Entre la desconfianza y la esperanza institucional, por Stalin González
La mayor crisis de Venezuela no es eléctrica, económica, ni siquiera política. Es una crisis de confianza.
La desconfianza atraviesa la relación de los ciudadanos con el Estado, con las instituciones e incluso con los mecanismos de participación pública. Se expresa en la sensación de que las reglas cambian según las circunstancias, de que las decisiones se toman lejos de la gente y de que los derechos dependen más de quien se es que de lo que establece la Ley.
Para muchos venezolanos, el Estado es sinónimo de un trámite interminable, un permiso que nunca llega o tarda meses en llegar, y la incertidumbre de una fiscalización cuyos criterios nadie conoce con claridad.
También aparece en el temor a la arbitrariedad, cuando quienes deberían garantizar el cumplimiento de la ley parecen actuar sin controles ni límites claros.
En lugar de ser una garantía para el ciudadano, el Estado suele percibirse como una estructura omnipresente que impone obligaciones pero ofrece pocas certezas.
Durante años hemos vivido en una realidad donde las instituciones han sido percibidas más como instrumentos al servicio del poder que como mecanismos para proteger derechos y promover el bienestar colectivo.
Cuando la información pública es insuficiente, incompleta o poco confiable, la desconfianza se profundiza. Cuando las decisiones se toman lejos de la ciudadanía y sin explicaciones claras, se fortalece la sensación de que participar no produce cambios reales. ¿Cómo confiar en las instituciones cuando muchos sienten que las reglas no son iguales para todos?
La seguridad jurídica no nace únicamente de las leyes. Nace de la confianza.
De la certeza de que las normas serán aplicadas de manera justa, que las instituciones actuarán con independencia y que los ciudadanos contarán con mecanismos efectivos para defender sus derechos.
Es, en esencia, una relación entre el Estado y la sociedad. Y esa relación necesita ser reconstruida.
Con frecuencia se insiste en la importancia de la participación ciudadana. Y, sin duda, es indispensable.
Pero la participación pierde sentido cuando se convierte en una formalidad, cuando las consultas se realizan después de que las decisiones han sido tomadas o cuando las opiniones recogidas no tienen ninguna incidencia en los resultados.
En esos casos, lejos de fortalecer la democracia, se alimenta el desencanto y la apatía ciudadana. La participación solo genera confianza cuando existe una posibilidad real de influir en las decisiones públicas.
A ello se le suma una percepción cada vez más extendida, la de creer que siempre participan los mismos actores y que las voces críticas enfrentan mayores obstáculos para ser escuchadas.
Esa percepción debilita la legitimidad de los procesos y dificulta la construcción de consensos. Escuchar a la ciudadanía implica mucho más que recibir opiniones. Implica incorporar observaciones, corregir errores y rendir cuentas sobre sus resultados.
La confianza también tiene una dimensión económica. Ningún país puede aspirar a atraer inversiones, generar empleo o impulsar un crecimiento sostenible cuando las reglas cambian constantemente o se aplican de manera discrecional.
La estabilidad, la previsibilidad y la igualdad ante la ley son condiciones indispensables para el desarrollo.
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Las empresas necesitan saber a qué atenerse. Los emprendedores requieren un entorno donde el esfuerzo y la innovación sean recompensados.
Los trabajadores necesitan la certeza de que las políticas públicas contribuirán efectivamente a proteger sus derechos y mejorar sus condiciones de vida.
El problema de fondo no es la ausencia de normas. Venezuela cuenta con leyes, reglamentos y procedimientos en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública. El desafío central es la credibilidad de las instituciones encargadas de aplicarlos.
La simplificación de trámites y la digitalización de procesos pueden representar avances importantes, pero ninguna reforma administrativa sustituye la necesidad de instituciones transparentes, confiables e independientes.
Venezuela necesita volver a creer en sus instituciones. Y ese proceso solo será posible cuando las reglas dejen de estar al servicio del poder y vuelvan a estar al servicio de los ciudadanos.
Porque ninguna democracia puede sostenerse sobre la desconfianza permanente, y ningún país puede avanzar cuando sus ciudadanos dejan de creer que la justicia, la ley y las instituciones también les pertenecen.
Stalin González es político, abogado y dirigente nacional del partido Un Nuevo Tiempo
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