Escazú: cuando la sociedad civil reemplaza al Estado, por Nicolás Francisco Avellaneda
La Cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4 Escazú), realizada en Nassau, Bahamas, entre el 21 y el 24 de abril, dejó una sensación ambigua para quienes seguimos de cerca los procesos en materia de derechos ambientales en América Latina y el Caribe.
Hubo algunos pasos positivos, como la elección de una nueva mesa directiva y la creación de grupos de trabajo sobre registros de emisiones y contaminantes y acceso a la justicia ambiental.
En este último caso, además, el público tendrá posibilidad de contribuir a través de representantes electos, algo importante para sostener la participación en el marco del Acuerdo.
Detrás de estos logros institucionales, volvió a quedar en evidencia una realidad incómoda: los Estados siguen mostrando enormes dificultades para transformar los compromisos asumidos en políticas públicas concretas.
Durante el evento, varios países presentaron informes de progresos sobre sus Planes Nacionales de Implementación. La mayoría mostraron avances centrados en talleres, consultas, eventos o capacitaciones.
Pero fueron muy pocos los ejemplos de políticas efectivas que permitan garantizar acceso a la justicia ambiental, protección para personas defensoras o mecanismos reales de participación pública.
Y quizás lo más preocupante, fue justamente aquello que no apareció con claridad en las presentaciones oficiales: datos concretos sobre violencia, criminalización y persecución hacia personas defensoras en asuntos ambientales.
En una región donde defender el agua, los bosques o los territorios continúa siendo una actividad de riesgo, la ausencia de información pública también es una forma de invisibilización.
La sociedad civil activa mecanismos regionales
Los informes presentados por los Estados durante la COP4 fueron, en muchos casos, descripciones generales de acciones institucionales que no permiten medir el crecimiento real en materia de protección y seguridad de personas defensoras, ni acceso efectivo a la justicia ambiental.
Ante esa falta de información sólida y comparable, organizaciones, redes y movimientos sociales comenzaron a generar sus propios mecanismos de documentación y monitoreo.
Los propios Representantes del Público presentaron avances de un informe regional construido con aportes de diversas organizaciones e instituciones de América Latina y el Caribe.
Al mismo tiempo, iniciativas como Escazú Ahora Chile y la Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio impulsaron informes y sistemas de monitoreo que buscan dimensionar la situación que atraviesan quienes defienden los territorios.
Escazú Ahora Chile presentó un informe con 70 casos relevados en el país.
Por su parte, la Plataforma lanzó el Monitor de Personas Defensoras de la Tierra y el Territorio LAC, que reúne cerca de 600 casos de amenazas, criminalización y persecución a personas defensoras en asuntos ambientales de Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Guatemala y Honduras.
Lo que no se nombra, no existe
La sociedad civil de la región entendió hace tiempo que no alcanza solamente con denunciar. También necesitamos producir información robusta, comparable y sistemática que permita evidenciar patrones, tendencias y responsabilidades.
Generar datos es hoy una herramienta de incidencia política. Porque aquello que no se mide, no se registra. Y aquello que no se registra muchas veces, tampoco existe para los Estados.
Los datos relevados por el Monitor muestran algunos elementos especialmente preocupantes. Solo el 26% de los casos registrados cuenta con algún tipo de medida de protección estatal.
El dato resulta clave para analizar el verdadero nivel de implementación del Acuerdo de Escazú en la región y deja una pregunta inevitable: ¿qué están haciendo realmente los Estados Parte para garantizar la protección de las personas defensoras ambientales?
Otro dato significativo, es que el 51% de los casos involucra a comunidades indígenas.
Esto resulta especialmente relevante luego de una COP donde, impulsado principalmente por gobiernos como Argentina y Chile, se eliminaron de las decisiones finales referencias específicas a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
También aparecen con fuerza las dimensiones de género.
Aunque a nivel regional el 70% de los casos registrados afecta a varones, al observar países donde en los últimos años crecieron gobiernos y discursos de derecha –como Argentina, Ecuador y Chile– los casos que afectan a mujeres defensoras superan el 50%.
Esto muestra que la criminalización ambiental no ocurre de manera aislada, sino que se combina con violencias específicas vinculadas al género, especialmente cuando las mujeres ocupan roles visibles de liderazgo territorial y comunitario.
Todo esto ocurre, además, en un contexto regional cada vez más complejo.
América Latina atraviesa una profundización de conflictos vinculados al extractivismo, la expansión minera, los agronegocios y grandes proyectos de infraestructura, mientras muchos gobiernos reducen capacidades estatales ambientales y presentan las demandas territoriales como obstáculos para el desarrollo económico.
En ese escenario, defender derechos ambientales sigue teniendo costos muy altos.
La COP4 dejó claro que los avances institucionales existen, pero son muy lentos y dependen demasiado de las coyunturas políticas de cada país.
Mientras tanto, la sociedad civil viene demostrando una capacidad de articulación cada vez más sólida, sosteniendo redes regionales, produciendo información propia y generando mecanismos concretos de incidencia dentro del sistema de Escazú.
Porque hoy, en gran parte de América Latina, son las propias organizaciones, comunidades y personas defensoras quienes están sosteniendo el ideal del Acuerdo de Escazú y empujando para que deje de ser solamente un cuerpo normativo y se transforme en política socioambiental.
Nicolás Francisco Avellaneda es Facilitador de la Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio – ILC LAC y Director de Programas del Fondo Socioambiental Plurales.
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