por el ministro Julio García Zerpa para entregarle un documento.
En el escrito, explicó, se denuncian las condiciones actuales de reclusión en cárceles como El Rodeo I, Yare o el fuerte Guaicaipuro que incluyen poca y deficiente alimentación, falta de atención médica especializada, torturas y tratos crueles. «Ellos no tienen que estar en una huelga de hambre para llamar la atención de ese señor. Su trabajo es ir a cada centro de reclusión y tenerlos en buen estado… No son capaces ni siquiera de hacerles un examen correspondiente».
Castro señaló además que se sigue denunciando la muerte de presos políticos como Jovanny González, personas con graves patologías que no han sido atendidas o en desaparición forzosa, cuyo número calculan en 20 aunque en el documento detallan seis casos cuyos familiares han hecho denuncias públicas. «Los crímenes de lesa humanidad no cesan y tenemos que seguir denunciando».
Los familiares coincidieron en el deterioro físico de los presos y la poca atención médica especializada que reciben. Lexys Sandoval es madre de Miguel Irigoyen, uno de los detenidos por el caso Pdvsa Cripto. «Estamos en juicio aún y necesitamos una medida. La señora Delcy Rodríguez sabe perfectamente que hay personas inocentes en ese caso, ese caso es de ella. Le pido la libertad inmediata y plena o una medida para ellos».
Sandoval recordó que uno de los detenidos, Roland González, fue sometido a una operación la semana pasada tras sufrir un infarto, por lo que las audiencias de juicio –que está en fase de evacuación de pruebas– están paralizadas. Asimismo, solicitó que la causa sea separada y se juzgue a personas como los chóferes o ayudantes del caso donde involucran a ex altos funcionarios como Tarek El Aissami.
Otros presos políticos, como el caso de las juezas Maurelys Vilchez y Maryorie Plazas, también esperan por traslados a centros de salud para ser evaluadas por especialistas y que sus audiencias no sean diferidas. Este lunes 31 de agosto, explicó Germán León, esposo de la jueza Plazas, se tenía previsto la apertura de juicio pero fue diferida.
León denunció que su esposa, detenida a finales de 2024 por la operación «No a la Navidad», presenta quistes y algunos abscesos en sus senos, lo que le genera dolor, además de problemas e intensos dolores en la columna por las condiciones es las que estuvo durante varios meses en la sede de la Dgcim.
La jueza Vilchez, comentó, hace dos semanas presentó una crisis hipertensiva. Fue llevada al hospital Victorino Santaella y se le puso un tratamiento en la emergencia, pero no respondió a los medicamentos como se esperaba por lo que necesita ser evaluada por un cardiólogo y un nefrólogo, éste último para que revise que el tratamiento no afecte la función de su único riñón, que ya tiene litiasis.
«Ahorita psicológicamente a veces repiten las cosas por la misma situación del encierro arbitrariamente, ellas por hacer su trabajo con ética y moral las detuvieron porque a un familiar con peso político no le gustó la decisión y las involucraron a ese caso No a la Navidad que es una total locura. Pedimos que revisen el caso de estas dos grandes jueces que no merecen estar detenidas por capricho de alguien», expresó León.
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