En implosión y pie de guerra, por Gregorio Salazar
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Desde el 28 de julio de 2025, fecha en la que se perpetra el mayor robo electoral de nuestra historia, hasta el presente donde gravitan tensiones de magnitudes que apuntan a un escenario de desequilibrada confrontación bélica nada menos que con los Estados Unidos, Venezuela no ha hecho sino caer en barrena.
El robo de la elección presidencial ganada holgadamente por Edmundo González Urrutia, ese salto al vacío dado por una cúpula de irrefrenable vocación y convicción totalitaria, profundizó la inestabilidad y sigue deteriorando las ya muy menguadas condiciones de vida de los venezolanos.
Difícilmente se encontrará algún orden de la vida nacional donde el país muestre un atisbo de avance o mejoría. En lo institucional la misma colusión de los principales poderes del Estado sin excepción para ejecutar el fraude –Ejecutivo, Legislativo, Judicial, CNE, Fiscalía, cúpula del estamento militar—significó la implosión del Estado de Derecho que ya el chavismo a lo largo de los años había precarizado en grado extremo y sellado con una impronta de ilegitimidad transversal.
El reciente estallido como una pústula de importantes niveles decisorios de la Fiscalía General de la Nación, en cuyo seno han sido detenidos por extorsión más de una docena de los fiscales que durante estos años se prestaron a condenar a opositores sin razón justificada, es otra comprobación de la descomposición que todo el país percibe. Y el secretismo no puede ser mayor, tanto en los detalles de las irregularidades como en el seguimiento procesal, lo que desgraciadamente ya es una norma en la «justicia» venezolana.
Las jactanciosas de crecimiento económico en nada impactan positivamente la cotidianidad vital del ciudadano. El alza indetenible del dólar es la punta del iceberg del deterioro permanente. La clase trabajadora, sobre todo la que depende del sector público, en vez de recibir los proventos para satisfacer las más elementales necesidades, sufre el escamoteo su salario, con lo cual es convertida en sostén el funcionamiento del aparataje oficial ineficiente, en permanente saqueo y del que han hecho un coto para el abuso clientelar y el control social.
Pero si hay un área donde el régimen, pese al clamor nacional, no da una sola demostración de rectificación es en las violaciones a los derechos humanos, ya convertidas en carta de presentación. No hay gestos para mejorar las condiciones de 823 venezolanos (cifra del Foro Penal) injustamente detenidos por ejercer sus derechos políticos: sin debido proceso, ni defensa adecuada, ni comunicación con sus familiares, sin atención a su salud. Qué distinto del trato que recibieron los golpistas del 4-F y el 27-N del 1992, hoy (des)gobernando. Como otro agravante, las desapariciones forzadas se han convertido en una práctica represiva casi cotidiana.
Justamente se acaba de producir otro informe de una misión independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyas investigaciones abarcaron desde septiembre del 2024 a agosto del 2025. Desde el punto 3 la conclusión es clara y precisa: «La Misión considera que la represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibida como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas».
Es uno de los informes más prolijos y mejor documentados sobre el extravío y los desmanes del régimen venezolano en materia de DDHH. Otra mácula histórica que cae sobre la élite chavista, esa que tuvo todo para llevar a Venezuela a una época dorada –ingentes recursos, control institucional, indiscutible apoyo popular—y la redujeron a una nación paupérrima y profundamente dividida.
Hoy, ante la controversial amenaza militar extranjera, quienes detentan el poder se declaran en pie de guerra y denuncian que los gringos sólo quieren el petróleo, el gas y el oro de Venezuela. Tajadas querrán ellos y seguramente también quienes hoy el régimen tiene por aliados, paguen o no los recursos que se llevan.
También podrán decir la mayoría de los venezolanos que esas riquezas por lo pronto no existen para ellos, pues si no ¿cómo se explican la precariedad en la que viven y la prolongada quiebra nacional?
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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