¿Es la dolarización de la economía venezolana un espejismo?, por Leopoldo Martínez Nucete
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El debate sobre la dolarización oficial de la economía venezolana ha vuelto al centro de la discusión económica y política. No es casual. Tras años de hiperinflación, colapso institucional y pérdida casi total de confianza en el bolívar, un número creciente de economistas plantea la adopción formal del dólar como una herramienta para estabilizar la economía, anclar expectativas y corregir distorsiones acumuladas durante décadas de mala política económica.
La lógica es clara. Al eliminar la moneda local, se elimina también la capacidad del Estado de financiarse vía emisión inflacionaria. En teoría, la dolarización impone disciplina fiscal, reduce el riesgo cambiario, baja las tasas de interés y facilita la reinserción financiera internacional.
Casos como Ecuador o El Salvador muestran su eficacia para abatir la inflación. Panamá, por su parte, ilustra que es posible operar sin moneda propia: mantiene el balboa como unidad de cuenta, pero el dólar domina en la práctica, en una economía de servicios altamente integrada al sistema financiero global.
Conviene reconocer, además, que la economía venezolana ya opera en buena medida bajo un esquema de dolarización de facto. El dólar se ha consolidado como unidad de referencia para precios, ahorro y una parte relevante de las transacciones. En ese proceso, las remesas de la diáspora han jugado un papel determinante: especialmente durante los años de mayor contracción del ingreso petrolero bajo el régimen de sanciones, aportaron liquidez en divisas, sostuvieron el consumo de los hogares y contribuyeron, en el margen, a cierta estabilización. Este punto es clave, porque sugiere que el debate no es entre una economía plenamente bolivarizada y otra dolarizada, sino entre una dolarización informal –con sus beneficios y distorsiones– y su eventual formalización, con implicaciones mucho más profundas.
Sin embargo, este proceso convive con una distorsión crítica: existe una amplia brecha entre los ingresos de la mayoría de la población –cada vez más referenciados en dólares, pero aún muy bajos en términos reales– y el costo de bienes y servicios que ya se transan en dólares o a precios internacionalizados. Esta asimetría no solo limita el poder adquisitivo, sino que también profundiza la desigualdad y restringe la recuperación del mercado interno. En ese sentido, la dolarización de facto ha contribuido a cierta estabilidad de precios, pero sin una mejora equivalente en los ingresos, generando una economía donde la referencia monetaria es dura, pero la capacidad de compra sigue siendo frágil.
Pero el balance es más complejo. Si bien la dolarización ha demostrado ser efectiva como ancla nominal, sus resultados en términos de crecimiento, diversificación productiva y resiliencia económica son más ambiguos. En Ecuador, por ejemplo, la inflación fue contenida, pero la economía mantuvo su alta dependencia del petróleo y una débil diversificación exportadora. La estabilidad monetaria no resolvió los desequilibrios estructurales. Ese matiz es crucial para Venezuela.
Mi escepticismo frente a la dolarización no parte de una negación de sus beneficios inmediatos, sino de una preocupación más profunda: su impacto sobre la estructura productiva y la soberanía económica del país. En una economía petrolera como la venezolana, la dolarización puede rigidizar –e incluso consolidar– los efectos de lo que en economía se conoce como la Enfermedad holandesa: un fenómeno que, en nuestro caso, surge cuando la entrada de divisas provenientes de la exportación petrolera aprecia el tipo de cambio real, encarece la producción local y debilita los sectores no petroleros. Bajo dolarización, ese ajuste deja de ser flexible: no hay devaluación posible, y el costo se traslada a salarios, empleo y actividad interna.
El resultado potencial es una economía aún más dependiente del petróleo, con menor capacidad de diversificación y con mayores dificultades para desarrollar sectores transables competitivos. A esto se suma un elemento central: la pérdida de soberanía monetaria. Dolarizar implica renunciar a instrumentos clave de política económica –la gestión de la liquidez, la capacidad de respuesta ante shocks externos y el rol de prestamista de última instancia– en un contexto donde las instituciones siguen siendo frágiles. No es un costo menor: es una limitación estructural.
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Una cosa es renunciar a una moneda nacional para construir una moneda común en el marco de una integración económica profunda –como en la Unión Europea–, y otra muy distinta es hacerlo de forma unilateral, externalizando la soberanía monetaria y colocando al país en una posición de dependencia frente a las decisiones de otro Estado.
Los efectos distributivos tampoco son neutrales. Sectores vinculados a importaciones, comercio y servicios tienden a beneficiarse de la estabilización y la convergencia de precios internacionales. Pero en una economía de baja productividad, la dolarización también puede fijar salarios reales deprimidos y agravar la precariedad. Venezuela ya vive parcialmente esta realidad: precios crecientemente dolarizados conviviendo con ingresos rezagados.
El problema de fondo es que el debate sobre la dolarización corre el riesgo de confundir un instrumento con una solución. La inflación venezolana no es un fenómeno aislado ni puramente monetario, sino el resultado acumulado de desequilibrios fiscales, distorsiones económicas e instituciones debilitadas. Durante años, el financiamiento monetario del gasto público, la destrucción del aparato productivo, la pérdida de autonomía del Banco Central y la ausencia de reglas creíbles erosionaron por completo la confianza en la moneda. En ese contexto, la inflación es menos una causa que una consecuencia. Dolarizar puede suprimir el síntoma, pero no necesariamente corrige los factores estructurales que lo originan.
Lo que Venezuela necesita es un nuevo modelo económico: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Un modelo que reconstruya la confianza, promueva la inversión, restablezca reglas claras y fomente la productividad. En ese marco, el rol de una autoridad monetaria independiente es fundamental: preservar el valor de la moneda, anclar expectativas y garantizar estabilidad macroeconómica. La reconstrucción de esa institucionalidad es más compleja que la dolarización, pero también más sostenible.
La dolarización puede ser una respuesta rápida en un contexto de urgencia. Pero no sustituye reformas profundas. Puede estabilizar precios, pero no crea productividad ni diversifica la economía. Para Venezuela, el verdadero desafío no es escoger entre bolívar o dólar, sino construir una economía capaz de sostener cualquiera de los dos.
En ese proceso, la cuestión de la soberanía económica es central. Mantener instrumentos propios de política monetaria no garantiza estabilidad, pero renunciar a ellos sí reduce el margen de maniobra frente a shocks externos y ciclos adversos. En economías con alta volatilidad –como las dependientes de recursos naturales– esa flexibilidad puede ser determinante. El equilibrio entre estabilidad y autonomía no es trivial. Pero es allí donde se juega la sostenibilidad de cualquier estrategia de reconstrucción económica.
Leopoldo Martínez Nucete es abogado internacional y exdiputado venezolano. Es fundador del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA) y se desempeñó como Consejero Senior del Departamento de Comercio de EEUU durante la administración de Joe Biden.
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