Expediente Pdvsa-Cripto: Esto se sabe del juicio por desfalco contra exjerarcas chavistas
Tras tres años de opacidad, el juicio por el mayor desfalco petrolero (caso Pdvsa-cripto) en la historia reciente de Venezuela ha salido del «congelador». Lo que el Ministerio Público presenta como una cruzada contra la corrupción, los acusados y defensores denuncian como una purga política ejecutada mediante «sicariato judicial» y torturas sistemáticas
El sistema de justicia sacó del congelador el caso Pdvsa-Cripto. Tres años después de que se destapó la trama, inició el proceso judicial para, en teoría, esclarecer un desfalco multimillonario en el que el petróleo y las criptomonedas fueron los protagonistas. Según la acusación del Ministerio Público (MP), el daño supera los 5.550 millones de dólares, aunque organizaciones como Transparencia Venezuela calculan que el perjuicio patrimonial real excede los 16.900 millones de dólares.
El juicio comenzó formalmente el pasado 20 de abril de 2026 en el Palacio de Justicia de Caracas. El proceso, radicado en el Tribunal 3° de Juicio con competencia en Terrorismo, involucra a 64 personas. Entre los imputados figuran exjerarcas que alguna vez se consideraron «intocables»: el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami; el exministro de Economía, Simón Zerpa; el exvicepresidente de Comercio de Pdvsa, Antonio Pérez Suárez; y el exdiputado Hugbel Roa.
De manera sorpresiva, el grupo fue presentado ante la jueza Alejandra Romero Castillo bajo una pesada lista de cargos: traición a la patria, apropiación de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir, entre otros, incluyendo desde operadores financieros hasta figuras que controlaban los hilos de la industria petrolera.
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La opacidad como norma. Ni el Ministerio Público ni el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han ofrecido información oficial. Como denuncia Transparencia Venezuela, este hermetismo viola el principio de publicidad del artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), dado que el caso no cumple con ninguna de las excepciones legales para celebrarse a puerta cerrada.
Pese al cerco informativo, TalCual ha podido conocer por fuentes cercanas al procesos e informaciones extraoficiales detalles de lo que ha ocurrido en el piso seis del complejo judicial ubicado en el centro de Caracas.
¿Qué ha pasado desde que inició el proceso?
La primera audiencia se extendió hasta la madrugada del 21 de abril. Fue suspendida alrededor de la 1:10 a.m. y diferida para el 22 de abril. En ese primer encuentro unos 50 abogados fueron juramentados para representar a los imputados. El exdirector de Asuntos Procesales del Ministerio Público (MP), Zair Mundaray, dijo a El Pitazo que la defensa de los acusados solicitó la anulación del juicio, por unanimidad, tras argumentar violaciones de derechos humanos en el proceso.
Según denuncias del exfuncionario Zair Mundaray y testimonios obtenidos por fuentes cercanas, estas son las paradas clave de un proceso que hoy se mueve entre la opacidad y la confrontación:
- La audiencia prevista para el pasado lunes 11 de mayo fue diferida tras la recusación del fiscal Eddie Rodríguez. Tareck El Aissami, durante su comparecencia el pasado 8 de mayo, acusó directamente a Rodríguez y a otros funcionarios de torturas, humillaciones, incomunicación, negación del derecho a la defensa, desaparición forzada, aislamiento prolongado, negación de atención médica y uso de drogas durante interrogatorios tras su detención. La defensa de Antonio José Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministros de Pdvsa, recusó al fiscal Eddy Rodríguez, confirmó el abogado Mundaray, exdirector de asuntos procesales del MP. Una recusación legal cuestiona la imparcialidad del funcionario, frena temporalmente el avance del juicio y pone bajo la lupa a uno de los ejecutores clave de la acusación del Ministerio Público.
- El pasado 4 de mayo declaró el empresario Walter Ranieri. Denunció que su inclusión en el caso fue una maniobra del jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Mérida para confiscarle sus propiedades. Ranieri aseguró haber tenido contacto en custodia con el desaparecido Hugo Marino, aportando datos que podrían reactivar esa investigación estancada. Ranieri fue aprehendido el 11 de abril del 2024, al ser detenido en una alcabala en Barinas para una «entrevista sencilla». Se afirma que estudió con Tarek El Aissami, aunque este lo niega. Denunció condiciones inhumanas.
- 29 de abril: Rafael Perdomo, uno de los propietarios de la Constructora HP, compareció ante el tribunal que lleva la causa de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto y afirmó que tras su detención perdió numerosos bienes, entre ellos, el Colegio Jefferson, instituto bilingüe ubicado en Valle Arriba, municipio Baruta. Denunció abusos, violaciones de derechos humanos y coacciones por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) para fabricar pruebas de sobornos inexistentes.
- El 22 de abril la defensa de Hugbel Roa sostuvo que su detención fue una «factura» anticipada de Saab, a quien Roa investigaba por extorsión antes de ser arrestado. Se reveló además que El Aissami es trasladado al baño con capucha, a pesar de sus problemas de movilidad.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, desde que comenzó el juicio la coincidencia en los testimonios expuestos en las cinco audiencias que hasta ahora se han llevado a cabo son torturas y tratos inhumanos por parte del Estado. Señalaron a TalCual que el proceso, cargado de secretismo, opacidad y quebrantos al debido proceso, busca blanquear a funcionarios que aún ostentan cargos públicos.
Según Zair Mundaray, el Ministerio Público mantiene el expediente físico del caso Pdvsa-Cripto bajo llave. Sin una versión digital, más de 50 abogados deben turnarse para leer un solo cuerpo de documentos, una irregularidad que Mundaray atribuye a la gestión de Tarek William Saab y la exmagistrada Elsa Gómez.
El juicio, lejos de ser una vía rápida hacia la justicia, se ha convertido en un laberinto de denuncias de lesa humanidad. Las menciones directas contra el entorno del exfiscal sugieren que el enjuiciamiento por la trama es solo la superficie de una fractura mucho más profunda en la estructura del poder.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
